Mediante un comunicado, tras la sanción de la Ley de Telecomunicaciones por la Asamblea Legislativa, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) denunció que la normativa vulnera la Carta Magna y convenios internacionales sobre la libertad de prensa y expresión.
“La norma aprobada de manera inmoderada, expedita y furtiva viola los artículos 13, 21, 25, 130, 137 de la Constitución Política del Estado y el espíritu de la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Carta Democrática de la OEA”, dicta.
La APLP menciona además los artículos 111 y 55 sobre la posibilidad que las comunicaciones sean intervenidas en caso de peligro para el Estado o casos de “conmoción interna”, además de las atribuciones excesivas a los entes de control como la ATT.
“La APLP hace notar que esa legislación es inconstitucional porque el artículo 21 de la Constitución establece textualmente que las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a la privacidad, a la intimidad y a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”.
Según la institución, la premura con la que se aprobó la normativa sin tomar en cuenta las observaciones de los sectores, pretende establecer reglas que no concuerdan con la CPE y por tanto vulneran los derechos civiles y pueden atentar a la labor de la prensa.
“Los legisladores que aprobaron la Ley de Telecomunicaciones obviaron además el artículo 130 de la Constitución que ni siquiera la Acción Constitucional de Protección de Privacidad procede para “levantar el secreto en materia de prensa”.
La Ley sancionada por el Legislativo viola el subtítulo 3 del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que textualmente define que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
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