* Bolivia en octubre de 2007 renunció al CIADI y argumentó la nulidad de la competencia de este organismo en el arbitraje presentado por ETI.
El Gobierno objeta los acuerdos de Arbitraje Ad Hoc en el caso de Euro Telecom International (ETI) que, en octubre del 2009, suscribió su ex representante, Cecilia Rocabado, cuando ejercía como Ministra de Defensa Legal del Estado.
La administración Morales impugna los convenios firmados por Rocabado porque la ex Ministra “suscribió estos acuerdos sin la autorización y sin el dictamen positivo previo del Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado”, aseguró su sucesor, Pablo Menacho.
“Los plenos poderes” concedidos a la ex Ministra, aprobados el 2 de octubre del 2009, le autorizaban “asumir defensa exclusivamente dentro del arbitraje iniciado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y no tiene la capacidad de iniciar un nuevo arbitraje fuera de éstas”.
En octubre del 2007, Bolivia renunció al CIADI, por lo que insistió y argumentó la nulidad de la competencia de este organismo en el arbitraje presentado por ETI, ex propietaria de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). Esta nulidad fue reconocida por el Tribunal arbitral el 21 de octubre de 2009.
La administración Morales asegura que Rocabado “en combinación” con el ex viceministro de Defensa Legal del Estado, Javier Antonio Viscarra Osuna”, el 16 de octubre de 2009 firmó el “Acuerdo de Arbitraje Ad Hoc” y el 20 del mismo mes el “complemento al Acuerdo de Arbitraje Ad Hoc”.
Una vez suscritos, el Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado, el 10 de noviembre, rechazó los convenios e instruyó a Rocabado que informe al Tribunal Arbitral del CIADI está posición gubernamental. Instructivo que no fue cumplido por la ex autoridad, y casi un mes después, recién el 8 de diciembre, “remitió una nota” a esa instancia, en la cual “de forma vaga e imprecisa se hizo mención a la decisión” de esa máxima instancia, señala el informe del Ministerio de Transparencia.
Sin embargo, ya el 14 de octubre del año pasado, la ex Ministra anunció que ETI recurrió a un arbitraje en el marco de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, sigla en inglés).
Los convenios firmados por Rocabado fueron calificados de “nocivos” a los intereses del Estado por el Ministro de Defensa Legal, al asegurar que el primer acuerdo “establece reglas de procedimiento en el cual se acuerda iniciar un nuevo procedimiento de arbitraje diferente al que ya estaba encarado y llevado adelante ante el CIADI”.
En ese marco, el Gobierno rechaza un nuevo arbitraje de ETI, porque “la ex Ministra no contaba con los respectivos plenos poderes para comprometer la fe del Estado en un nuevo arbitraje internacional”, de acuerdo con lo indicado por Menacho.
De todas maneras, hasta el momento todavía “no” hay ningún proceso arbitral en el caso de ETI contra el Estado, según informó la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, quien este lunes recibió las denuncias de su colega Menacho en contra de la ex ministra Rocabado.
La ex ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, renunció a los derechos del país de “objetar la competencia del centro, la designación de los árbitros” en el caso de ETI contra Bolivia, asegura la denuncia de su sucesor.
Además, “acordó plazos” insuficientes para realizar el análisis que permita una defensa de los intereses del Estado en un nuevo proceso, puntualizó el Ministro.
Menacho asegura que su predecesora no sólo vulneró la Constitución Política del Estado, sino el decreto supremo 29196, del 18 de julio del 2007, que “crea el Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado”.
Ayer, el Ministro de Defensa Legal del Estado denunció ante su colega de Transparencia los “posibles hechos de negligencia y corrupción que hubiesen sido efectuados por la ex ministra de Defensa, Cecilia Rocabado, y el ex viceministro de Defensa Legal, Javier Viscarra Osuna, en la firma de los dos acuerdos.
El convenio del 16 de octubre se “establece” un arbitraje fuera de CIADI. En tanto que en el complemento del 20 del mismo mes “la ex Ministra decide la renuncia por parte del Estado boliviano de los derechos a objetar la jurisdicción del nuevo tribunal de arbitraje”.
