Los consejeros y el Sindicato de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre (COTES) decidieron, cada uno por su cuenta, iniciar una defensa de los intereses institucionales ante las medidas dispuestas en el proyecto de Ley de Telecomunicaciones. No pueden hacerlo juntos –aseguran– por la confrontación que sostienen y por la “soberbia” de la que se acusan mutuamente.
Las diferencias entre Sindicato y consejeros de COTES nuevamente tocaron fondo ayer. En una evidente disputa de protagonismo, cada uno, por su lado, se arrogó a la “férrea” defensa de la cooperativa frente a las disposiciones observadas del proyecto de Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación.
Los ocho consejeros llamaron a conferencia de prensa para explicar que, gracias a las gestiones de FECOTEL, se logró abrir un espacio de diálogo con la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados donde se lograron avances en lo referente al impacto económico con respecto al movimiento cooperativista, según informó el presidente del Consejo de Administración, Luis Paz.
Cuando los periodistas abandonaban dicha conferencia, los miembros del Sindicato los esperaban en el hall de salida de la cooperativa, para desmerecer todo lo anteriormente informado. La dirigente Cecilia Campos restó crédito a dichos avances y dijo que todo lo logrado se debe atribuir a la Confederación que los aglutina ya que ellos ya conocían de los logros, la anterior semana. Campos refirió que el Gobierno tiene la percepción de que FECOTEL es un grupo de “corruptos” y no ahorró palabras para descalificarlos al igual que a los consejeros locales.
Reconoció que existe “soberbia” de ambos bandos por lo cual no pueden reunirse y proyectar una defensa conjunta. Del otro lado, los consejeros temen que el Sindicato tenga otra percepción respecto a la Ley de Telecomunicaciones.
NO TIENEN RECONOCIMIENTO
Pero hay más. El Sindicato mostró documentación, a su retorno de La Paz, que certifica que los consejeros aún no están “reconocidos” por la DIGECO, lo cual significa que están obrando “ilegalmente”.
Al respecto, los consejeros respondieron que ellos cumplieron con todos los requisitos exigidos y que la certificación no implica un desconocimiento sino que “aún” no están reconocidos, hecho que es cuestión de tiempo. Ven una medida política de por medio orquestada por sus “detractores”; éstos creen que todos sus actos están viciados de nulidad.
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