El menú es variado. Sólo por cinco bolivianos es posible comprar un programa Office de última generación o, en 20 bolivianos, un curso de arreglos fotográficos para ordenadores. A veces, sólo a veces, los gendarmes de la Intendencia pasan por el sitio y obligan a los vendedores a moverse. Tienen la orden legal de decomisar esta mercadería, pero casi nunca pillan a los comerciantes con los discos compactos porque éstos tienen un “almacén” al frente de la UMSA donde guardan su material, tal como comprobó Informe La Razón.
La venta de software pirata es un negocio que no sólo impera en la Plaza del Bicentenario, sino en mercados populares como los de la Uyustus, la Buenos Aires, la feria 16 de Julio de El Alto...; en resumen, está diseminada por el país. El Estudio sobre Piratería de Software Global de la BSA (Business Software Alliance) de 2010 sentencia que ocho de cada diez programas informáticos utilizados en Bolivia (80%) provienen del mercado negro; una lista roja que está encabezada en la región por Venezuela (88%) y Paraguay (83%).
“El crimen organizado está presente en la piratería porque se trata de un negocio rentable”, explica Max Orellana, en contacto telefónico desde México. Él es voz autorizada para hablar del tema porque es director legal de Licenciamiento de la multinacional Microsoft (del poderoso Bill Gates) para Centroamérica y el Caribe. Pone como ejemplo a México, donde mediante redadas se descubrió que un cártel de la droga controlaba este comercio ilegal.
Otro caso es El Salvador, donde las pandillas o “maras” tomaron la posta, junto a redes de blanqueo de dinero y narcotráfico. Cuando ellas venden un programa pirata, marcan el disco con la figura de un alacrán o un escorpión para identificar su territorio, y los que ofertan copias sin este distintivo deben enfrentarse con los plagiadores. O sea, en estas naciones el negocio no se queda escondido en un “almacén”, como sucede cerca de la UMSA.
Orellana y su equipo emprendieron una investigación sobre este ilícito en Bolivia. “Hemos descubierto negocios familiares y chiquitos y son muchos los involucrados.
No son mafias, aún no llegamos a ese nivel, pero son demasiados”, explica el experto.
Si bien no se recurre a dibujos de alacranes o escorpiones, en el país también se “marca” el software “trucho”. Haga la prueba, en cada lámina de un DVD pirata están las características de los programas y también números telefónicos para contactar a los distribuidores. Es más, en versión PDF se suele colocar un menú de opciones para los compradores interesados en adquirir más material de este tipo.
Según la Intendencia, los mayoristas están a cargo de los “almacenes”, y para hacer trabajar sin cesar a los quemadores acoplados a sus computadoras, sólo precisan un programa original; aunque también recurren a los paquetes de software que se pueden “bajar” de la red internet. Luego, sólo es cuestión de esperar unos cinco minutos para tener una copia “trucha” entre sus manos.
Ellos son los que entregan la mercadería a los minoristas, para que la vendan en puestos de mercados populares o en las calles, armados de pancartas. La incautación de este material es misión casi imposible para los uniformados municipales, porque requieren de una orden fiscal para entrar a los “almacenes” y los vendedores en vías públicas no llevan consigo los discos compactos, solamente cartulinas con la publicidad gráfica de los programas piratas.
El intendente de La Paz, Mauricio Ruiz, se queja porque sus efectivos siempre llevan las de perder ante esta viveza criolla. “Estos comerciantes no tienen el producto en sus manos y cuando alguien se acerca para comprarles un programa, se lo traen en ese momento o le dicen: ‘Mañana te doy una copia’. Esto nos complica, porque hace difícil el decomiso”.
Millones. Así, se hace difícil aplicar la Ley 1322, de Propiedad Intelectual, que en su artículo 70 determina el secuestro y custodia judicial de este material. Y menos que el peso del artículo 362 (Delitos contra la Propiedad Intelectual) del Código Penal caiga sobre los infractores, que establece una pena de entre dos meses y dos años para los involucrados.
Los datos de la BSA revelan que hace dos años, el valor del software pirata en Bolivia, o sea, que fue usado sin licencia, ascendió a 55 millones de dólares. Esta cifra va en ascenso, según Alberto Mariaca, gerente general de Microsoft Bolivia, ya que hoy llegaría a 60 millones. Más aún, Mariaca calcula que por este delito el Estado deja de percibir unos 20 millones de dólares en impuestos, que subirían a 100 millones si se toma en cuenta a otros actores económicos que tributarían en la cadena de venta legal de programas.
