Cuando se esperaba que el Gobierno celebre la nacionalización de los hidrocarburos con otras medidas adicionales para el sector, no sólo hizo eso, sino que sorprendió ayer con el Decreto Supremo 29544, que recupera en favor del Estado, el 100 por ciento de las acciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la mayor operadora del rubro de Bolivia.
El artículo 6 de la norma establece que en el plazo de 60 días, Entel deberá transformarse en una Sociedad Anónima Mixta y pasará a ser Entel SAM.
Para garantizar ese proceso de transición y la continuidad del servicio, la Superintendencia de Telecomunicaciones designó ayer a Joel Flores, un especialista internacional, como interventor de la empresa por 90 días.
Según los reportes televisivos, la determinación del Gobierno fue acompañada de la custodia policial y militar de las principales oficinas de Entel en La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.
En un breve contacto telefónico con el vocero de la telefónica, Eddy Luis Franco, aseguró que la compañía no se pronunciará por el momento. Sin embargo, el año pasado, cuando el Gobierno expresó su deseo de adquirir la empresa, ésta advirtió con recurrir a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (Ciadi), entidad que depende del Banco Mundial (BM).
La Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz además de lesgiladores de oposición custionaron la medida.
Entel es una empresa estratégica para Bolivia debido a que, según datos de la empresa, presta servicios en el 68 por ciento de la telefonía de larga distancia; el 67 por ciento de la telefonía móvil y más del 90 por ciento de los servicios de internet.
Desde 1996, la italiana Euro Telecom International (ETI) es dueña de Entel. Llegó a Bolivia con un compromiso de inversión de 710 millones de dólares para asumir el 50,9 por ciento ce las acciones de la empresa.
Los bolivianos mayores de edad que aportan mantenían una participación del 47,5 por ciento, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y Previsión y el saldo está en manos de accionistas privados.
Para acelerar la recuperación de Entel, en 2007, el Gobierno instruyó a las AFP el traspaso de las acciones al Ministerio de Servicios y Obras Públicas y conformó una equipo de alto nivel, entre los que estaban el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para negociar la compra del resto del paquete con ETI.
Sin embargo, la negociación no prosperó, pese a que el Gobierno envió emisarios incluso hasta Roma, cede de la multinacional de las telecomunicaciones, para conseguir el respaldo del Gobierno de Italia. Uno de los hechos que terminó por distanciar a las partes fue cuando el Gobierno objetó la participación en la negociación de un abogado de ETI que participó en el proceso de capitalización de Bolivia.
Las determinaciones
En el acto de celebración de la nacionalización, el presidente Evo Morales resaltó la iniciativa. “ A partir de hoy (ayer), Entel vuelve a manos del pueblo boliviano. Instruimos al ministro de Obras Públicas y Servicios Públicos asumir el control absoluto de Entel en todo el país”.
Argumentó que los servicios básicos, como la telefonía, deben ser universales y accesibles.
Para el Gobierno queda claro que Entel incumplió sus metas de expansión del servicio hacia el área rural, presuntamente, porque no era rentable.
En mayo de 2007, la Superintendencia de Telecomunicaciones aseguró que Entel incurrió en al menos 14 faltas que afectan el servicio de atención al cliente, entre ellas, mencionó su cobertura deficiente.
La empresa negó algunas de esas acusaciones y señaló que tenían inconsistencias técnicas.
El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, explicó el Estado conocerá la situación real en la que se encuentra la empresa durante los próximos 60 días.
Anticipó además en ese tiempo se determinará el valor real de las acciones, para poder establecer el monto de la indeminización que se entregará a la multinacional ETI.
En 2007, según el ex ministro Salvador Ric, la multinacional pidió 170 millones de dólares por la telefónica, pero una auditoría externa estableció que su valor era mucho menor.
En ese entonces, el ex superintendente de Telecomunicaciones Clifford Paravicini denunció que la compañía italiana tampoco cumplió su compromiso de inversión de 710 millones de dólares y que sólo inyectó alrededor de 466 millones.
Cuentas pendientes
Entel tiene supuestas deudas con el fisco. La gestión pasada, un fallo de la Superintendencia Tributaria obligó a la telefónica a pagar 434,4 millones de bolivianos al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por haber omitido el pago del Impuesto a las Remesas al Exterior el año 2005.
