El Gobierno creó la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) Residual, declarada en quiebra por pérdidas de 56 millones de bolivianos, que tiene en curso al menos cuatro auditorías a administraciones anteriores. Mientras tanto Bolivia TV alista su lanzamiento.
La gerente general de la nueva estación televisiva estatal, Leyla Cortez, informó ayer que la empresa quedará en manos de la liquidadora Grace Caro, que llevará adelante la recuperación de pasivos, es decir, deudas, mientras el patrimonio activo o infraestructura y mobiliario pasará a la nueva empresa.
Aún no se conoce el valor de estos activos porque no se terminó el inventario.
La Contraloría General del Estado inició auditorías a periodos comprendidos entre 2004 y 2008 y encontró irregularidades. Entre 2004-2005, durante la gestión presidencial del Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, según informó ayer a Erbol el contralor Gabriel Herbas, la compañía pagó beneficios sociales a 21 trabajadores que se retiraron de la estación, aunque Televisión Boliviana o TVB, como se llamaba, no debería haberlo hecho porque los trabajadores no están amparados en la Ley General del Trabajo, sino en la Ley del Funcionario Público.
“Se trataría de un incumplimiento a la normatividad, dado que por lo menos la Controlaría no ha encontrado que esta entidad (Canal 7) se haya regido por la Ley General del Trabajo, sino ha estado en el ámbito del servidor público; por lo tanto, estos beneficios sociales no correspondían su pago”.
Según Cortez, el informe de auditoría LX-XP/2006 ha encontrado indicios de “responsabilidad civil solidaria” en los gerentes que pagaron finiquitos e indemnizaciones por un monto de 597.000 bolivianos, equivalente a 74.000 dólares.
Una segunda auditoría tiene que ver con “gastos indebidos”, también realizados en el periodo 2004-2005, cuyo informe complementario se dará a conocer en las siguientes tres semanas. En él existirían “indicios de responsabilidad civil”, específicamente por intercambio de servicios por publicidad, el uso de vestuario y otros que los auditores consideraron como gastos indebidos.
El Contralor manifestó que en este segundo caso se trata del uso indebido de recursos, lo que podría derivar en una responsabilidad civil y administrativa, y por consiguiente la suspensión del funcionario.
Un tercer proceso de auditoría fue iniciado por el Ministerio de la Presidencia por un supuesto sobreprecio en la compra de ocho cámaras digitales para los estudios de Canal 7, hecho que ocurrió el año pasado, durante el Gobierno del presidente Evo Morales. El medio, entonces, era gerentado por Irguen Pastén, quien después de la denuncia fue retirado y reemplazado por Leyla Cortez. Pastén admitió entonces que hubo una “instrucción verbal” para detener la licitación que no fue acatada.
El Ejecutivo, en ese periodo, destinó para Canal 7 la suma de 3,8 millones de dólares para compras sin licitación.
El proceso de auditoría en este caso ya concluyó y en ella se habría encontrado indicios de responsabilidad en la anterior administración, cuyo informe final debe ser avalado por la Contraloría, que es la última instancia que determinará responsabilidad administrativa, civil y penal. El cuerpo jurídico de esta institución está trabajando en la catalogación de los delitos.
La Prensa tuvo acceso al informe técnico comparativo presentado para la auditoría de la licitación pública 01/08, en el que un especialista en tecnología televisiva, Juan Pablo Urioste Estenssoro, certifica que “el equipo solicitado y entregado a Canal 7 es de tecnología de punta, de equipamiento para televisión de definición standar SDTV, lo cual hace que el canal se iguale a otras televisoras de países vecinos y mejore la calidad de su imagen a nivel internacionales, niveles a los que no llega ningún canal privado del país”.
Las cámaras fueron compradas con una parte de los 3,8 millones de dólares otorgados por el Gobierno, casi 200.000 dólares. Sin embargo, no se conoce el uso que se le dio a los restantes 3,6 millones. Por eso se abrió una cuarta auditoría que está en desarrollo. Por las primeras indagaciones, se cree que fueron empleados para el proyecto de potenciamiento de las repetidoras de Canal 7 con antenas parabólicas.