Pero, la piratería no es un tumor que sólo está incrustado en el país, sino que se extiende por el mundo y brinda jugosos réditos económicos que están a la par de los del narcotráfico y el tráfico de armas. Por ejemplo, el último informe de la BSA señala que el valor comercial de la piratería de software creció globalmente en 14% hace tres años, alcanzando un récord total de 58,8 billones de dólares.
Max Orellana coloca el acento en otro problema camuflado. “Es evidente que hay un fuerte impacto económico porque no se recaudan impuestos, pero otro aspecto del cual no se habla es (la falta de) fomento a la innovación en nuestros países”. Es decir, en las naciones donde la piratería acapara el mercado queda poco espacio para los innovadores de la informática, expuestos a que su creación sea plagiada en minutos; mientras en los países desarrollados están protegidos por las patentes.
Asimismo, la compra de software “trucho” es un peligro potencial para los ordenadores. Según Microsoft, al emplear un programa sin licencia se abre las puertas al robo de información del usuario (contraseñas, claves de cuentas bancarias) a través de la instalación de virus. Incluso es factible transformar a la computadora en una especie de “zombie”, desde donde se lanzan ataques cibernéticos a grandes corporaciones o a gobiernos, sin que lo sepa el dueño. “Es un virus, una vaina que entra, y cuando alguien se da cuenta está amolado (arruinado)”, explica Orellana.
Empresas. La lucha contra la piratería del software no sólo está en las calles, sino en las oficinas de empresas que venden computadoras, denuncia Microsoft Bolivia.
La Fiscalía tomó cartas en el asunto y existen dos procesos contra firmas bolivianas. Uno de los casos más avanzados está en manos de la fiscal Elsa Villafranqui, quien a mediodía del 2 diciembre del año pasado intervino un local comercial en la calle México de La Paz.
El cuaderno de investigaciones informa que allí se ofertaban equipos que tenían programas piratas en sus discos duros. El modus operandi en el rubro apunta a que hay compañías que compran licencias originales de determinados paquetes de software, pero que son cargados en varios ordenadores, cuando la autorización del titular de los derechos o el distribuidor es simplemente para el uso en una máquina.
No obstante, los ejecutivos de Microsoft entrevistados resaltan el respaldo de las autoridades bolivianas, especialmente de la Fiscalía, en la lucha contra este problema. Atribuyen a ello que Bolivia bajó dos puntos (de 82% a 80%), desde 2006 a 2010, en el estudio realizado por la BSA. Y se espera que este indicador baje más con la decisión de Estados Unidos de cerrar páginas web desde donde se descargaba software pirata de forma gratuita.
El director de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), Juan Pablo Villegas, afirma que en el país no hay una cultura de propiedad intelectual y que el pretexto del precio se impone a la hora de elegir un producto “trucho”. Sólo como referencia, la licencia de un programa Office de Microsoft cuesta cerca de 150 dólares anuales, en tanto que una copia plagiada se puede adquirir en cinco bolivianos.
Hace una década, hay una alternativa real y gratuita para acceder a programas de computación: el software libre. Según la comunidad en Bolivia, estos paquetes pueden emplearse sin restricciones. Sin embargo, la iniciativa tiene limitaciones, porque brinda material que, a veces, no es compatible con programas originales.
Por ello, los “piratas” del mundo informático son los más requeridos, como los vendedores del atrio de la UMSA, que están al margen del software libre y sólo se dedican a ofertar sus carteles con lo último en paquetes de computación. Son parte de un negocio que campea en la ciudad de La Paz, en Bolivia, uno con jugosos réditos, casi intocable, que esquiva las leyes y la fiscalización del Estado.
