El Gobierno aún no aclara ante cuál jurisdicción se defenderá del arbitraje entablado por Euro Telecom International (ETI) por la nacionalización de Entel, mientras que el resarcimiento económico que solicita la transnacional se elevó de 350 millones de dólares a 990 millones por las dilaciones que sufre el proceso.
La Prensa solicitó al ministro de Defensa Legal, Pablo Menacho, una explicación de la estrategia que seguirá el Gobierno, pero la autoridad pidió que se le enviara un cuestionario, que no respondió.
El martes, esta cartera de Estado y el Ministerio de Transparencia cuestionaron el acuerdo al que llegó con ETI la ex ministra de Defensa Legal Cecilia Rocabado para que el arbitraje se sustancie mediante dos acuerdos ad hoc en las Naciones Unidas. Antes, el Estado en 2007 había desconocido la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial”.
El Gobierno inició un proceso a Rocabado, por presunta corrupción y negligencia en la firma de los dos convenios con ETI sin consultar al Consejo de Defensa Legal del Estado, hecho que permitió que se entablase un proceso arbitral desfavorable para Bolivia por la nacionalización de la telefónica en 2008.
Menacho simplemente atinó a señalar que el Ejecutivo siempre buscará una solución conciliatoria en la medida que los términos sean favorables al Estado.
Entretanto, según la notificación de arbitraje y declaración de la demanda interpuesta por ETI en octubre de 2009, solicita que el Tribunal Arbitral que se forme emita un laudo que ordene a Bolivia a pagar una “justa compensación por las pérdidas incurridas por Entel, incluyendo las pérdidas de sus inversiones y de sus ganancias y oportunidades de negocios, en un monto no menor a 700 millones de euros” (equivalentes a 990 millones de dólares).
En 2007, cuando se conoció el inicio del proceso contra Bolivia, la demanda era de 350 millones de dólares.
ETI reclama el reconocimiento de su inversión de 610 millones de dólares en Entel, beneficio que se elevó a 878 millones por la distribución de capital de 198 millones, dividendos de 228 millones, impuestos y tasas de regulación de 452 millones en favor del país, además de la expansión de los servicios de telefonía y su abaratamiento, empleo y entrenamiento vocacional de técnicos.
ETI reclama su inversión de $us 610 millones en el país.
Para destacar
El Gobierno acusa a Rocabado de tomar decisiones sin consultar al Consejo de Defensa Legal del Estado.
La ex autoridad aludida dijo que acató la Ley LOPE y negoció un acuerdo favorable para Bolivia.
La ex Ministra de Defensa Legal dice que el país podrá demandar a ETI y exigir el pago de daños y perjuicios.
El Ejecutivo logró evitar arbitrajes con los accionistas de Transredes, Chaco, Andina, CLHB y negocia con AirBP.
La Prensa solicitó al ministro de Defensa Legal, Pablo Menacho, una explicación de la estrategia que seguirá el Gobierno, pero la autoridad pidió que se le enviara un cuestionario, que no respondió.
El martes, esta cartera de Estado y el Ministerio de Transparencia cuestionaron el acuerdo al que llegó con ETI la ex ministra de Defensa Legal Cecilia Rocabado para que el arbitraje se sustancie mediante dos acuerdos ad hoc en las Naciones Unidas. Antes, el Estado en 2007 había desconocido la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial”.
El Gobierno inició un proceso a Rocabado, por presunta corrupción y negligencia en la firma de los dos convenios con ETI sin consultar al Consejo de Defensa Legal del Estado, hecho que permitió que se entablase un proceso arbitral desfavorable para Bolivia por la nacionalización de la telefónica en 2008.
Menacho simplemente atinó a señalar que el Ejecutivo siempre buscará una solución conciliatoria en la medida que los términos sean favorables al Estado.
Entretanto, según la notificación de arbitraje y declaración de la demanda interpuesta por ETI en octubre de 2009, solicita que el Tribunal Arbitral que se forme emita un laudo que ordene a Bolivia a pagar una “justa compensación por las pérdidas incurridas por Entel, incluyendo las pérdidas de sus inversiones y de sus ganancias y oportunidades de negocios, en un monto no menor a 700 millones de euros” (equivalentes a 990 millones de dólares).
En 2007, cuando se conoció el inicio del proceso contra Bolivia, la demanda era de 350 millones de dólares.
ETI reclama el reconocimiento de su inversión de 610 millones de dólares en Entel, beneficio que se elevó a 878 millones por la distribución de capital de 198 millones, dividendos de 228 millones, impuestos y tasas de regulación de 452 millones en favor del país, además de la expansión de los servicios de telefonía y su abaratamiento, empleo y entrenamiento vocacional de técnicos.
ETI reclama su inversión de $us 610 millones en el país.
Para destacar
El Gobierno acusa a Rocabado de tomar decisiones sin consultar al Consejo de Defensa Legal del Estado.
La ex autoridad aludida dijo que acató la Ley LOPE y negoció un acuerdo favorable para Bolivia.
La ex Ministra de Defensa Legal dice que el país podrá demandar a ETI y exigir el pago de daños y perjuicios.
El Ejecutivo logró evitar arbitrajes con los accionistas de Transredes, Chaco, Andina, CLHB y negocia con AirBP.
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