La ex ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, afirmó que el acuerdo con la empresa ETI para seguir un arbitraje por el caso Entel, fuera del CIADI, fue suscrito con el asesoramiento técnico de un bufete internacional de abogados, contratado en gestiones anteriores a la suya.
“Bajo el asesoramiento técnico de los abogados internacionales y del equipo del Ministerio de Defensa Legal, se procede a ratificar al tribunal arbitral conformado el 2008 (para el proceso en el CIADI) y por esos motivos se conviene en que no se opondrá a la competencia del tribunal ad hoc, ni se observará el nombramiento de los árbitros; lo que es sólo una ratificación de las personas designadas el 2008, que no fueron observadas por Bolivia”, dijo Rocabado, en respuesta a un cuestionario remitido por La Razón.
Señaló que los abogados externos fueron contratados por el Estado el 2007 (corresponde a la gestión de Héctor Arce, hoy presidente de la Cámara de Diputados) y, luego, recontratados en las gestiones 2008 y 2009. “Yo no participé en la contratación de un bufete internacional externo”, aseguró la ex ministra y luego precisó que se trata del Estudio Jurídico Foley Hoag Lp.
Este proceso se inició en octubre del 2007, cuando la firma italiana Euro Telecom International NV (ETI) apeló al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión), luego de que el Estado recuperó el 49% de las acciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). Sin embargo, Bolivia ya se había retirado de ese tribunal en mayo del 2007.
El 14 de octubre del 2009, Rocabado informó que ETI recurrió a un nuevo arbitraje ante un comité ad hoc de las Naciones Unidas. El 16 y el 20 de ese mismo mes, la ex ministra firmó dos acuerdos para permitir que el proceso sea trasladado a otra instancia, hecho por el cual fue denunciada.
Rocabado reiteró que los acuerdos permiten a Bolivia “seguridad jurídica y la posibilidad de contrademandar a la empresa ETI por daños y perjuicios”.
Sobre la demanda
Indemnización • ETI subió su requerimiento en la demanda contra Bolivia, de $us 350 millones a 700 millones de euros (cerca de $us 1.000 millones).
Adicional • El consorcio italiano pide además un “interés compuesto” del 10% sobre el monto de compensación que se establezca en el arbitraje.
“Bajo el asesoramiento técnico de los abogados internacionales y del equipo del Ministerio de Defensa Legal, se procede a ratificar al tribunal arbitral conformado el 2008 (para el proceso en el CIADI) y por esos motivos se conviene en que no se opondrá a la competencia del tribunal ad hoc, ni se observará el nombramiento de los árbitros; lo que es sólo una ratificación de las personas designadas el 2008, que no fueron observadas por Bolivia”, dijo Rocabado, en respuesta a un cuestionario remitido por La Razón.
Señaló que los abogados externos fueron contratados por el Estado el 2007 (corresponde a la gestión de Héctor Arce, hoy presidente de la Cámara de Diputados) y, luego, recontratados en las gestiones 2008 y 2009. “Yo no participé en la contratación de un bufete internacional externo”, aseguró la ex ministra y luego precisó que se trata del Estudio Jurídico Foley Hoag Lp.
Este proceso se inició en octubre del 2007, cuando la firma italiana Euro Telecom International NV (ETI) apeló al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión), luego de que el Estado recuperó el 49% de las acciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). Sin embargo, Bolivia ya se había retirado de ese tribunal en mayo del 2007.
El 14 de octubre del 2009, Rocabado informó que ETI recurrió a un nuevo arbitraje ante un comité ad hoc de las Naciones Unidas. El 16 y el 20 de ese mismo mes, la ex ministra firmó dos acuerdos para permitir que el proceso sea trasladado a otra instancia, hecho por el cual fue denunciada.
Rocabado reiteró que los acuerdos permiten a Bolivia “seguridad jurídica y la posibilidad de contrademandar a la empresa ETI por daños y perjuicios”.
Sobre la demanda
Indemnización • ETI subió su requerimiento en la demanda contra Bolivia, de $us 350 millones a 700 millones de euros (cerca de $us 1.000 millones).
Adicional • El consorcio italiano pide además un “interés compuesto” del 10% sobre el monto de compensación que se establezca en el arbitraje.
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