Con el fin de fortalecer el desempeño de la empresa telefónica nacionalizada Entel, el Gobierno pidió a las entidades estatales que usen los servicios de esa compañía. Así lo confirmaron fuentes de tres instituciones, entre ellas las superintendencias.
Por ejemplo, la reguladora de Hidrocarburos trabaja en la actualidad con la operadora Tigo (ex Telecel) y su contrato finaliza el 30 de noviembre. Después de que se cumpla ese convenio, se informó, se contratarán los servicios de la estatal.
En otra Superintendencia confirmaron que “se les sugirió” que cuando finalice el acuerdo con Tigo opten por Entel, que tiene mayor cobertura y tarifas más bajas.
Las fuentes explicaron que, por ejemplo, la telefónica privada oferta 1,20 bolivianos el minuto, mientras que la compañía estatal prestará el mismo servicio por menos.
Entel es la principal telefónica de Bolivia. El 1 de mayo pasó al Estado luego de que el Gobierno nacionalizara el paquete accionario de Euro Telecom Italia (ETI), tras no llegar a un acuerdo sobre sus acciones.
Hace un mes, el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, aseguró que Entel había perdido 20 por ciento de su mercado antes del cambio de dueño.
El viceministro de Telecomunicación, Roy Roque, dijo que no conocía el tema.
Desde hace tiempo, las autoridades de los ministerios de Hidrocarburos, Minería, Planificación y Obras Públicas, entre otros, utilizan Entel. Lo mismo pasa en la Aduana Nacional con su Presidente y sus gerentes.
Además, en junio de este año, esa entidad adquirió un lote de 60 líneas de esa telefónica con el fin de mantener comunicados a los miembros del Comando Conjunto.
En la telefónica Viva informaron que no se pronunciarán por el momento y Tigo anunció que hoy hará conocer una posición al respecto. Sin embargo, en una de ellas admitieron que tenían conocimiento de la instrucción del Gobierno y que presumían que aún no era oficial.
En Entel dijeron que la firma tiene presencia en 70 por ciento del mercado de telefonía, por lo que consideró innecesario sugerir el uso de sus servicios a entidades públicas.
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