Grande fue su sorpresa al enterarse que Vanesa Montesinos era el anzuelo utilizado por una red de proxenetas (delincuentes que lucran con la prostitución de sus víctimas) para reclutar damas de compañía. La “amiga” de las menores se había ganado su confianza durante dos meses, hasta pedirles fotos íntimas y ofertarles ser parte de un selecto grupo de meretrices que ganaban hasta 800 bolivianos por cliente.
Aceptaron. La prueba final era que una de ellas debía brindar gratuitamente el primer servicio sexual a un cliente con el que tomó contacto telefónico, al cual debía entregar una “garantía” de 400 bolivianos. El encuentro fue fijado a las 16.00 del 9 de abril en el kilómetro 6,5 de la avenida Blanco Galindo de la ciudad de Cochabamba. Ese día, un coche conducido por un supuesto ingeniero esperaba por la adolescente, para conducirla a un motel cercano.
Arrepentida, la niña de 12 años alertó a los padres de su prima y éstos inmediatamente hicieron la denuncia a la Policía, cuyos investigadores detuvieron al sospechoso y lo remitieron a la Fiscalía bajo el cargo de corrupción de menores. El informe policial concluye que hay indicios de que el acusado se habría hecho pasar por Vanesa Montecinos para contactarse y tener relaciones sexuales con las adolescentes o para introducirlas al mundo de la prostitución en el país o en el extranjero.
El ciberespacio, sobre todo las redes sociales, se han convertido en herramientas que los criminales aprovechan para captar víctimas de trata y tráfico, o sea, para someterlas a la esclavitud, la explotación sexual, la extirpación de órganos o internarlas y trasladarlas ilícitamente a otras naciones, delito castigado por el artículo 281 bis del Código Penal con prisión de ocho y 12 años, pena que sube en un cuarto cuando hay niños o jóvenes involucrados.
El jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Wálter Sossa, señala que hay proxenetas que se valen de la internet para “pedir a sus víctimas que se desnuden y, luego, comercian su fotografía con redes de pedófilos. El coronel Adolfo Cárdenas, exdirector de esta repartición, añade que hay páginas web con ofertas de empleos o de estudios en el interior y exterior que sirven para atraer la atención de los menores, las cuales llevan un listado de números telefónicos de contacto o direcciones de oficinas que son solamente “fachadas” para atraparlos.
La trata y tráfico, según Cárdenas, se comete en fases: la primera es el reclutamiento, le siguen el traslado, la privación de libertad, el resguardo o recepción, la venta u otros actos de disposición de la víctima con fines de lucro. A pesar de los riesgos, agrega Sossa, Bolivia padece la ausencia de una norma específica que permita cumplir con servicios de prevención y protección a los damnificados y la persecución y sanción de los culpables.
La Ley de Trata y Tráfico sigue postergada en la Asamblea
Bolivia prepara desde 2007 la aprobación del Proyecto de Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, documento que actualmente se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su tratamiento y socialización, y que cuenta con el impulso de la Defensoría del Pueblo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Unión Europea, entre otras instituciones implicadas en el asunto.
El año pasado, según estadísticas proveídas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, hubo 282 denuncias de trata y tráfico. Bolivia es uno de los cinco países de Sudamérica con más casos de este delito, de acuerdo con un estudio de la Organización de los Estados Americanos.
La propuesta tiene nueve capítulos que buscan proteger la vida, la integridad física, psicológica de las personas, además de perseguir y sancionar delitos que derivan de la trata como la servidumbre, esclavitud y pornografía; determina la adopción de medidas de protección, asistencia, integración social y laboral para las víctimas, y la incorporación de agentes encubiertos para descubrir redes de proxenetas.
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