$us 35 millones de telefonía rural fueron desviados a obras

Alrededor de 261,7 millones de bolivianos (unos 35 millones de dólares), provenientes de los recursos recaudados para el desarrollo de las telecomunicaciones en el área rural de Bolivia, fueron destinados a otros fines, como caminos y empleo, por los diferentes gobiernos durante el periodo 1996-2007.

La Ley de Telecomunicaciones en su artículo 28 establece que los importes por derechos de asignación de frecuencias, conexiones, ingresos por otorgación de nuevas licencias, multas por infracciones a los operadores de telefonía, que recauda la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sittel), deben ser transferidos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La reguladora informó que cumplido ese propósito, los recursos deben destinarse al financiamiento de proyectos de telecomunicaciones de interés social en el área rural.

Según el FNDR, en el periodo de análisis se recaudó un total de 486,5 millones de bolivianos, de los cuales se gastaron 261,7 millones y a la fecha queda un remanente por utilizar de 224, 8 millones de bolivianos.

El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, admitió que en el pasado no se le dio el debido uso a estos fondos, por lo que se iniciará una investigación y se continuará con los proyectos que estaban previstos. Esto con el objetivo de garantizar una mayor cobertura en las localidades alejadas.

La inversión en proyectos distintos a los que mandaba la Ley de Telecomunicaciones ocasionó que el área rural continúe rezagado en su interconexión con el área urbana. En la actualidad existen 14.300 poblaciones sin acceso a ningún servicio.

Hasta el año 2006 existían más de 19.202 líneas telefónicas en el área rural, que alcanzaban una densidad de apenas 4,99 líneas por cada 1.000 habitantes.

Los hechos

Según el FNDR, en 2000 y 2001, durante la gestión de los ex presidentes Hugo Banzer y Jorge Quiroga, se destinaron 129,3 millones de bolivianos de ese fondo a proyectos de infraestructura caminera ejecutados por el ex Servicio Nacional de Caminos (SNC).

Adicionalmente, más de 54 millones de bolivianos se dirigieron a proyectos de generación de empleo impulsados por los gobiernos municipales.

La gestión presidencial de entonces utilizó los recursos al amparo de la Ley de Reactivación Económica 2064 y del Decreto 26428, donde se justifica el uso por la emergencia que representaba la atención y el mantenimiento de la infraestructura caminera dañada por fenómenos climáticos.

En 2003 y 2004, la Sittel transfirió 4,8 millones de bolivianos, pero el reporte del FNDR da cuenta de que no hubo ningún gasto de estos recursos.

Periodo vigente

Según el reporte, en 2006, durante la gestión del presidente Evo Morales, se utilizaron 7,9 millones de bolivianos para el Plan Nacional de Empleos de Emergencia (Plane) administrado por la Dirección Única de Fondos (DUF). Para legalizar el uso de esos recursos, el Gobierno aprobó la Ley 3415 y exigió al DUF efectuar la devolución en esa misma gestión, cancelando una tasa de interés del 6 por ciento.

El presidente Morales, en su mensaje-informe 2006-2007, señaló que a diciembre de 2006 no había un centavo en el DUF y el Fondo Nacional de Inversión Productiva Social (FPS) para impulsar el Plane.

De acuerdo con el FNDR, el año pasado se destinaron 70,2 millones de bolivianos para proyectos de telecomunicaciones.

La Prensa buscó el jueves una entrevista con el viceministro de Telecomunicaciones, Roy Méndez, quien se excusó de proporcionar información porque el caso está en análisis.

El FNDR informó que el saldo de 224,8 millones de bolivianos que quedan serán transferidos al Ministerio de Obras Públicas para que defina su destino

El ex superintendente de Telecomunicaciones Clifford Paravicini señaló que, al haber dado otro destino a las transferencias realizadas al FNDR, las anteriores gestiones gubernamentales vulneraron la Ley de Telecomunicaciones y perjudicaron el desarrollo de servicios.

Localidades abandonadas

El ex responsable de la entidad reguladora explicó que de acuerdo con uno de los últimos diagnósticos realizados por la Sittel existen 14.300 poblaciones sin acceso a servicios básicos de telefonía o algún otro sistema que les permita conectarse con los centros urbanos.

A ese problema se deben sumar las metas insuficientes de cobertura que se le asignó a Entel durante el proceso de capitalización para el desarrollo de la telefonía rural. Apenas 120 poblaciones por año.

Según una memoria de la ex empresa capitalizada, la red de telefonía rural a su cargo en 1995 comprendía sólo 283 poblaciones y que hasta 2005 superó las 2.759.

Para la ex autoridad, la ampliación de la cobertura en el área rural no debería ser un obstáculo, más aún ahora con la nacionalización de Entel.

