La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) iniciará una investigación por la venta de tarjetas anuladas que sirven para cargar crédito en teléfonos celulares, luego de recibir cuatro denuncias, a pesar de que se conocía su circulación desde el 9 de septiembre.
En esa fecha ocurrieron los ataques y robos en sus instalaciones en Santa Cruz a raíz de las movilizaciones de los cívicos en rechazo a la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
En comunicación con La Prensa, el gerente de Comunicación Institucional de Entel, Víctor Hugo Rosales, explicó que existen cuatro denuncias recibidas hasta el momento.
Los lugares donde fueron conocidas las otras quejas son Villamontes, Sucre y Montero. Sobre esta base se inició el seguimiento de los pasos que siguió la tarjeta hasta llegar a los puntos de venta, con este procedimiento se encontrará el origen del comercio ilícito.
Identificados los responsables, se procederá a ejecutar las acciones legales.
Este medio denunció ayer la venta ilegal de las tarjetas después de que uno de sus periodistas estuviera cerca de ser estafado por esta vía.
El 9 de septiembre, la empresa de telecomunicaciones sufrió el robo de varios lotes de sus tarjetas de crédito prepago extraídas de su sede en Santa Cruz.
Este hecho fue el resultado de una toma física de las instalaciones, acto realizado por los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, habitantes de ese departamento, dirigentes cívicos y otros en reclamo por el control de las instituciones que son administradas por el Gobierno.
El seguimiento de estos casos está en curso, aunque Rosales no pudo establecer las fechas en las que acontecieron los hechos.
La primera medida que asumió Entel por el robo fue denunciar el hecho en la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Para ayudar a los usuarios se limitó a publicó una lista con los números de los lotes anulados en los periódicos; sin embargo, la población no puede memorizar los códigos a la hora de adquirir una tarjeta que presume es legal.
En esa fecha ocurrieron los ataques y robos en sus instalaciones en Santa Cruz a raíz de las movilizaciones de los cívicos en rechazo a la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
En comunicación con La Prensa, el gerente de Comunicación Institucional de Entel, Víctor Hugo Rosales, explicó que existen cuatro denuncias recibidas hasta el momento.
Los lugares donde fueron conocidas las otras quejas son Villamontes, Sucre y Montero. Sobre esta base se inició el seguimiento de los pasos que siguió la tarjeta hasta llegar a los puntos de venta, con este procedimiento se encontrará el origen del comercio ilícito.
Identificados los responsables, se procederá a ejecutar las acciones legales.
Este medio denunció ayer la venta ilegal de las tarjetas después de que uno de sus periodistas estuviera cerca de ser estafado por esta vía.
El 9 de septiembre, la empresa de telecomunicaciones sufrió el robo de varios lotes de sus tarjetas de crédito prepago extraídas de su sede en Santa Cruz.
Este hecho fue el resultado de una toma física de las instalaciones, acto realizado por los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, habitantes de ese departamento, dirigentes cívicos y otros en reclamo por el control de las instituciones que son administradas por el Gobierno.
El seguimiento de estos casos está en curso, aunque Rosales no pudo establecer las fechas en las que acontecieron los hechos.
La primera medida que asumió Entel por el robo fue denunciar el hecho en la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Para ayudar a los usuarios se limitó a publicó una lista con los números de los lotes anulados en los periódicos; sin embargo, la población no puede memorizar los códigos a la hora de adquirir una tarjeta que presume es legal.
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