El arbitraje con Euro Telecom Internacional (ETI) por la administración de Entel le costará a Bolivia al menos 800 dólares
la hora sólo por la contratación de un abogado que siga el proceso y asuma la defensa del Estado.De acuerdo con un informe de la Cancillería al que tuvo acceso La Prensa, ése es el monto que un jurisconsulto cobra en Washington (Estados Unidos) por atender ese tipo de disputas.
El reporte señala además que para “un caso pequeño”, que incluye honorarios de un árbitro y medio, varios abogados, expertos en el rubro, y los viajes, el costo del proceso puede llegar a valer hasta tres millones de dólares aproximadamente
.La semana pasada, el embajador plenipotenciario de Bolivia para Asuntos Comerciales, Pablo Solón, adelantó a este diario que ese proceso le iba a costar millones a Bolivia y, dijo, sin que el país haya concretado una medida que perjudique los intereses de esa empresa.
El 30 de abril, ETI notificó al Estado sobre el inicio de una controversia ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), que es un foro del Banco Mundial con sede en Estados Unidos.
La compañía inició el proceso ante la posible nacionalización de Entel por parte del Gobierno. Sin embargo, la estatización no se concretó. Lo que hizo el Ejecutivo fue conformar una comisión negociadora para adquirir la mayoría accionaria en la telefónica, anular las inversiones que esa empresa hizo en Bolivia, bajo el argumento de que el proceso de aprobación no siguió el trámite correspondiente ante la Superintendencia de Telecomunicaciones, y retar a uno de los negociadores de Telecom.
La empresa extranjera es dueña del 50 por ciento de Entel, mientras que el Estado boliviano, del 47 por ciento. ETI inició el juicio apegada a los términos del Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Bolivia y el Reino de Países Bajos, que entró en vigencia en 1994.
Según el procedimiento judicial, una vez que las compañías extranjeras se quejan ante el CIADI, existen seis meses para llegar a una conciliación. Si no hubiese acuerdo en ese tiempo, las partes nombran tres árbitros para dirimir la causa: uno lo designa el Estado; otro, la empresa privada, y el tercero, las partes. Si no existen criterios compartidos, lo postula el presidente del Banco Mundial (BM).
Solón explicó que las deliberaciones de estos jueces son a puerta cerrada, no se pueden revisar y son inapelables.
A principios de este mes, Bolivia decidió abandonar el CIADI debido a los altos costos que representa defenderse ante un tribunal de esta naturaleza. La iniciativa surgió durante la última cumbre del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), celebrada en Venezuela.
Solón explicó que otra de las razones para abandonar ese foro es que permite que las empresas extranjeras violen la Constitución Política del Estado (CPE) y no promociona el uso de los insumos nacionales ni la mano de obra boliviana.
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