Recordó que la empresa estatal cuenta con centros satelitales en La Paz y Santa Cruz con capacidad para atender a cinco mil estaciones intermedias.

Antes de su nacionalización, Entel cobraba entre 300 y 500 dólares para conectar a cada población, pero en cada una apenas se lograba recaudar alrededor de 70 dólares. Según Paravicini, con la nacionalización de Entel, esta infraestructura podrá ser utilizada por el Estado en favor del desarrollo de las telecomunicaciones en las poblaciones rurales.

Las acciones estatales

El Poder Ejecutivo aprobó el 20 de junio de 2007, mediante el Decreto Supremo 29174, el reglamento de provisión de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales del territorio nacional.

Con esta norma, el Estado otorga incentivos para promover servicios en poblaciones lejanas como la otorgación directa de concesiones. Las zonas rurales son aquellas que cuenta con menos de 10 mil habitantes.

Para el Poder Ejecutivo, la normativa regulatoria vigente no permite un adecuado acceso a los servicios públicos a vastos sectores de la población, en particular en las áreas rurales, que por su condición de pobreza no cuentan con el poder adquisitivo y la capacidad económica para generar demanda.

Por eso hoy la cobertura telefónica domiciliaria o personal en el campo es tan sólo de 0,6 por ciento, es decir que existen sólo 0,6 teléfonos por cada 100 habitantes. En cambio, en las áreas urbanas la densidad es del 60 por ciento (60 teléfonos por cada 100 habitantes).

Según el Plan Nacional de Desarrollo, motor de la política oficial, hasta 2010 el Gobierno ampliará la cobertura en las áreas rurales hasta alcanzar por lo menos un 80 por ciento.

La cobertura subirá en 300 poblaciones

El Gobierno aseguró que, a partir de la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la expansión de servicios en el área rural llegará a 300 poblaciones adicionales a las que tiene en la actualidad.

El 1 de mayo, el Estado recuperó el control de la telefónica mediante el Decreto Supremo 29544.

Según el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, la ex capitalizada tenía la meta de garantizar el acceso a las telecomunicaciones a 800 puntos; sin embargo, al cabo de diez años apenas cumplió con 70, es decir, el 10 por ciento de su compromiso.

“Como Gobierno, tenemos el compromiso de revertir esa situación y esperamos llegar a unos 200 a 300 puntos más”.

Coca admitió que no se podrá cumplir con las metas iniciales de Entel, pero garantizó la fe del Estado de alcanzar la mayor cobertura en el área rural.

Con este propósito, el Gobierno aprobó un crédito de 30 millones de dólares para llegar con tecnología y servicios a los lugares más remotos del país.

En 2007 Entel tuvo una utilidad neta de 591 millones de dólares y una rentabilidad del 18 por ciento.

La empresa aseguró en su momento que superó ampliamente la cobertura telefónica que se tenía en 1995 cuando la densidad sólo llegaba a 1,2 líneas por habitante.

El Senater llega con comunicación a 70 poblaciones del área rural

El Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (Senater) brinda cobertura a más de 70 poblaciones y lugares de difícil acceso de todo el país.

La entidad realiza interconexiones de “radio a radio” y de “radio a teléfono” a través de un sistema de alta frecuencia (HF), que permite llegar a localidades dispersas y aisladas que no cuentan con acceso a telefonía.

Los servicios que presta son radioconferencias (entre dos estaciones de radio o las pertenecientes a la red Senater o de operadores independientes) y conferencias radiotelefónicas (entre una estación de radio y un teléfono fijo).

Además ofrece radiotelegramas (en forma de texto y enviados a través de radio), confirmación de datos (el servicio es utilizado por Identificación, Tránsito y el Seduca) e información de servicio social (reporte meteorológico, estado de caminos, cotización del dólar, de minerales y precios de mercado agrícola).

Senater reconoce que su tecnología presenta algunas deficiencias debido a que su funcionamiento depende de las condiciones atmosféricas, pero asegura que en muchos casos es el único medio de comunicación que integra al país con poblaciones fronterizas y otras ubicadas en zonas de desastres naturales y en lugares inaccesibles.

Agrega que su misión está enfocada a satisfacer a las comunidades y localidades marginadas del país y que no recibe ninguna cobertura de los operadores privados Entel (ahora nacionalizado), Viva o Telecel.

Senater cobra por sus servicios una tarifa similar a la llamada a un celular, y aunque no logra obtener utilidades, mantiene un equilibrio en su presupuesto. Trabaja con algunas prefecturas, como Tarija, que financió la adquisición de 25 equipos. Se proyectan otras 15 con la de Oruro y 100 con la de Pando, donde financiará el 50 por ciento.