El dictamen señaló que Entel remesó a su accionista ETI, con sede en Italia, 1.601.123.500 bolivianos, sin cumplir con las obligaciones tributarias que establece la Ley 843.
La empresa aseguró en su momento que esas remesas correspondían a la reducción parcial del capital aportado originalmente por su mayor accionista, ETI y que "en Bolivia no existe un impuesto que grave la libre movilidad de capital". El caso todavía estaba en la justicia y Entel se defendía.
El viceministro de Telecomunicaciones, Roy Méndez, aseguró que el tratamiento de sus deudas se analizará en su momento.“Los pasivos financieros, tributarios labores, comerciales regulatorios, civiles y contingentes serán deducidos a tiempo de realizar la liquidación final para el pago a la empresa Eit- Euro Telecom toda vez que el Tesoro (General de la Nación) asumió los pasivos de la empresa antes de la capitalización”.
Mientras tanto, la Superintendencia de Telecomunicaciones garantizó la normal continuidad del servicio de Entel, y aseguró que durante el plazo de 90 días, el interventor estára a cargo de todo.
Para el periodo de transición, la reguladora desplazó personal a las distintas capitales para evitar la caída del sistema. En La Paz personal especializado se constituyó en la Torre Azul, edificio de la calle Ayacucho y la principal sede en la Federico Suazo para vigilar.
“Tenemos recursos limitados pero se ha tratado de distribuir de la mejor manera “. Así lo dijo el superintendente, Jorge Nava.
Un trabajador de la ahora empresa capitalizada, que reservó su identidad, dijo que en la sede de la Ayacucho en cada piso de los ambientes habían funcionarios de Sittel quienes evitaban que los trabajadores saquen cualquier tipo de información de sus cajones.
El ministro Coca, por su lado, hizo hincapié en la voluntad de la actual administración de Estado para iniciar a la brevedad un diálogo con los ejecutivos extranjeros sobre la situación de la telefónica Entel.
Roque señaló que la decisión de nacionalizar sus acciones no debe ser considerada como un entorpecimiento.
Los trabajadores piden estabilidad laboral y el interventor da garantías
El líder del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Jose Rodas, reclamó que tras el proceso de nacionalización se respeten las fuente laborales de más de 500 funcionarios que trabajan en la ciudad de La Paz. “Lo que nosotros queremos es que se garanticen nuestras fuentes laborales. No estamos en contra ni a favor de las decisión que ha asumido el Gobierno”.
El interventor estatal de la empresa Joel Flores aseguró que los puestos de trabajo están plenamente garantizados y que se piensa crear más fuentes de empleo en el área rural (ver entrevista).
Rodas dio a conocer que al interior de la telefónica existen dos bandos: el de los sindicalizados que ven con buenos ojos la intervención y aquellos que se movían enlos niveles ejecutivos y que no deseaban afiliarse. Pidió a sus compañeros no alarmarse y esperar las decisiones que se ejecutarán en los próximos días. Otro trabajador, que prefirió reservar su nombre, dijo que mantuvo contacto con colegas del interior del país quiénes le expresaron su beneplácito por el retorno de las acciones a manos del Estado tras la capitalización de 1996.
“Sólo espero que los cambios que se vayan a dar en las estructuras más altas sean para beneficio de todos”.
Similar situación se vivió en varias filiales de la telefónica, donde los trabajadores aplaudieron la decisión de recuperar las acciones bolivianas de manos extranjeras.
Los funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones en La Paz se encargaron, en las instalaciones de la Torre de la avenida Federico Suazo, de enarbolar la tricolor nacional como una señal de la nacionalización. Asimismo, se ocuparon de resguardar dichas instalaciones y no permitir que se mueva “ni un alfiler” hasta que se concrete el traspaso.
Algunos datos
Se nombró un inteventor, para que garantice la continuidad de los servicios.
Dos meses, es el plazo para definir el valor real de las acciones de la nacionalizada.
Se planea, entre las primeras medidas, expandir los servicios al área rural con internet.
Consideran que de no prosperar las negociaciones están habilitados para un arbitraje.