Los trabajadores no tendrán beneficios sociales
A partir del 4 de mayo, los más de 120 trabajadores de ENTB, transformada en la nueva empresa estatal de televisión Bolivia TV, cumplen sus funciones de forma interina, según se verificó en los memorandos de designación entregados para posibilitar la continuación de sus labores en Canal 7, que no ha dejado de emitir su señal.
El memorándum de recontratación que se distribuyó a los trabajadores, al que tuvo acceso La Prensa, no precisa el tiempo del interinato, pero admite que serán sometidos a un proceso de institucionalización. “La presente designación se enmarca en el inciso e) de la Ley 2027, de 27 de octubre de 1999, mientras se lleva a cabo el proceso de institucionalización del cargo que usted ocupará interinamente. Según dispone el artículo 12 del Decreto Supremo Nro. 0078, usted estará sujeto a lo previsto por el Estatuto del Funcionario Público”. De acuerdo con el decreto ley de creación del canal estatal, hace 39 años (1970), los empleados que ingresaban al medio lo hacían como funcionarios públicos y no amparados en la Ley General del Trabajo (LGT) y bajo la tuición de lo que ahora se conoce como el Ministerio de la Presidencia. Esta disposición exime al Gobierno de pagar beneficios sociales e indemnizaciones a funcionarios retirados.
Sin embargo, los trabajadores consultados por este matutino explicaron que han coexistido ambas figuras laborales, es decir, los empleados antiguos bajo la Ley General de Trabajo y los nuevos como funcionarios públicos, pues el Estatuto se promulgó en 1997. En consecuencia, al realizarse el cambio de razón social, los antiguos deberían percibir la indemnización.
El lanzamiento será en 30 días
Tras la creación de la empresa Bolivia TV, mediante Decreto Supremo 0078, su gerente, Leyla Cortez, anunció el lanzamiento del medio de comunicación estatal estratégico en los próximos 30 días, con una nueva programación e imagen renovadas.
“Para la audiencia de Canal 7 estamos trabajando en la nueva programación, que esperamos tenerla lista en 30 días, que pone como plazo el mismo decreto de creación para lanzar la nueva imagen corporativa, institucional y la nueva imagen audiovisual”. Asimismo, explicó que se presentará una programación renovada, con una línea de trabajo responsable en sus contenidos para reflejar el Estado plurinacional, mediante un proyecto la expansión de oficinas y estudios del canal a escala nacional, así como también ampliar las repetidoras en la mayor parte de los municipios.
“En fin, pretendemos mejorar la tecnología, porque los equipos que tenemos en el canal son bastante obsoletos respecto de las otras cadenas televisivas. Entonces queremos hacer una empresa exitosa, competitiva y un canal apegado a su pueblo”.
Dentro de las nuevas propuestas está la emisión de cine latinoamericano, una novela y la producción de documentales de la revolución.
Los empleados hacen reclamos
Los trabajadores de Bolivia TV no tienen un sindicato acreditado por el Ministerio de Trabajo, por lo que prefirieron guardar sus nombres en reserva para evitar represalías antes de hablar con La Prensa. En una conversación con al menos tres empleados, éstos revelaron que existen varias irregularidades en la actual administración, entre ellas el incremento de personal administrativo con sueldos superiores a 5.000 bolivianos, a diferencia de empleados que trabajan más de 30 años en la estación.
Un ejemplo es que antes la Jefatura de Recursos Humanos sólo tenía dos funcionarios: la jefe y su secretaria; sin embargo, ahora hay como nueve personas, al extremo de que la jefatura tiene un asesor”, denunció un trabajador que pidió el anonimato.
Otro empleado sostuvo que pese a que el Gobierno dice defender los derechos laborales de los trabajadores, en Canal 7 no se pagan horas extras, fines de semana, menos los feriados, y las ocho horas de trabajo se convirtieron en más de 12 horas.
La gerente general Leyla Cortez aseguró ayer que Canal 7 volverá a contratar a todos los trabajadores de planta. Indicó que la empresa tiene 115 trabajadores de planta y otra cantidad similar en calidad de consultores, quienes pasarán a la nueva empresa bajo las mismas condiciones laborales.
Datos de la quiebra de ENTB
Según el presupuesto, el Gobierno gasta 121 millones en el aparato comunicacional.
Los trabajadores de ENTB reclaman el pago de beneficios sociales e indemnizaciones.
