Abogados pusieron ayer en duda el carácter legal de los"registros telefónicos" que el Gobierno realizó a presuntas llamadas de dirigentes indígenas a la embajada de Estados Unidos, que para algunos opositores son, llanamente. "pinchazos telefónicos".
Según el ministro de Gobierno, Sacha Llorentty, no se puede hablar de "pinchazos" o "intercepciones" de llamadas telefónicas, sino de "registros".
El domingo pasado, el presidente del Estado, Evo Morales, acusó al titular del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyu (Conamaq), Rafael Quispe; al diputado indígena Pedro Nuni y a Roxana Marupa, esposa del líder de la Cidob, Adolfo Chávez; de contactarse con el funcionario de la diplomacia norteamericana, Eliseo Abelo, antes y después de la caminata. Presentó como prueba hojas impresas en las que se advertía la fecha, hora y tiempo de las presuntas llamadas.
Demandarán al mandatario. El titular de la Conamaq, Rafael Quispe, anunció que las afirmaciones del mandatario serán respondidas mediante una demanda legal.
Instó a Morales a ocuparse de los reclamos indígenas y de las exigencias de sectores sociales, en el marco de las disposiciones de la Constitución Política del Estado.
'Que no se meta con mi familia'. El secretario ejecutivo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, pidió a Morales "que no se meta" con su familia.
“Al presidente lo está destruyendo su egoísmo y doble moral y no está bien dejarse llevar por la soberbia porque le hace decir cualquier cosa e inventarse temas para descalificar a los indígenas movilizados”', afirmó Chávez.
Objeciones legales. Cuatro abogados cuestionaron los "registros telefónicos" del gobierno, al considerarlos ilegales y violatorios de derechos individuales reconocidos por la Carta Magna.
Por su parte, el presidente de la subcentral de Pueblos Indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas Mosúa, comentó que la versión del Gobierno sobre los supuestos contactos telefónicos son actos de "amedrentamiento".
Ironía periodística. La periodista Amalia Pando, conductora del programa “En Directo” de Radio Erbol, comentó ayer que ahora los ciudadanos tienen que saludar primero al ministro de Gobierno Sacha Llorentty, antes de hablar por teléfono.
“El Gobierno está utilizando una mentira para quitarle validez social y autoridad moral a esta marcha que, sin duda, es un jaque al Gobierno”, afirmó Pando.
Posición de la Embajada. En un comunicado público, la Embajada de los Estados Unidos aseguró que no prestó "ningún tipo de apoyo a la marcha indígena" y sostuvo que "mantiene diálogo con los diversos sectores de la sociedad boliviana" como parte de un cotidiano trabajo diplomático.
"Compartimos la visión de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Gobierno boliviano que el tema del Tipnis debe ser solucionado mediante el diálogo y consultas, según establecen las leyes bolivianas y los estándares internacionales", dice el comunicado.
16 Demandas
Conforman el pliego petitorio de los 34 pueblos indígenas que están en la marcha por el Tipnis.
'Con pinchazos el presidente Evo Morales busca el control de los indígenas. Es una medida ilegal porque viola la privacidad'
Santiago Berríos
Abogado Constitucionalista
'Se violó la privacidad que es el derecho de los bolivianos. Es una flagrante ilegalidad y abuso'
Miguel Coya
Abogado Penalista
'La comunicación es inviolable. Por eso, al revelar las llamadas se vulneran las garantías constitucionales'.
Iván Bascopé
Abogado del Cejis
"Es mala práctica del ejecutivo pues denota que utilizan los sistemas de seguridad del Gobierno para pinchar teléfonos'.
Arturo Yáñez
Abogado
GOBIERNO:
‘Seguridad del estado’ justifica seguimiento telefónico
ROMERO.-El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, dijo ayer que el seguimiento a los contactos telefónicos que establecieron los dirigentes indígenas con personeros de la embajada de Estados Unidos tiene que ver una medida de “seguridad de Estado”.“Son temas que por razones de seguridad de Estado, legítimamente tenemos derecho a saber, a esclarecer. Queremos que se transparente esto. Si alguien le molesta que pidamos una explicación, creo que no se está entendiendo la lógica del Estado que es proteger su seguridad, es el interés supremo del Estado”, remarcó Romero.
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