Se desplazaron policías en todo el territorio para evitar posibles hechos violentos
Representantes de Entel, prefirieron no pronunciarse sobre la nacionalización.
El artículo 6 de la norma establece que en el plazo de 60 días, Entel deberá transformarse en una Sociedad Anónima Mixta y pasará a ser Entel SAM.
Para garantizar ese proceso de transición y la continuidad del servicio, la Superintendencia de Telecomunicaciones designó ayer a Joel Flores, un especialista internacional, como interventor de la empresa por 90 días.
Según los reportes televisivos, la determinación del Gobierno fue acompañada de la custodia policial y militar de las principales oficinas de Entel en La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.
En un breve contacto telefónico con el vocero de la telefónica, Eddy Luis Franco, aseguró que la compañía no se pronunciará por el momento. Sin embargo, el año pasado, cuando el Gobierno expresó su deseo de adquirir la empresa, ésta advirtió con recurrir a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (Ciadi), entidad que depende del Banco Mundial (BM).
La Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz además de lesgiladores de oposición custionaron la medida.
Entel es una empresa estratégica para Bolivia debido a que, según datos de la empresa, presta servicios en el 68 por ciento de la telefonía de larga distancia; el 67 por ciento de la telefonía móvil y más del 90 por ciento de los servicios de internet.
Desde 1996, la italiana Euro Telecom International (ETI) es dueña de Entel. Llegó a Bolivia con un compromiso de inversión de 710 millones de dólares para asumir el 50,9 por ciento ce las acciones de la empresa.
Los bolivianos mayores de edad que aportan mantenían una participación del 47,5 por ciento, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y Previsión y el saldo está en manos de accionistas privados.
Para acelerar la recuperación de Entel, en 2007, el Gobierno instruyó a las AFP el traspaso de las acciones al Ministerio de Servicios y Obras Públicas y conformó una equipo de alto nivel, entre los que estaban el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para negociar la compra del resto del paquete con ETI.
Sin embargo, la negociación no prosperó, pese a que el Gobierno envió emisarios incluso hasta Roma, cede de la multinacional de las telecomunicaciones, para conseguir el respaldo del Gobierno de Italia. Uno de los hechos que terminó por distanciar a las partes fue cuando el Gobierno objetó la participación en la negociación de un abogado de ETI que participó en el proceso de capitalización de Bolivia.
Las determinaciones
En el acto de celebración de la nacionalización, el presidente Evo Morales resaltó la iniciativa. “ A partir de hoy (ayer), Entel vuelve a manos del pueblo boliviano. Instruimos al ministro de Obras Públicas y Servicios Públicos asumir el control absoluto de Entel en todo el país”.
Argumentó que los servicios básicos, como la telefonía, deben ser universales y accesibles.
Para el Gobierno queda claro que Entel incumplió sus metas de expansión del servicio hacia el área rural, presuntamente, porque no era rentable.
En mayo de 2007, la Superintendencia de Telecomunicaciones aseguró que Entel incurrió en al menos 14 faltas que afectan el servicio de atención al cliente, entre ellas, mencionó su cobertura deficiente.
La empresa negó algunas de esas acusaciones y señaló que tenían inconsistencias técnicas.
El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, explicó el Estado conocerá la situación real en la que se encuentra la empresa durante los próximos 60 días.
Anticipó además en ese tiempo se determinará el valor real de las acciones, para poder establecer el monto de la indeminización que se entregará a la multinacional ETI.
En 2007, según el ex ministro Salvador Ric, la multinacional pidió 170 millones de dólares por la telefónica, pero una auditoría externa estableció que su valor era mucho menor.
En ese entonces, el ex superintendente de Telecomunicaciones Clifford Paravicini denunció que la compañía italiana tampoco cumplió su compromiso de inversión de 710 millones de dólares y que sólo inyectó alrededor de 466 millones.
Cuentas pendientes
Entel tiene supuestas deudas con el fisco. La gestión pasada, un fallo de la Superintendencia Tributaria obligó a la telefónica a pagar 434,4 millones de bolivianos al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por haber omitido el pago del Impuesto a las Remesas al Exterior el año 2005.
