La “Notificación de Arbitraje y Declaración de la Demanda” que interpuso Euro Telecom International NV (ETI) en contra del Estado boliviano, diferente al que se había iniciado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, es desfavorable para el país.
El 15 de octubre del 2009, La Razón informó que ETI había recurrido a un nuevo arbitraje, esta vez ante un Comité ad hoc de Naciones Unidas (Uncitral). Una semana después, el 21 de octubre, el CIADI dio por concluido el arbitraje iniciado por ETI contra el Estado boliviano a solicitud de la firma extranjera, la cual interpuso la demanda luego de la nacionalización de Entel.
Según la “Notificación de Arbitraje y Declaración de la Demanda”, a la que tuvo acceso
La Razón, el consorcio ETI solicita el pago de parte del Estado boliviano de un “interés compuesto” del 10% aplicado sobre el monto de compensación que se establezca en el laudo arbitral, que según la transnacional debería ser de más de 700 millones de euros (unos $us 1.001 millones).
El 10% del monto de compensación demandado representaría $us 100,1 millones adicionales. Pero, además, ETI (la demandante) solicita que Bolivia (la demandada) pague los honorarios legales y gastos de arbitraje en los que está incurriendo la primera.
Este documento, en su punto VII de Solicitud de Relevamiento señala: “(...) la demandante respetuosamente solicita que el Tribunal Arbitral emita un laudo: a) declarando que la demandada ha violado sus obligaciones bajo el TBI (Tratado Bilateral de Inversiones) Holanda-Bolivia; b) ordenando a la demandada a pagar una justa compensación por las pérdidas incurridas por la demandante, incluyendo las pérdidas de sus inversiones y las pérdidas de sus ganancias y oportunidades de negocios, en un monto no menor a 700 millones de euros; c) ordenando a la demandada a pagar los honorarios y gastos de este arbitraje, incluyendo honorarios legales; d) ordenando a la demandada a pegar un interés compuesto a una tarifa del 10%; e) concediendo a la demandante un mayor u otro derecho que el Tribunal Arbitral considere apropiado”.
El lunes, el ministro de Defensa Legal del Estado, Pablo Menacho, denunció a su antecesora en el cargo, Cecilia Rocabado, por presunta negligencia y por haber firmado dos acuerdos en octubre del 2009 “en condiciones desfavorables para el Estado boliviano”.
ETI contrató al mejor bufete
La “Notificación de Arbitraje y Declaración de la Demanda”, presentada por Euro Telecom International NV (ETI) ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés), está firmada por un renombrado bufete de abogados de Nueva York.
El documento, que lleva el sello del bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, está firmado por Mario Siragusa (experto en asuntos corporativos y comerciales), Ferdinando Emanuele, William B. McGurn y Claudia Annacker.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP es un bufete internacional con sede en One Liberty Plaza en Nueva York. La empresa cuenta actualmente con oficinas en Washington DC, Hong Kong, Beijing, Londres, Roma, Milán, Bruselas, Moscú, Frankfurt, Colonia y París. Emplea a más de 900 abogados de todo el mundo, con su oficina más grande que se encuentra en Nueva York. La práctica internacional Cleary es reconocida mundialmente.
El 15 de octubre del 2009, La Razón informó que ETI había recurrido a un nuevo arbitraje, esta vez ante un Comité ad hoc de Naciones Unidas (Uncitral). Una semana después, el 21 de octubre, el CIADI dio por concluido el arbitraje iniciado por ETI contra el Estado boliviano a solicitud de la firma extranjera, la cual interpuso la demanda luego de la nacionalización de Entel.
Según la “Notificación de Arbitraje y Declaración de la Demanda”, a la que tuvo acceso
La Razón, el consorcio ETI solicita el pago de parte del Estado boliviano de un “interés compuesto” del 10% aplicado sobre el monto de compensación que se establezca en el laudo arbitral, que según la transnacional debería ser de más de 700 millones de euros (unos $us 1.001 millones).
El 10% del monto de compensación demandado representaría $us 100,1 millones adicionales. Pero, además, ETI (la demandante) solicita que Bolivia (la demandada) pague los honorarios legales y gastos de arbitraje en los que está incurriendo la primera.
Este documento, en su punto VII de Solicitud de Relevamiento señala: “(...) la demandante respetuosamente solicita que el Tribunal Arbitral emita un laudo: a) declarando que la demandada ha violado sus obligaciones bajo el TBI (Tratado Bilateral de Inversiones) Holanda-Bolivia; b) ordenando a la demandada a pagar una justa compensación por las pérdidas incurridas por la demandante, incluyendo las pérdidas de sus inversiones y las pérdidas de sus ganancias y oportunidades de negocios, en un monto no menor a 700 millones de euros; c) ordenando a la demandada a pagar los honorarios y gastos de este arbitraje, incluyendo honorarios legales; d) ordenando a la demandada a pegar un interés compuesto a una tarifa del 10%; e) concediendo a la demandante un mayor u otro derecho que el Tribunal Arbitral considere apropiado”.
El lunes, el ministro de Defensa Legal del Estado, Pablo Menacho, denunció a su antecesora en el cargo, Cecilia Rocabado, por presunta negligencia y por haber firmado dos acuerdos en octubre del 2009 “en condiciones desfavorables para el Estado boliviano”.
ETI contrató al mejor bufete
La “Notificación de Arbitraje y Declaración de la Demanda”, presentada por Euro Telecom International NV (ETI) ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés), está firmada por un renombrado bufete de abogados de Nueva York.
El documento, que lleva el sello del bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, está firmado por Mario Siragusa (experto en asuntos corporativos y comerciales), Ferdinando Emanuele, William B. McGurn y Claudia Annacker.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP es un bufete internacional con sede en One Liberty Plaza en Nueva York. La empresa cuenta actualmente con oficinas en Washington DC, Hong Kong, Beijing, Londres, Roma, Milán, Bruselas, Moscú, Frankfurt, Colonia y París. Emplea a más de 900 abogados de todo el mundo, con su oficina más grande que se encuentra en Nueva York. La práctica internacional Cleary es reconocida mundialmente.
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