El Gobierno dispuso la ampliación de la intervención a la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz (Cotel) hasta el próximo 31 de enero de 2010. La Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) ratificó que el proceso es ilegal y el ex Consejo de Administración calificó la determinación como electoralista.
La telefónica fue ocupada por el Ministerio de Trabajo el 18 de junio, luego de siete días de paro de actividades y de presiones sindicales, vecinales y denuncias de malos manejos económicos.
Por entonces La Prensa reveló que la entidad tuvo una pérdida de 35,8 millones de bolivianos en la gestión 2008 y registró pasivos de 280,5 millones.
El Ministerio de Trabajo designó como interventor por 90 días a César Carlos Böhrt Urquizo, profesional especializado en telecomunicaciones.
El viceministro de Cooperativas, Rodolfo Illanes, informó que en los anteriores tres meses no se pudieron terminar de encarar las auditorías externas.
Hasta la fecha sólo se hicieron análisis de los estados financieros de manera interna, pero que requieren de una opinión independiente.
“Las auditorías tienen procedimientos y plazos, y tres meses era insuficiente, se han convocado a firmas externas que requerirán dos meses para elaborar y entregar un informe”.
Agregó que otro factor que se tomó en cuenta para extender la intervención es la falta de tiempo que tiene en este momento el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para fiscalizar un proceso electoral interno en la Cooperativa para elegir nuevos consejos de Administración y Vigilancia.
Por mandato de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), todas las cooperativas deben contar con el aval del OEP para conformar su comité electoral y desarrollar comicios internos; pero en este momento, esa instancia está abocada a organizar las elecciones nacionales de diciembre,
Illanes mencionó que también existe retraso en el proceso judicial e investigación de la Fiscalía en las cuatro querellas que se instauró contra los ex consejeros por malos manejos económicos en la telefónica.
Recordó que se asignaron dos fiscales, uno de tránsito y otro de provincia, que no tenían tiempo para llevar el proceso y por eso se solicitó la asignación de un nuevo representante del Ministerio Público.
El presidente de la Concobol, Ojier Hurtado, sostuvo que la intervención y, por ende, la ampliación es ilegal.
Esto, porque sólo el Consejo Nacional de Cooperativas puede disponer una determinación oficial al respecto.
Sin embargo, aclaró que la entidad aún no conoce la fundamentación del Ejecutivo para extender la labor del interventor.
El ex presidente del Consejo de Administración de Cotel Fernando Dips aseguró que la determinación del Ejecutivo sólo es proselitista para apoderarse de los recursos económicos de la telefónica, en momentos que se aproximan las elecciones generala de diciembre.
Agregó que hasta la fecha, la intervención sólo lanzó acusaciones de malos manejos sin ningún respaldo y la Fiscalía aún no comprobó nada.
Las denuncias tienen que ver con la compra irregular de ITS y Supercanal, gastos infundados e insolvencia de la Cooperativa para cubrir servicios.
Illanes rechazó las acusaciones y dijo que el Gobierno no podría obtener rédito alguno de una entidad en crisis.
Además, recordó que la nueva Ley del Órgano Ejecutivo respalda la determinación de ingresar a cooperativas donde se registren malos manejos económicos y no se cumplan estatutos.
La Cooperativa presenta estatuto, con peleas
La intervención de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel) convocó ayer a los socios para presentar los nuevos estatutos elaborados acorde con los principios de la nueva Constitución Política del Estado (CEP), pero muchos no pudieron llegar al edificio Urdaneta, donde se llevaba a cabo el acto.
Varios personas protestaron fuera de la edificación porque no se les permitía el ingreso por el reducido espacio. Algunos acusaron a las autoridades del Ministerio de Trabajo y al interventor César Böhrt de sólo permitir el paso a militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Böhrt explicó que el nuevo estatuto incorpora principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad y considera a las telecomunicaciones como un servicio básico en el marco de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
De esta manera, dijo que se garantiza la prestación del servicio de telecomunicaciones como un derecho fundamental de las personas.
Además vincula la visión empresarial con la social, a través de iniciativas de participación abierta de los socios y el control social de usuarios.
El nuevo estatuto, que deberá ser aprobado por una asamblea, otorgará atribuciones específicas a los consejos de Administración y Vigilancia para que no realicen inversiones que pongan en riesgo el patrimonio de la Cooperativa.
En el edificio Urdaneta, ubicado en la avenida Camacho, Cesar Böhrt inauguró la Casa del Socio, para implantar el control social en la empresa telefónica. El acto contó con la presencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Rodolfo Illanes.
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