Según el informe del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la deuda de Entel S.A. es de Bs 1.054 millones.
Para el analista económico Julio Alvarado, la condonación de la deuda íntegra de Entel S.A. no beneficia al Estado, porque el perdón a la empresa de las obligaciones tributarias antes de la capitalización, como establece el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, significaría que los bolivianos tendríamos que soportar el peso de la remisión.
La Comisión de Planificación Económica de la Cámara Baja aprobó ayer en grande el proyecto General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación, el cual, entre otras disposiciones, establece otorgar frecuencias a medios privados y públicos, además de la obligatoriedad de emitir mensajes presidenciales.
DEUDA
Paralelamente, la disposición transitoria tercera, del proyecto de Ley en mención, determina que en “consideración al Decreto Supremo Nro. 29544 a través del cual el nivel central del Estado dispuso la nacionalización de Entel S.A. se condona la integridad de la deuda tributaria y adeudos regulatorios de dicha empresa, generada con anterioridad al 1ro. de Mayo de 2008”.
Según el informe del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) la deuda de Entel S.A. es de Bs 1.054 millones.
Según el proyecto de Ley de Telecomunicaciones que se encuentra en debate en la Comisión de Economía y Planificación de la Cámara Baja, la condonación de la deuda sería antes de la nacionalización, es decir, del período de capitalización.
En criterio del analista Alvarado, el Gobierno tomó una medida equivocada al nacionalizar Entel, porque los beneficios no se estarían demostrando para el Estado.
“Si es cierto que estamos condonando la deuda de la empresa transnacional que debía pagar, es una medida ineficiente, porque al final somos todos los bolivianos quienes tendremos que pagar estos impuestos que debía tributar la empresa extranjera”, sostuvo.
Por su lado, el diputado de Convergencia Nacional (CN) Javier Leigue, dijo que la condonación de la deuda responde al fracaso de la nacionalización de las empresas que eran capitalizadas.
Expresó la necesidad de fiscalizar los recursos de las empresas que fueron revertidas al Estado, porque carecerían de una auditoria.
“Las empresas nuevas carecen de todo tipo de fiscalización como ser Entel, no son auditadas se desconoce totalmente el Estado financiero”, enfatizó el diputado opositor.
Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marcelo Elio, consideró que la disposición tercera del proyecto de Ley de Telecomunicaciones, no se refiere a que se condonará la deuda a la transnacional, sino a la empresa Entel como tal.
“La Ley no es retroactiva a mi interpretación- la deuda es para Entel como empresa estatal y no así para la transnacional”, remarcó.
DECRETO DE NACIONALIZACIÓN
Antes de la nacionalización de Entel, el Gobierno dispuso en marzo de 2007, mediante Decreto Supremo 29087, la creación de una comisión Ad Hoc de negociación para la recuperación de las acciones de ETI Eurotelecom International NV en Entel S.A.
Posteriormente, dispuso la transferencia a favor del Estado, a título gratuito, de las acciones que formaban parte del fondo de capitalización.
Para luego emitir el Decreto Supremo 29544 de nacionalización de Entel determinando que los pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales y regulatorios de Entel S.A. tanto exigibles como contingentes, serían derivado a tiempo de efectuar la liquidación final para el pago a la empresa Eurotelecom International (ETI), ex administradora de la telefónica.
Dos años después, el Gobierno autoriza al Estado a pagar 100 millones de dólares de indemnización a ETI por la nacionalización de la telefónica.
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