Las autoridades dijeron que los ejecutivos pagaron sobornos dirigidos a funcionarios de alto rango de Argentina entre 1996 y el 2007, incluyendo a dos presidentes y miembros del gabinete.
Los acusados enfrentan cargos criminales de conspiración para violar el estatuto antifraudes de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjer o, así como también cargos de fraude mediante medios electrónicos y lavado de dinero.
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