La lucha contra la piratería del software permanece estancada desde hace más de 10 años por falta de políticas públicas, el 83% de los equipos informáticos en el país utiliza programas ilegales.
Así lo revela un diagnóstico de Software Legal, una organización que defiende los derechos de propiedad intelectual de las empresas legalmente establecidas desde hace más de 17 años.
Tiene presencia en Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia y representa a más de 20 fabricantes, entre pequeñas y medianas empresas (pymes) y compañías internacionales líderes.
Su trabajo consiste en promover iniciativas que generen conciencia sobre los efectos negativos de utilizar programas ilegales y la necesidad de regular y proteger la propiedad intelectual.
Su gerente general Hernán Alberti informó que en la actualidad Bolivia junto a Argentina y Paraguay tienen los índices más altos de piratería, considerando que la media mundial es de 38% y la de América Latina 60%.
Estos promedios se miden anualmente a través de una investigación y relevamiento de las industrias tecnológicas
De acuerdo a un estudio reciente de la Bussines Software Alliance (BSA) difundido en el portal de la BBC Mundo el costo total en América Latina de todo el mercado ilegal alcanzó el 2009 más de US$ 6.200 millones, el doble que tres años atrás.
Más de la tercera parte de esas pérdidas se producen en Brasil. Es el país del continente que más caro le sale a la industria del software, con un mercado negro que alcanza los US$ 2.250 millones.
En el otro extremo, Honduras, que aunque no pasa de los US$ 17 millones, casi ha duplicado la tasa desde el año pasado y, en proporción a su población, piratea alrededor de un 20% más que su vecino brasileño.
La piratería aumentó mucho más rápido en los países emergentes, donde el uso de ordenadores personales se ha extendido, señala el informe.
La problemática atenta contra la generación de empleos, cobro de impuestos, la creación de nuevas empresas que contraten personal y aporten al país.
Pero también golpea con mayor fuerza a las PyMes locales que tienen su fuerza de ventas a nivel interno y pocas puedan llegar a exportar y ampliar mercados.
Según Alberti el país no ha podido avanzar en una lucha más eficiente contra este mal por falta de políticas públicas, mensajes de defensa de la propiedad intelectual y falta de conocimiento de la problemática.
Bolivia pierde $us 80 millones al año en impuestos que se dejan de pagar por la comercialización de softwre legal.
Además, sólo reduciendo en 10% el índice de piratería, se podrían crear 4.000 empleos calificados que recibirían elevados salarios y que permitirían generar ingresos adicionales a las empresas vinculadas. Por cada dólar de venta de licencias, se originan dos más por la prestación de servicios de mantenimiento o soporte técnico.
Perjuicios y beneficios de programas
El uso de software ilegal puede generar problemas legales y técnicos. Los programas legales tienen garantía, soporte técnico y contacto directo con el fabricante.
Campaña apuesta por legalizar los programas
Una campaña que se inició el 15 de abril busca promover el uso de software legal en todas las empresas y hogares a través de una auditoría gratuita para los interesados.
El gerente general de Software Legal, Hernán Alberti, señaló que la campaña de regularización tiene el objetivo de contactar a las empresas y darles la posibilidad de que legalicen sus programas informáticos. La organización presta asesoramiento técnico y ayuda a que las empresas eviten el pago de multas, Alberti explicó que el trabajo consiste en realizar primero un diagnostico para conocer las licencias con las que cuentan los equipos informáticos de una empresa.
Luego se efectúa una auditoría para determinar la legalidad de los programas informáticos y, posteriormente, la empresa cuenta con un informe de recomendaciones de modo que adquiera las licencias respectivas,
Este trabajo debe efectuarse al menos una vez al año para evitar problemas.
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