Los países con los índices de piratería más altos y bajos Índice de piratería Índice de piratería Más alto Más bajo Georgia 93% Estados Unidos 20% Zimbabue 91% Japón 20% Bangladesh 90% Luxemburgo 20% Moldavia 90% Nueva Zelanda 22% Yemen 90% Australia 24% Armenia 89% Austria 24% Venezuela 88% Suecia 25% Bielorrusia 88% Bélgica 25% Libia 88% Finlandia 25% Azerbaiyán 88% Suiza 26% Indonesia 87% Dinamarca 26% Ucrania 86% Alemania 27% Sri Lanka 86% Reino Unido 27% Irak 85% Canadá 28% Pakistán 84% Países Bajos 28% Vietnam 83% Noruega 29% Argelia 83% Israel 31% Paraguay 83% Singapur 34% Nigeria 82% Sudáfrica 35% Camerún 82% Irlanda 35% Zambia 82% República Checa 36% Guatemala 80% Emiratos Árabes Unidos 36% El Salvador 80% Taiwán 37% Bolivia 80% Francia 39% Kenia 79% Corea del Sur 40% Botsuana 79% Portugal 40% Costa de Marfil 79% Reunión 40% Nicaragua 79% Hungría 41% Montenegro 79% Eslovaquia 42% China 78% Puerto Rico 42%
Los discos ‘truchos’ dominan 99% del mercado
Óscar Prieto tiene razones para tener el ceño fruncido cuando se le lanza una pregunta: ¿Cuánto ha afectado la piratería a la industria discográfica en Bolivia? Él es un ejecutivo de la empresa Discolandia y afirma que en la actualidad el 99% de la venta de la producción musical está en manos de los piratas.
“El impacto de este delito ha sido brutal contra las empresas discográficas. La piratería ha ocasionado el cierre de importantes compañías o ha afectado en su producción. Así tenemos los casos de Santa Fe Records, Heriba, Lauro e Imperio. También llegaron emporios del extranjero que han cerrado por ello sus puertas: RCA Victor, Universal Music, Pollygram o Sony Music”.
Atrás quedaron los años dorados, los de la bonanza de las firmas que producían y comercializaban música. Uno de los recuerdos más gratos se remonta a los años 60 del siglo pasado, cuando el Trío Oriental era un boom en las radios y la venta de sus discos se contaba por miles. Su éxito Sombrero de Sao batió récords y su extended play (versión en vinilo con cuatro temas), arrasó con unas 15 mil copias vendidas.
Eran tiempos en los que la gente compraba su disco de vinilo para su hogar. Luego vinieron los casetes y la aparición del disco compacto, que fue el inicio del fin para el rubro. De acuerdo con datos de Discolandia, aproximadamente medio millar de empleados quedó en las calles debido a la proliferación de la piratería musical.
Simplemente como un ejemplo, esta empresa contaba con 25 agencias en el territorio nacional y ahora tiene cuatro.
Una década atrás, las compañías estimaban que solamente por impuestos el Estado perdía unos 15 millones de dólares al año. Para entonces, los falsificadores habían copado el 90% del mercado. Hace un par de años, los músicos y las firmas del sector marcharon para protestar y exigir que este negocio ilícito sea acallado.
No hubo resultados; más aún, éste se propagó.
Al final, la lucha contra los “piratas” es una batalla perdida de antemano, sobre todo en lo económico, porque ofrecen discos compactos con centenares de canciones por hasta 1,5 bolivianos. Y la crisis se agrava con la música gratuita en internet: según la Federación Internacional de la Industria Discográfica, tres de cada diez internautas acude a la red para bajar canciones y, así, violar los derechos de autor.
Es de conocimiento público que todo lo pirateado que hay en Bolivia proviene de Perú, Chile y Argentina que son los que producen/consumen el contenido pirata latinoamericano que está en la red ya que tienen acceso de la mano del fabricante. Pero Bolivia y Venezuela son consumistas por la pobreza económica y a veces mental-mediática inevitable que existe, es todo un circulo vicioso donde los pocos puntos autorizados "legales" que existen tienden a ir a números rojos porque la población se va más a lo pirata que es más conocido y barato (o gratis por internet) que ir a comprarlo a un punto legal que sólo una élite conoce y puede pagar por ello, encima el comercio electrónico en el país es nulo, hay programas legales para comprarlos y música legal para bajar por internet, pero al momento de pagar por ellos se rompe la cadena por lo anteriormente citado, "no existe un comercio electrónico fluido, o bien, disponible sólo para un owner de una Credit Card Internacional, que son una élite muy reducida quienes pueden acceder por el tema financiero".
ResponderEliminarSomos un país de pide rebajas y yapas, eso no lo podemos ocultar, pero esa lista no es objetiva, parecen números expresando las pocas ventas en países como el nuestro por parte de algunas empresas como las mencionadas en la nota.