No existe norma jurídica con la actual ni con la antigua Constitución Política del Estado para que el Gobierno pueda intervenir una determinada cooperativa, dijo ayer el viceministro de Transparencia y Promoción a la Ética, Tamer Medina, al hacer referencia a las denuncias que surgieron en los últimos días sobre malos manejos administrativos en la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija (COSETT).
Sin embargo, existe una norma en la anterior Constitución relacionada con el sistema regulatorio, porque si las cooperativas entran en iliquidez y ponen en riesgo el servicio, sean intervenidas utilizando un mecanismo de prevención; es decir por un tiempo determinado que permita realizar auditorías y reconducir la cooperativa.
“Esta figura existe, pero no se contempla en la nueva Constitución”, agregó.
La autoridad gubernamental sostuvo que la ex SITEL, que era la autoridad de fiscalización de control del sistema de comunicaciones, tuvo la obligación de valorar la situación de COSETT y tomar una decisión, porque lo importante es garantizar el servicio de telefonía fija a los tarijeños.
“El Gobierno no tiene ninguna intención política de apropiarse ni generar una intervención forzada”, añadió.
Sin embargo, ya se conoce que COSETT trabaja desde hace 3 años en pérdida, por lo que valorarán los índices de iliquidez y se ponga en riesgo el servicio a los socios y usuarios del sistema.
Medina no descartó que pueden haberse incluido datos falsos en informes y documentos públicos que COSETT presentaba a la ex SITEL, lo cual merece otro tipo de tratamiento, siendo un delito penal de falsedad material, lo cual obligará a la desaparecida SITEL, ahora responsabilidad gubernamental, iniciar acciones legales sobre el caso.
Destacó que se debe hacer una valoración con las auditorias de forma independiente e imparcial y que reflejen el verdadero estado de la cooperativa.
DEFENSA
Con relación a la conformación de la Junta de Defensa de las Cooperativas, Medina expresó que no hay motivo para que se haya conformado estas juntas, porque el Gobierno no tiene intención de apropiarse de nada al no existir norma para que esto ocurra.
“Si el Gobierno tuviese la intención de apropiarse de algo cometería una locura porque se apropiaría de deudas”, subrayó.
Según Medina, quien será aquella persona del Gobierno que quiera apropiarse de deudas, de un patrimonio que tiene más pasivos que activos, por lo que las deudas de COSETT las tienen que pagar los responsables que generaron la situación de quiebra.
“Creo que las juntas son organizadas por aquellas personas que buscan encubrir ilícitos personales que cometieron dentro de la cooperativa”, refutó el viceministro.
Sin embargo, existe una norma en la anterior Constitución relacionada con el sistema regulatorio, porque si las cooperativas entran en iliquidez y ponen en riesgo el servicio, sean intervenidas utilizando un mecanismo de prevención; es decir por un tiempo determinado que permita realizar auditorías y reconducir la cooperativa.
“Esta figura existe, pero no se contempla en la nueva Constitución”, agregó.
La autoridad gubernamental sostuvo que la ex SITEL, que era la autoridad de fiscalización de control del sistema de comunicaciones, tuvo la obligación de valorar la situación de COSETT y tomar una decisión, porque lo importante es garantizar el servicio de telefonía fija a los tarijeños.
“El Gobierno no tiene ninguna intención política de apropiarse ni generar una intervención forzada”, añadió.
Sin embargo, ya se conoce que COSETT trabaja desde hace 3 años en pérdida, por lo que valorarán los índices de iliquidez y se ponga en riesgo el servicio a los socios y usuarios del sistema.
Medina no descartó que pueden haberse incluido datos falsos en informes y documentos públicos que COSETT presentaba a la ex SITEL, lo cual merece otro tipo de tratamiento, siendo un delito penal de falsedad material, lo cual obligará a la desaparecida SITEL, ahora responsabilidad gubernamental, iniciar acciones legales sobre el caso.
Destacó que se debe hacer una valoración con las auditorias de forma independiente e imparcial y que reflejen el verdadero estado de la cooperativa.
DEFENSA
Con relación a la conformación de la Junta de Defensa de las Cooperativas, Medina expresó que no hay motivo para que se haya conformado estas juntas, porque el Gobierno no tiene intención de apropiarse de nada al no existir norma para que esto ocurra.
“Si el Gobierno tuviese la intención de apropiarse de algo cometería una locura porque se apropiaría de deudas”, subrayó.
Según Medina, quien será aquella persona del Gobierno que quiera apropiarse de deudas, de un patrimonio que tiene más pasivos que activos, por lo que las deudas de COSETT las tienen que pagar los responsables que generaron la situación de quiebra.
“Creo que las juntas son organizadas por aquellas personas que buscan encubrir ilícitos personales que cometieron dentro de la cooperativa”, refutó el viceministro.
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