Los sindicalizados ponen en jaque a consejeros de Cotap

Los consejeros de administración y vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí están en la posición incómoda de definir
la posible suspensión del gerente de Cotap, Eduardo Salamanca.
Los trabajadores sindicalizados pusieron en jaque de esa manera a las autoridades en virtud a que existe un plazo determinado para que se atienda su solicitud.
Sobre el tema, el presidente del Consejo de Administración de Cotap, Efraín Iporre Colque, admitió que existe un clima de inestabilidad en la cooperativa a raíz del pedido de los sindicalizados.
“Ha habido ciertas dificultades en el nivel sindical y gerencial, y eso ha dejado un poco inestable a la institución”, dijo al sostener que ese clima de tensión surge a raíz de una investigación que se le sigue a Salamanca.
Recordó que en la gestión 2009, el socio Marcial Plaza denunció al actual gerente por la presunta comisión del delito de falsedad cuya investigación continúa en el Ministerio Público.
Iporre Colque afirma que al finalizar la gestión de algunos consejeros recién repercute el caso e incluso desde el Ministerio Público se les conminó a ser parte civil en el proceso porque se trata de los intereses de la cooperativa.
Ahora, según el consejero, las autoridades no pueden emitir juicios de valor porque no corresponde ya que el fiscal encargado de la investigación será quién determine lo que manda la ley.
“El Consejo de Administración y Vigilancia no se ha cruzado de brazos, asumió una posición”, dijo al explicar que tras la conminatoria del Ministerio Público se constituyeron en parte civil en el proceso de investigación que se le sigue al gerente de Cotap.

Presunción de inocencia

Para el presidente del Concejo de Administración de Cotap, Efraín Iporre Colque, una suspensión de la autoridad vulneraría un precepto constitucional, la presunción de inocencia.
“En nuestra opinión, no se puede suspender (al gerente)”, dijo al sostener que habrá una sesión de los consejeros, instancia donde se analizará qué hacer sobre la solicitud de los trabajadores.
Sin embargo, afirmó que se solicitará un análisis jurídico legal para tomar una decisión por todos los consejeros. Dijo que en el presente caso no existe una acusación formal ya que la investigación prosigue su curso en la instancia del Ministerio Público.