El documento pasará, ahora, a la Cámara de Senadores para su revisión y sanción correspondiente.
A las 11.00 de ayer, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Se establecieron modificaciones de contenido y forma que, después de cuatro días de debate, dieron lugar a la remisión del texto que consta de 112 artículos, nueve disposiciones transitorias y una disposición final, a la Cámara de Senadores para su tratamiento y revisión, y posterior aprobación.
EL respaldo. El ministro de Comunicación, Iván Canelas, desde Cochabamba, destacó el consenso para elaborar el texto.
El diputado masista y presidente de la Comisión de Planificación encargada de consensuar el documento, Marcelo Elío, citó que “fue aprobado el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que goza del consenso del 100 por ciento de las instituciones involucradas en el tema de la comunicación“.
El proyecto fue modificado en 70 por ciento fruto de las observaciones de los sectores involucrados en el tema, complementó.
Rechazo. Legisladores de oposición criticaron reiterativamente y en coincidencia el hecho de que esta disposición es una forma de coartar la libertad de expresión y acción de los medios privados. La diputada Elizabeth Reyes, de Unidad Nacional, dijo que “se pretende subordinar a los medios al mandato del Gobierno, se coarta la libertad de expresión y se premia con más medios a los que apoyan las irregularidades masistas”.
RENOVACIÓN DE LICENCIAS CADA 15 AÑOS. Elío remarcó que los medios deberán renovar sus licencias cada 15 años, en lugar de los 10 previstos inicialmente. Así, los titulares de las autorizaciones transitorias especiales o concesiones para el funcionamiento de emisoras de radio y televisión deben adecuar su ordenamiento legal a las nuevas disposiciones legales en el término de un año.
La distribución de los porcentajes del espacio radioeléctrico para los medios de comunicación es de 33 para el Estado, 33 para privados, 17 para el sector social comunitario y 17 para los pueblos indígenas y campesinos.
“Esta distribución fue democrática, basada en números y cálculos que tomaron en cuenta las perspectivas de crecimiento”.
Otro detalle que Elío mencionó fue la obligatoriedad de transmisión, en cadena nacional, dos veces por año, de los mensajes presidenciales “a inicio de gestión y a mitad del año”.
Los legisladores eliminaron por unanimidad la disposición transitoria octava de la ley que condonaba una deuda de más de 1.000 millones de bolivianos a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), por lo que el Estado no cubrirá la deuda tributaria contraída hasta 2008 por la empresa bajo el régimen de capitalización.
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