Página siete: Ley de Telecomunicaciones más riesgos que beneficios

La Ley de Telecomunicaciones que acaba de ser sancionada por el Senado, y que debe ser ahora promulgada por el presidente Evo Morales, tiene un sinnúmero de aspectos positivos, como normalizar y regularizar innumerables aspectos técnicos del sector. Pero tiene dos temas de alta preocupación, que sin duda generarán en los años venideros fuertes tensiones y polémicas: por un lado, la definición de que sólo un 33 por ciento de las frecuencias deben quedar en manos privadas; por otro, que las autoridades podrán espiar las conversaciones telefónicas en ciertas circunstancias.

Las consecuencias del primer asunto mencionado son evidentes: hoy, por lo menos un 95 por ciento de las canales y radios del país son privadas. Para cumplir la ley, una vez que las licencias actuales fenezcan, alrededor del año 2017, dos tercios de las radios y canales privados perderán su derecho a mantener sus frecuencias. Las consecuencias de ello serán enormes y variadas, pero la principal será la grave reducción de opciones democráticas para el ciudadano. Cada radio y cada canal del país, desde el momento que tiene un público, aunque sea reducido, cumple una función en la vida de la sociedad. Reducir dos tercios de esas voces implicará quitarle riqueza a la democracia.
La ley no precisa cuál será el mecanismo para permitir el espionaje telefónico. Aunque las razones puedan ser positivas (luchar contra bandas delincuenciales, etc.) el sistema utilizado es peligroso: permitir conocer las conversaciones de ciudadanos le dará a las autoridades, tanto civiles como policiales, un poder de chantajear, perseguir y anular también las actividades no sólo de quienes son sospechosos sino también de todos los “incómodos”: los activistas, los opositores, los sindicalistas díscolos, etc. Peor aún al no establecer la ley cómo es que se autorizarán las escuchas.

Las bandas de delincuentes se vuelven cada vez más complejas, poderosas e interconectadas. La forma de luchar contra ellas debe también tecnificarse y fortalecerse, y las escuchas telefónicas podrían ser útiles en ese sentido. Pero los riesgos son mayores que los posibles beneficios.

El derecho a la intimidad, a la libre opinión, a la privacidad y otros serán violados con esta nueva norma, próxima a promulgarse.