No se detallaron las pérdidas por 56 millones de bolivianos que originaron la quiebra de Canal 7.
La gerente general de la nueva estación televisiva estatal, Leyla Cortez, informó ayer que la empresa quedará en manos de la liquidadora Grace Caro, que llevará adelante la recuperación de pasivos, es decir, deudas, mientras el patrimonio activo o infraestructura y mobiliario pasará a la nueva empresa.
Aún no se conoce el valor de estos activos porque no se terminó el inventario.
La Contraloría General del Estado inició auditorías a periodos comprendidos entre 2004 y 2008 y encontró irregularidades. Entre 2004-2005, durante la gestión presidencial del Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, según informó ayer a Erbol el contralor Gabriel Herbas, la compañía pagó beneficios sociales a 21 trabajadores que se retiraron de la estación, aunque Televisión Boliviana o TVB, como se llamaba, no debería haberlo hecho porque los trabajadores no están amparados en la Ley General del Trabajo, sino en la Ley del Funcionario Público.
“Se trataría de un incumplimiento a la normatividad, dado que por lo menos la Controlaría no ha encontrado que esta entidad (Canal 7) se haya regido por la Ley General del Trabajo, sino ha estado en el ámbito del servidor público; por lo tanto, estos beneficios sociales no correspondían su pago”.
Según Cortez, el informe de auditoría LX-XP/2006 ha encontrado indicios de “responsabilidad civil solidaria” en los gerentes que pagaron finiquitos e indemnizaciones por un monto de 597.000 bolivianos, equivalente a 74.000 dólares.
Una segunda auditoría tiene que ver con “gastos indebidos”, también realizados en el periodo 2004-2005, cuyo informe complementario se dará a conocer en las siguientes tres semanas. En él existirían “indicios de responsabilidad civil”, específicamente por intercambio de servicios por publicidad, el uso de vestuario y otros que los auditores consideraron como gastos indebidos.
El Contralor manifestó que en este segundo caso se trata del uso indebido de recursos, lo que podría derivar en una responsabilidad civil y administrativa, y por consiguiente la suspensión del funcionario.
Un tercer proceso de auditoría fue iniciado por el Ministerio de la Presidencia por un supuesto sobreprecio en la compra de ocho cámaras digitales para los estudios de Canal 7, hecho que ocurrió el año pasado, durante el Gobierno del presidente Evo Morales. El medio, entonces, era gerentado por Irguen Pastén, quien después de la denuncia fue retirado y reemplazado por Leyla Cortez. Pastén admitió entonces que hubo una “instrucción verbal” para detener la licitación que no fue acatada.
El Ejecutivo, en ese periodo, destinó para Canal 7 la suma de 3,8 millones de dólares para compras sin licitación.
El proceso de auditoría en este caso ya concluyó y en ella se habría encontrado indicios de responsabilidad en la anterior administración, cuyo informe final debe ser avalado por la Contraloría, que es la última instancia que determinará responsabilidad administrativa, civil y penal. El cuerpo jurídico de esta institución está trabajando en la catalogación de los delitos.
La Prensa tuvo acceso al informe técnico comparativo presentado para la auditoría de la licitación pública 01/08, en el que un especialista en tecnología televisiva, Juan Pablo Urioste Estenssoro, certifica que “el equipo solicitado y entregado a Canal 7 es de tecnología de punta, de equipamiento para televisión de definición standar SDTV, lo cual hace que el canal se iguale a otras televisoras de países vecinos y mejore la calidad de su imagen a nivel internacionales, niveles a los que no llega ningún canal privado del país”.
Las cámaras fueron compradas con una parte de los 3,8 millones de dólares otorgados por el Gobierno, casi 200.000 dólares. Sin embargo, no se conoce el uso que se le dio a los restantes 3,6 millones. Por eso se abrió una cuarta auditoría que está en desarrollo. Por las primeras indagaciones, se cree que fueron empleados para el proyecto de potenciamiento de las repetidoras de Canal 7 con antenas parabólicas.
Los trabajadores no tendrán beneficios sociales
A partir del 4 de mayo, los más de 120 trabajadores de ENTB, transformada en la nueva empresa estatal de televisión Bolivia TV, cumplen sus funciones de forma interina, según se verificó en los memorandos de designación entregados para posibilitar la continuación de sus labores en Canal 7, que no ha dejado de emitir su señal.
