La resolución del arbitraje iniciado por Euro Telecom Internacional (ETI) en contra del Estado boliviano por la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) demorará al menos cinco años.
Así lo confirmaron fuentes del Banco Mundial debido a que el proceso de disputa aún se encuentra en su etapa inicial. Este plazo fue estimado sobre la base del caso de Aguas del Tunari.
En el organismo internacional señalaron que si no se llega a un acuerdo amigable entre las dos partes, el caso se extenderá considerablemente porque todavía no hay árbitros.
El Gobierno confirmó una notificación de la compañía telefónica en la que hace conocer que inició el proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
El Poder Ejecutivo reveló que alista una estrategia de defensa y el viceministro de Recuperación del Patrimonio Nacional, Héctor Arce, dará a conocer un informe mañana lunes.
El 1 de mayo reciente, el Gobierno nacionalizó a la compañía tras varios intentos fallidos, en 2007, de llegar a un acuerdo con Euro Telecom para que vendiera sus acciones.
La empresa en su momento pidió 170 millones de dólares por el 50 por ciento del paquete accionario. El Gobierno sólo ofreció 100 millones.
En la página web del CIADI se recuerda que el 12 de octubre del año pasado la empresa presentó una queja contra el país ante el temor de una eventual intervención del Estado.
Hasta entonces, el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de la Presidencia, había intentado dialogar con la empresa para recomprar sus acciones, sin éxito.
El 29 de abril de 2007, el Gobierno decidió renunciar al convenio del CIADI. Así, el 2 de mayo de 2007 envió una carta en la que solicitó su salida del organismo. Conforme a las normas convenidas, el abandono formal se cumplió el 3 de noviembre.
Como la renuncia se consolidó en una fecha posterior a la queja de ETI Euro Telecom, el CIADI informó que el arbitraje prosigue su curso normal.
Para la elección de los árbitros, el CIADI pone a disposición de las partes un listado de académicos que una vez designados se ocupan de analizar en detalle las diferencias. El 25 de febrero de 2002, Bolivia fue demandada por Bechtel, socia de Aguas del Tunari que fue expulsada tras la “guerra del agua”. El argumento usado fue el de “lucro cesante” y exigía del Estado una compensación de 25 a 100 millones de dólares. El 19 de enero de 2006, Bechtel vendió sus acciones por menos de un dólar.
Una demanda similar fue planteada en 2006 por Quiborax y aún no hay árbitros.
La empresa observa la anulación de su concesión para la explotación de ulexita.
Bolivia salió del CIADI por considerar que los fallos favorecen a las transnacionales.
Así lo confirmaron fuentes del Banco Mundial debido a que el proceso de disputa aún se encuentra en su etapa inicial. Este plazo fue estimado sobre la base del caso de Aguas del Tunari.
En el organismo internacional señalaron que si no se llega a un acuerdo amigable entre las dos partes, el caso se extenderá considerablemente porque todavía no hay árbitros.
El Gobierno confirmó una notificación de la compañía telefónica en la que hace conocer que inició el proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
El Poder Ejecutivo reveló que alista una estrategia de defensa y el viceministro de Recuperación del Patrimonio Nacional, Héctor Arce, dará a conocer un informe mañana lunes.
El 1 de mayo reciente, el Gobierno nacionalizó a la compañía tras varios intentos fallidos, en 2007, de llegar a un acuerdo con Euro Telecom para que vendiera sus acciones.
La empresa en su momento pidió 170 millones de dólares por el 50 por ciento del paquete accionario. El Gobierno sólo ofreció 100 millones.
En la página web del CIADI se recuerda que el 12 de octubre del año pasado la empresa presentó una queja contra el país ante el temor de una eventual intervención del Estado.
Hasta entonces, el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de la Presidencia, había intentado dialogar con la empresa para recomprar sus acciones, sin éxito.
El 29 de abril de 2007, el Gobierno decidió renunciar al convenio del CIADI. Así, el 2 de mayo de 2007 envió una carta en la que solicitó su salida del organismo. Conforme a las normas convenidas, el abandono formal se cumplió el 3 de noviembre.
Como la renuncia se consolidó en una fecha posterior a la queja de ETI Euro Telecom, el CIADI informó que el arbitraje prosigue su curso normal.
Para la elección de los árbitros, el CIADI pone a disposición de las partes un listado de académicos que una vez designados se ocupan de analizar en detalle las diferencias. El 25 de febrero de 2002, Bolivia fue demandada por Bechtel, socia de Aguas del Tunari que fue expulsada tras la “guerra del agua”. El argumento usado fue el de “lucro cesante” y exigía del Estado una compensación de 25 a 100 millones de dólares. El 19 de enero de 2006, Bechtel vendió sus acciones por menos de un dólar.
Una demanda similar fue planteada en 2006 por Quiborax y aún no hay árbitros.
La empresa observa la anulación de su concesión para la explotación de ulexita.
Bolivia salió del CIADI por considerar que los fallos favorecen a las transnacionales.
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