El dictamen señaló que Entel remesó a su accionista ETI, con sede en Italia, 1.601.123.500 bolivianos, sin cumplir con las obligaciones tributarias que establece la Ley 843.
La empresa aseguró en su momento que esas remesas correspondían a la reducción parcial del capital aportado originalmente por su mayor accionista, ETI y que "en Bolivia no existe un impuesto que grave la libre movilidad de capital". El caso todavía estaba en la justicia y Entel se defendía.
El viceministro de Telecomunicaciones, Roy Méndez, aseguró que el tratamiento de sus deudas se analizará en su momento.“Los pasivos financieros, tributarios labores, comerciales regulatorios, civiles y contingentes serán deducidos a tiempo de realizar la liquidación final para el pago a la empresa Eit- Euro Telecom toda vez que el Tesoro (General de la Nación) asumió los pasivos de la empresa antes de la capitalización”.
Mientras tanto, la Superintendencia de Telecomunicaciones garantizó la normal continuidad del servicio de Entel, y aseguró que durante el plazo de 90 días, el interventor estára a cargo de todo.
Para el periodo de transición, la reguladora desplazó personal a las distintas capitales para evitar la caída del sistema. En La Paz personal especializado se constituyó en la Torre Azul, edificio de la calle Ayacucho y la principal sede en la Federico Suazo para vigilar.
“Tenemos recursos limitados pero se ha tratado de distribuir de la mejor manera “. Así lo dijo el superintendente, Jorge Nava.
Un trabajador de la ahora empresa capitalizada, que reservó su identidad, dijo que en la sede de la Ayacucho en cada piso de los ambientes habían funcionarios de Sittel quienes evitaban que los trabajadores saquen cualquier tipo de información de sus cajones.
El ministro Coca, por su lado, hizo hincapié en la voluntad de la actual administración de Estado para iniciar a la brevedad un diálogo con los ejecutivos extranjeros sobre la situación de la telefónica Entel.
Roque señaló que la decisión de nacionalizar sus acciones no debe ser considerada como un entorpecimiento.
Los trabajadores piden estabilidad laboral y el interventor da garantías
El líder del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Jose Rodas, reclamó que tras el proceso de nacionalización se respeten las fuente laborales de más de 500 funcionarios que trabajan en la ciudad de La Paz. “Lo que nosotros queremos es que se garanticen nuestras fuentes laborales. No estamos en contra ni a favor de las decisión que ha asumido el Gobierno”.
El interventor estatal de la empresa Joel Flores aseguró que los puestos de trabajo están plenamente garantizados y que se piensa crear más fuentes de empleo en el área rural (ver entrevista).
Rodas dio a conocer que al interior de la telefónica existen dos bandos: el de los sindicalizados que ven con buenos ojos la intervención y aquellos que se movían enlos niveles ejecutivos y que no deseaban afiliarse. Pidió a sus compañeros no alarmarse y esperar las decisiones que se ejecutarán en los próximos días. Otro trabajador, que prefirió reservar su nombre, dijo que mantuvo contacto con colegas del interior del país quiénes le expresaron su beneplácito por el retorno de las acciones a manos del Estado tras la capitalización de 1996.
“Sólo espero que los cambios que se vayan a dar en las estructuras más altas sean para beneficio de todos”.
Similar situación se vivió en varias filiales de la telefónica, donde los trabajadores aplaudieron la decisión de recuperar las acciones bolivianas de manos extranjeras.
Los funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones en La Paz se encargaron, en las instalaciones de la Torre de la avenida Federico Suazo, de enarbolar la tricolor nacional como una señal de la nacionalización. Asimismo, se ocuparon de resguardar dichas instalaciones y no permitir que se mueva “ni un alfiler” hasta que se concrete el traspaso.
Algunos datos
Se nombró un inteventor, para que garantice la continuidad de los servicios.
Dos meses, es el plazo para definir el valor real de las acciones de la nacionalizada.
Se planea, entre las primeras medidas, expandir los servicios al área rural con internet.
Consideran que de no prosperar las negociaciones están habilitados para un arbitraje.
Se desplazaron policías en todo el territorio para evitar posibles hechos violentos
Representantes de Entel, prefirieron no pronunciarse sobre la nacionalización.
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