El Gobierno objeta los acuerdos de Arbitraje Ad Hoc en el caso de Euro Telecom International (ETI) que, en octubre del 2009, suscribió su ex representante, Cecilia Rocabado, cuando ejercía como Ministra de Defensa Legal del Estado.
La administración Morales impugna los convenios firmados por Rocabado porque la ex Ministra “suscribió estos acuerdos sin la autorización y sin el dictamen positivo previo del Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado”, aseguró su sucesor, Pablo Menacho.
“Los plenos poderes” concedidos a la ex Ministra, aprobados el 2 de octubre del 2009, le autorizaban “asumir defensa exclusivamente dentro del arbitraje iniciado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y no tiene la capacidad de iniciar un nuevo arbitraje fuera de éstas”.
En octubre del 2007, Bolivia renunció al CIADI, por lo que insistió y argumentó la nulidad de la competencia de este organismo en el arbitraje presentado por ETI, ex propietaria de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). Esta nulidad fue reconocida por el Tribunal arbitral el 21 de octubre de 2009.
La administración Morales asegura que Rocabado “en combinación” con el ex viceministro de Defensa Legal del Estado, Javier Antonio Viscarra Osuna”, el 16 de octubre de 2009 firmó el “Acuerdo de Arbitraje Ad Hoc” y el 20 del mismo mes el “complemento al Acuerdo de Arbitraje Ad Hoc”.
Una vez suscritos, el Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado, el 10 de noviembre, rechazó los convenios e instruyó a Rocabado que informe al Tribunal Arbitral del CIADI está posición gubernamental. Instructivo que no fue cumplido por la ex autoridad, y casi un mes después, recién el 8 de diciembre, “remitió una nota” a esa instancia, en la cual “de forma vaga e imprecisa se hizo mención a la decisión” de esa máxima instancia, señala el informe del Ministerio de Transparencia.
Sin embargo, ya el 14 de octubre del año pasado, la ex Ministra anunció que ETI recurrió a un arbitraje en el marco de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, sigla en inglés).
Los convenios firmados por Rocabado fueron calificados de “nocivos” a los intereses del Estado por el Ministro de Defensa Legal, al asegurar que el primer acuerdo “establece reglas de procedimiento en el cual se acuerda iniciar un nuevo procedimiento de arbitraje diferente al que ya estaba encarado y llevado adelante ante el CIADI”.
En ese marco, el Gobierno rechaza un nuevo arbitraje de ETI, porque “la ex Ministra no contaba con los respectivos plenos poderes para comprometer la fe del Estado en un nuevo arbitraje internacional”, de acuerdo con lo indicado por Menacho.
De todas maneras, hasta el momento todavía “no” hay ningún proceso arbitral en el caso de ETI contra el Estado, según informó la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, quien este lunes recibió las denuncias de su colega Menacho en contra de la ex ministra Rocabado.
La ex ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, renunció a los derechos del país de “objetar la competencia del centro, la designación de los árbitros” en el caso de ETI contra Bolivia, asegura la denuncia de su sucesor.
Además, “acordó plazos” insuficientes para realizar el análisis que permita una defensa de los intereses del Estado en un nuevo proceso, puntualizó el Ministro.
Menacho asegura que su predecesora no sólo vulneró la Constitución Política del Estado, sino el decreto supremo 29196, del 18 de julio del 2007, que “crea el Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado”.
Ayer, el Ministro de Defensa Legal del Estado denunció ante su colega de Transparencia los “posibles hechos de negligencia y corrupción que hubiesen sido efectuados por la ex ministra de Defensa, Cecilia Rocabado, y el ex viceministro de Defensa Legal, Javier Viscarra Osuna, en la firma de los dos acuerdos.
El convenio del 16 de octubre se “establece” un arbitraje fuera de CIADI. En tanto que en el complemento del 20 del mismo mes “la ex Ministra decide la renuncia por parte del Estado boliviano de los derechos a objetar la jurisdicción del nuevo tribunal de arbitraje”.
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