Los usuarios no tienen por qué preocuparse con la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) porque la calidad y la confidencialidad de los servicios están garantizados por el Superintendente del sector.
“La confidencialidad de las telecomunicaciones se va a mantener. En mi condición de superintendente, voy a garantizar que así se dé”, señaló el Superintendente de Telecomunicaciones, Jorge Nava, y añadió que: “Puedo afirmar que no existe ninguna anomalía en nuestros servicios. Hay un funcionamiento regular y normal con las típicas características del tráfico que se da en los funcionamientos normales”.
El Gobierno de Bolivia confirmó ayer que aún no recibió una contraoferta de la empresa ETI (capitalizadora de la telefónica) para la adquisición de las acciones de Entel.
El viceministro de Telecomunicaciones, Roy Méndez, afirmó que no conoce “de ninguna respuesta de Telecom a la propuesta de venta de las acciones”. Según la autoridad, aún es muy temprano para que exista una contraoferta de la firma italiana. De acuerdo con el decreto de nacionalización, el Gobierno se dio un plazo de 60 días para negociar la compra-venta de acciones.
Tras la emisión y la intervención de las instalaciones, el Gobierno ofertó pagar hasta 100 millones de dólares por el paquete accionario equivalente al 50 por ciento de los títulos de propiedad.
Después de una auditoría integral —que varias firmas especializadas hicieron para la Superintendencia de Telecomunicaciones—, se determinó que Telecom incurrió en irregularidades valuadas en 645 millones de dólares, cuando el valor de la capitalización fue de 610 millones de dólares.
El estudio cuestiona que la firma haya invertido menos de lo prometido entre 1996 y 2003.
Ayer, en el sitio web de ETI no se difundió ninguna información sobre la oferta nacional ni tampoco sobre las “irregularidades” de la firma de telecomunicaciones. En tanto que el embajador de Italia en Bolivia, Silvio Mignano, se limitó a responder: “No podemos dar ninguna indicación”.
El ex relacionista de Entel también se negó a dar información sobre una posible reacción de los propietarios de ETI.
Ayer, el Superintendente y el interventor designado por el Gobierno, Joel Flores, coincidieron en la ciudad de Cochabamba para verificar el proceso de intervención.
El 1 de mayo, el Gobierno de Morales decretó la nacionalización de Entel.
Se hizo una toma física de las instalaciones, con resguardo militar.
La Súper de Bancos “congeló” las cuentas de la institución intervenida.
“La confidencialidad de las telecomunicaciones se va a mantener. En mi condición de superintendente, voy a garantizar que así se dé”, señaló el Superintendente de Telecomunicaciones, Jorge Nava, y añadió que: “Puedo afirmar que no existe ninguna anomalía en nuestros servicios. Hay un funcionamiento regular y normal con las típicas características del tráfico que se da en los funcionamientos normales”.
El Gobierno de Bolivia confirmó ayer que aún no recibió una contraoferta de la empresa ETI (capitalizadora de la telefónica) para la adquisición de las acciones de Entel.
El viceministro de Telecomunicaciones, Roy Méndez, afirmó que no conoce “de ninguna respuesta de Telecom a la propuesta de venta de las acciones”. Según la autoridad, aún es muy temprano para que exista una contraoferta de la firma italiana. De acuerdo con el decreto de nacionalización, el Gobierno se dio un plazo de 60 días para negociar la compra-venta de acciones.
Tras la emisión y la intervención de las instalaciones, el Gobierno ofertó pagar hasta 100 millones de dólares por el paquete accionario equivalente al 50 por ciento de los títulos de propiedad.
Después de una auditoría integral —que varias firmas especializadas hicieron para la Superintendencia de Telecomunicaciones—, se determinó que Telecom incurrió en irregularidades valuadas en 645 millones de dólares, cuando el valor de la capitalización fue de 610 millones de dólares.
El estudio cuestiona que la firma haya invertido menos de lo prometido entre 1996 y 2003.
Ayer, en el sitio web de ETI no se difundió ninguna información sobre la oferta nacional ni tampoco sobre las “irregularidades” de la firma de telecomunicaciones. En tanto que el embajador de Italia en Bolivia, Silvio Mignano, se limitó a responder: “No podemos dar ninguna indicación”.
El ex relacionista de Entel también se negó a dar información sobre una posible reacción de los propietarios de ETI.
Ayer, el Superintendente y el interventor designado por el Gobierno, Joel Flores, coincidieron en la ciudad de Cochabamba para verificar el proceso de intervención.
El 1 de mayo, el Gobierno de Morales decretó la nacionalización de Entel.
Se hizo una toma física de las instalaciones, con resguardo militar.
La Súper de Bancos “congeló” las cuentas de la institución intervenida.
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