El memorándum de recontratación que se distribuyó a los trabajadores, al que tuvo acceso La Prensa, no precisa el tiempo del interinato, pero admite que serán sometidos a un proceso de institucionalización. “La presente designación se enmarca en el inciso e) de la Ley 2027, de 27 de octubre de 1999, mientras se lleva a cabo el proceso de institucionalización del cargo que usted ocupará interinamente. Según dispone el artículo 12 del Decreto Supremo Nro. 0078, usted estará sujeto a lo previsto por el Estatuto del Funcionario Público”. De acuerdo con el decreto ley de creación del canal estatal, hace 39 años (1970), los empleados que ingresaban al medio lo hacían como funcionarios públicos y no amparados en la Ley General del Trabajo (LGT) y bajo la tuición de lo que ahora se conoce como el Ministerio de la Presidencia. Esta disposición exime al Gobierno de pagar beneficios sociales e indemnizaciones a funcionarios retirados.
Sin embargo, los trabajadores consultados por este matutino explicaron que han coexistido ambas figuras laborales, es decir, los empleados antiguos bajo la Ley General de Trabajo y los nuevos como funcionarios públicos, pues el Estatuto se promulgó en 1997. En consecuencia, al realizarse el cambio de razón social, los antiguos deberían percibir la indemnización.
El lanzamiento será en 30 días
Tras la creación de la empresa Bolivia TV, mediante Decreto Supremo 0078, su gerente, Leyla Cortez, anunció el lanzamiento del medio de comunicación estatal estratégico en los próximos 30 días, con una nueva programación e imagen renovadas.
“Para la audiencia de Canal 7 estamos trabajando en la nueva programación, que esperamos tenerla lista en 30 días, que pone como plazo el mismo decreto de creación para lanzar la nueva imagen corporativa, institucional y la nueva imagen audiovisual”. Asimismo, explicó que se presentará una programación renovada, con una línea de trabajo responsable en sus contenidos para reflejar el Estado plurinacional, mediante un proyecto la expansión de oficinas y estudios del canal a escala nacional, así como también ampliar las repetidoras en la mayor parte de los municipios.
“En fin, pretendemos mejorar la tecnología, porque los equipos que tenemos en el canal son bastante obsoletos respecto de las otras cadenas televisivas. Entonces queremos hacer una empresa exitosa, competitiva y un canal apegado a su pueblo”.
Dentro de las nuevas propuestas está la emisión de cine latinoamericano, una novela y la producción de documentales de la revolución.
Los empleados hacen reclamos
Los trabajadores de Bolivia TV no tienen un sindicato acreditado por el Ministerio de Trabajo, por lo que prefirieron guardar sus nombres en reserva para evitar represalías antes de hablar con La Prensa. En una conversación con al menos tres empleados, éstos revelaron que existen varias irregularidades en la actual administración, entre ellas el incremento de personal administrativo con sueldos superiores a 5.000 bolivianos, a diferencia de empleados que trabajan más de 30 años en la estación.
Un ejemplo es que antes la Jefatura de Recursos Humanos sólo tenía dos funcionarios: la jefe y su secretaria; sin embargo, ahora hay como nueve personas, al extremo de que la jefatura tiene un asesor”, denunció un trabajador que pidió el anonimato.
Otro empleado sostuvo que pese a que el Gobierno dice defender los derechos laborales de los trabajadores, en Canal 7 no se pagan horas extras, fines de semana, menos los feriados, y las ocho horas de trabajo se convirtieron en más de 12 horas.
La gerente general Leyla Cortez aseguró ayer que Canal 7 volverá a contratar a todos los trabajadores de planta. Indicó que la empresa tiene 115 trabajadores de planta y otra cantidad similar en calidad de consultores, quienes pasarán a la nueva empresa bajo las mismas condiciones laborales.
Datos de la quiebra de ENTB
Según el presupuesto, el Gobierno gasta 121 millones en el aparato comunicacional.
Los trabajadores de ENTB reclaman el pago de beneficios sociales e indemnizaciones.
No se detallaron las pérdidas por 56 millones de bolivianos que originaron la quiebra de Canal 7.
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