El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, aseguró ayer que ahora que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue recuperada por el Gobierno, éste la protegerá de la politización, “para que no sea el botín político de nadie”.
La declaración la hizo en el programa El Pueblo es Noticia de la red gubernamental de radios Patria Nueva. “El Gobierno blindará a la empresa de cualquier tipo de presión política”. Para ello, agregó, profesionales bolivianos tomarán el mando de la compañía, se capacitará al personal y se respetarán los salarios
El jueves 1 de mayo, a través de un decreto, el Gobierno intervino Entel, para que la empresa Eurotelecom International (ETI) le venda, bajo presión, el 50 por ciento de sus acciones, y luego convocó a sus ejecutivos para negociar el precio de las mismas.
La autoridad justificó la medida (a la que el Gobierno calificó de nacionalización de la mayoría accionaria de la transnacional italiana) y dijo que, a veces, el Estado es mejor administrador que la empresa privada.
García insistió en que se debe proteger a Entel de la politización. “Ahí vamos a dar señales fuertes, para que ninguna empresa estatal sea botín de nadie”.
El Vicepresidente explicó que ahora que la empresa volvió al Estado, las ganancias que ésta obtenga no se irán al extranjero y se quedarán en el país para beneficiar a los bolivianos.
“Queremos convertir a Entel en una empresa de punta, a nivel continental”, puesto que en Bolivia ya lo es, añadió.
En este marco, lamentó que “de una manera fraudulenta” el anterior gobierno se haya permitido que la empresa italiana se lleve 200 millones de dólares fuera del país, en lugar de reinvertirlo en la telefónica.
García justificó la nacionalización al indicar que las inversiones en la empresa se habían congelado y que en los últimos años ésta rendía menos que antes de haber sido capitalizada, lo cual —dijo— se pudo evidenciar en el pago de impuestos.
Recordó que para la conciliación con los ejecutivos de ETI se determinará el precio de las acciones y que se les pagará tomando en cuenta también las deudas de la empresa, las mismas que serán deducidas.
“Para ver si se paga algo o nada, hay que conciliar”, advirtió la autoridad durante la entrevista.
La nacionalización requería de una ley
La recuperación de la mayoría accionaria de la capitalizada Entel y de las petroleras Chaco y Transredes debía haberse realizado mediante una ley y no a través de un decreto, coincidieron en señalar dos expertos.
Para el analista Francesco Zaratti, existe una pirámide jurídica que se debe respetar, y en el caso de una expropiación, ésta debe hacerse mediante una ley de utilidad pública, caso contrario, el proceso se podría demandar de inconstitucional.
Por su parte, el experto en temas legales Carlos Mostajo recordó que las normas tienen jerarquías, primero está la Constitución Política del Estado (CPE), luego las leyes y posteriormente los decretos.
La capitalización se hizo respaldada en una ley, por lo que técnicamente correspondía que la expropiación también se haga a través de una norma similar. El haberlo hecho por decreto vulnera la ley, manifestó Mostajo. En el caso concreto de Entel, sostuvo que ETI podría iniciar procesos fuera del país, porque se actúa contra las leyes.
“En realidad, a las capitalizadas se les dio los contratos que tienen mediante una ley; entonces, técnicamente, debería ser mediante una ley que se revoque lo que se hizo antes. Muchas de las cosas que ha estado haciendo (el Gobierno) por decreto han ido vulnerando varias leyes”, subrayó.
La declaración la hizo en el programa El Pueblo es Noticia de la red gubernamental de radios Patria Nueva. “El Gobierno blindará a la empresa de cualquier tipo de presión política”. Para ello, agregó, profesionales bolivianos tomarán el mando de la compañía, se capacitará al personal y se respetarán los salarios
El jueves 1 de mayo, a través de un decreto, el Gobierno intervino Entel, para que la empresa Eurotelecom International (ETI) le venda, bajo presión, el 50 por ciento de sus acciones, y luego convocó a sus ejecutivos para negociar el precio de las mismas.
La autoridad justificó la medida (a la que el Gobierno calificó de nacionalización de la mayoría accionaria de la transnacional italiana) y dijo que, a veces, el Estado es mejor administrador que la empresa privada.
García insistió en que se debe proteger a Entel de la politización. “Ahí vamos a dar señales fuertes, para que ninguna empresa estatal sea botín de nadie”.
El Vicepresidente explicó que ahora que la empresa volvió al Estado, las ganancias que ésta obtenga no se irán al extranjero y se quedarán en el país para beneficiar a los bolivianos.
“Queremos convertir a Entel en una empresa de punta, a nivel continental”, puesto que en Bolivia ya lo es, añadió.
En este marco, lamentó que “de una manera fraudulenta” el anterior gobierno se haya permitido que la empresa italiana se lleve 200 millones de dólares fuera del país, en lugar de reinvertirlo en la telefónica.
García justificó la nacionalización al indicar que las inversiones en la empresa se habían congelado y que en los últimos años ésta rendía menos que antes de haber sido capitalizada, lo cual —dijo— se pudo evidenciar en el pago de impuestos.
Recordó que para la conciliación con los ejecutivos de ETI se determinará el precio de las acciones y que se les pagará tomando en cuenta también las deudas de la empresa, las mismas que serán deducidas.
“Para ver si se paga algo o nada, hay que conciliar”, advirtió la autoridad durante la entrevista.
La nacionalización requería de una ley
La recuperación de la mayoría accionaria de la capitalizada Entel y de las petroleras Chaco y Transredes debía haberse realizado mediante una ley y no a través de un decreto, coincidieron en señalar dos expertos.
Para el analista Francesco Zaratti, existe una pirámide jurídica que se debe respetar, y en el caso de una expropiación, ésta debe hacerse mediante una ley de utilidad pública, caso contrario, el proceso se podría demandar de inconstitucional.
Por su parte, el experto en temas legales Carlos Mostajo recordó que las normas tienen jerarquías, primero está la Constitución Política del Estado (CPE), luego las leyes y posteriormente los decretos.
La capitalización se hizo respaldada en una ley, por lo que técnicamente correspondía que la expropiación también se haga a través de una norma similar. El haberlo hecho por decreto vulnera la ley, manifestó Mostajo. En el caso concreto de Entel, sostuvo que ETI podría iniciar procesos fuera del país, porque se actúa contra las leyes.
“En realidad, a las capitalizadas se les dio los contratos que tienen mediante una ley; entonces, técnicamente, debería ser mediante una ley que se revoque lo que se hizo antes. Muchas de las cosas que ha estado haciendo (el Gobierno) por decreto han ido vulnerando varias leyes”, subrayó.
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