El proyecto de Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación establece que los operadores de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión tendrán nuevas licencias para prestar servicios.
Las licencias y autorizaciones especiales que hoy rigen se convertirán en títulos habilitantes para la prestación de servicios.
“Los operadores, proveedores de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión deberán migrar sus autorizaciones transitorias especiales, licencias, autorizaciones y registros de los operadores a la presente ley en un plazo máximo de 12 meses, a partir de la aplicación de la presente ley, para la obtención del correspondiente título habilitante”, dice el artículo 127.
Un título habilitante es la autorización o derecho otorgado por autoridad competente para la prestación o realización de actividades en telecomunicaciones. Con los mismos, las concesiones para operar una red pública de telecomunicaciones se convertirán en habilitaciones de operación en red y /o prestación de servicios.
Se trata de una licencia única que habilita la prestación de servicios y operación de redes de telecomunicaciones y tecnologías para todas las operadoras que utilicen frecuencias electromagnéticas, según establece el artículo 17 del proyecto de ley.
La vigencia de los títulos habilitantes será de diez años y se podrá renovar por el mismo lapso, dice el artículo 20. Para la adecuación, el proyecto de ley establece el plazo de un año desde su promulgación, aunque si las licencias de los operadores están por concluir, la obtención del título deberá tramitarse antes.
Sin embargo, en el caso de los medios estatales como Bolivia TV y radio Patria Nueva; redes de la Policía nacional y Defensa del Estado, la migración será automática. Para ello, el proyecto señala que esos medios sólo deben registrar sus estaciones transmisoras ante la Autoridad de Control y Fiscalización en Transporte y Telecomunicaciones.
El proyecto actualmente es tratado en la Comisión de Economía y Finanzas de la Cámara Baja y se prevé que se apruebe antes del 19 de julio, según la Ley Marco de Autonomías.
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