El Gobierno dará “batalla legal” para anular el convenio firmado por la ex ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, con Euro Telecom International NV (ETI), ex accionista mayoritario de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
Así lo hizo conocer anoche la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, al anunciar la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía en contra de la ex ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, y del ex viceministro Javier Vizcarra.
Sobre ambas ex autoridades pesan las denuncias de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
“Vamos a tener que enfrentar una batalla legal, seguramente, pero lo vamos a hacer”, sostuvo la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien —a nombre del Gobierno— objetó nuevamente los acuerdos firmados por la ex ministra del área debido a que actuó fuera de sus competencias.
El 1 de mayo del 2008, el Gobierno nacionalizó Entel. Antes (octubre del 2007), la accionista mayoritaria ETI había apelado al CIADI, luego de que el Estado recuperó el 49% de las acciones que pertenecían a los bolivianos.
El consorcio pidió en ese entonces una indemnización de $us 350 millones. Sin embargo, Bolivia ya se había retirado de ese tribunal en mayo del 2007.
El 14 de octubre del 2009, Rocabado informó que ETI recurrió a un nuevo arbitraje ante un comité “ad hoc” de Naciones Unidas, y calificó al hecho de favorable para el país, porque se trataba del reconocimiento de la empresa italiana sobre la falta de competencia del CIADI, ya que Bolivia se había retirado de ese tribunal. El 16 y el 20 de ese mismo mes, la ex ministra firmó los acuerdos para permitir que el arbitraje se vaya a otra instancia.
El 3 de noviembre, La Razón informó que el CIADI dio por concluido el arbitraje iniciado por la italiana ETI contra el Estado boliviano a solicitud de la firma extranjera. La orden de tomar nota de la terminación del procedimiento fue emitida por el tribunal de arbitraje el 21 de octubre del 2009, en base a la Regla 44 del Convenio CIADI.
La ex ministra Rocabado “firmó un convenio en inglés, renunció a los derechos que tiene el Estado boliviano (para defenderse) y actuó sin tener un poder pleno para suscribir este tipo de convenio” con ETI, sostuvo la Ministra de Transparencia.
Según Suxo, la denuncia contra la ex ministra señala que podría haberse excedido en sus funciones al haber aceptado un acuerdo con ETI para que otro tribunal analice el caso.
También señaló que Cecilia Rocabado desobedeció durante un mes una recomendación de la Comisión de Defensa Legal del Estado en sentido de que debía desconocer el acuerdo inicialmente alcanzado.
Se busca negociación directa
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, reveló que el Gobierno busca una negociación directa con Euro Telecom International NV (ETI) para evitar que el Estado pierda un “monto de dinero considerable”.
“Nosotros vamos a seguir en la misma línea que teníamos, una negociación directa, sobretodo para lograr que el Estado boliviano no tenga que perder un monto de dinero considerable”, precisó la funcionaria.
El 21 de enero, La Razón informó de que la italiana ETI pidió (tras la suscripción de un convenio para la formación de un tribunal ad hoc) una compensación de más de 700 millones de euros (unos $us 1.000 millones) por la nacionalización de Entel.
Según la “Notificación de Arbitraje y Declaración de la Demanda”, al que tuvo acceso este medio, ETI solicita además el pago de parte del Estado boliviano de un “interés compuesto” del 10% aplicado sobre el monto de compensación que se establezca en el laudo arbitral, que según la transnacional debería ser de más de 700 millones de euros
Así lo hizo conocer anoche la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, al anunciar la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía en contra de la ex ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, y del ex viceministro Javier Vizcarra.
Sobre ambas ex autoridades pesan las denuncias de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
“Vamos a tener que enfrentar una batalla legal, seguramente, pero lo vamos a hacer”, sostuvo la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien —a nombre del Gobierno— objetó nuevamente los acuerdos firmados por la ex ministra del área debido a que actuó fuera de sus competencias.
El 1 de mayo del 2008, el Gobierno nacionalizó Entel. Antes (octubre del 2007), la accionista mayoritaria ETI había apelado al CIADI, luego de que el Estado recuperó el 49% de las acciones que pertenecían a los bolivianos.
El consorcio pidió en ese entonces una indemnización de $us 350 millones. Sin embargo, Bolivia ya se había retirado de ese tribunal en mayo del 2007.
El 14 de octubre del 2009, Rocabado informó que ETI recurrió a un nuevo arbitraje ante un comité “ad hoc” de Naciones Unidas, y calificó al hecho de favorable para el país, porque se trataba del reconocimiento de la empresa italiana sobre la falta de competencia del CIADI, ya que Bolivia se había retirado de ese tribunal. El 16 y el 20 de ese mismo mes, la ex ministra firmó los acuerdos para permitir que el arbitraje se vaya a otra instancia.
El 3 de noviembre, La Razón informó que el CIADI dio por concluido el arbitraje iniciado por la italiana ETI contra el Estado boliviano a solicitud de la firma extranjera. La orden de tomar nota de la terminación del procedimiento fue emitida por el tribunal de arbitraje el 21 de octubre del 2009, en base a la Regla 44 del Convenio CIADI.
La ex ministra Rocabado “firmó un convenio en inglés, renunció a los derechos que tiene el Estado boliviano (para defenderse) y actuó sin tener un poder pleno para suscribir este tipo de convenio” con ETI, sostuvo la Ministra de Transparencia.
Según Suxo, la denuncia contra la ex ministra señala que podría haberse excedido en sus funciones al haber aceptado un acuerdo con ETI para que otro tribunal analice el caso.
También señaló que Cecilia Rocabado desobedeció durante un mes una recomendación de la Comisión de Defensa Legal del Estado en sentido de que debía desconocer el acuerdo inicialmente alcanzado.
Se busca negociación directa
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, reveló que el Gobierno busca una negociación directa con Euro Telecom International NV (ETI) para evitar que el Estado pierda un “monto de dinero considerable”.
“Nosotros vamos a seguir en la misma línea que teníamos, una negociación directa, sobretodo para lograr que el Estado boliviano no tenga que perder un monto de dinero considerable”, precisó la funcionaria.
El 21 de enero, La Razón informó de que la italiana ETI pidió (tras la suscripción de un convenio para la formación de un tribunal ad hoc) una compensación de más de 700 millones de euros (unos $us 1.000 millones) por la nacionalización de Entel.
Según la “Notificación de Arbitraje y Declaración de la Demanda”, al que tuvo acceso este medio, ETI solicita además el pago de parte del Estado boliviano de un “interés compuesto” del 10% aplicado sobre el monto de compensación que se establezca en el laudo arbitral, que según la transnacional debería ser de más de 700 millones de euros
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