De un total de 500 instituciones públicas que existen en el país solamente 223 (44,6 por ciento ) cuentan con páginas web, según la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (Adsib), que realizó un sondeo a nivel nacional.
Las otras 277 (55,4 por ciento ) empresas que no tienen un sitio en internet para proporcionar información son, sobre todo, municipios.
La causa principal de esta situación, según la Adsib y la viceministra de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, Gabriela Veizaga, se refiere a la falta de recursos económicos en las alcaldías.
Veizaga señaló que durante la gestión 2007 el Estado contaba solamente con cinco entidades que tenían su sitio web, en la gestión 2008 se aumentó a 22 sitios, en 2009 a 74, en el 2010 a 82 y en 2011 se contó con 202 sitios web. En la actualidad, son 223 los sitios web institucionales, pertenecientes a ministerios, entidades desconcentradas y/o descentralizadas, municipios y gobiernos departamentales.
El responsable departamental del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de Cochabamba, Jhonny Ledezma, manifestó que no hay una norma específica para obligar a los municipios a difundir su información por internet.
“Por ejemplo, el municipio de Villa Gualberto Villarroel tiene los recursos limitados y no podríamos obligarlos al cumplimiento de la difusión de información por internet, cuando el dinero con el que cuentan es insuficiente para la misma gestión”, señaló.
Otro de los problemas es el acceso a internet en algunos sectores alejados como Totora, donde no existe servicio de internet para la población y donde implementar una página web no sería de mucha utilidad para los ciudadanos, señaló.
Asimismo, manifestó que el proyecto de Ley de Acceso a la Información que quedó paralizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional desde el año 2010, debe instruir a los municipios a presupuestar en su Plan Operativo Anual los recursos necesarios para poder implementar páginas web.
QUEJAS
Ledezma manifestó que a diario existen quejas de personas que acuden a los municipios a solicitar personalmente la información, ante la falta de información en las páginas web. Sin embargo, las autoridades o funcionarios les rechazan las solicitudes, cuando ni siquiera se trata de información confidencial.
Para poder acceder a lo requerido por los ciudadanos, el Ministerio de Transparencia debe intervenir para facilitar dicha información. Ledezma aseguró que existen funcionarios que ni siquiera conocen las normativas de acceso a la información.
PUBLICIDAD DE
GESTIÓN
El responsable del área de Transparencia del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ceadesc), Jorge Komadina, manifestó que en vez de proporcionar información que permita a los ciudadanos hacer una fiscalización, actualmente, las páginas web institucionales hacen más una especie de publicidad de gestión.
“Son páginas destinadas a la propaganda, a sacar muchas fotos de entregas de obras y en muchas páginas no se cumplen con la información importante”, dijo. Indicó que lastimosamente hay muy pocas mejoras en las páginas webs institucionales, a pesar que ya pasaron siete años de la aprobación del Decreto Supremo 28168 de Transparencia en la Gestión Pública del Poder Ejecutivo.
Señaló que esta norma parece no tener una fuerza de obligatoriedad porque fue aprobada por un gobierno “estigmatizado”, y aunque establece como sanción un proceso por incumplimiento de deberes, no se conoce de ninguna institución del Ejecutivo que haya sido denunciada por este delito.
Por otro lado, aunque no existe una norma específica para los municipios y gobernaciones tal como sucede con el Ejecutivo Central, Komadina manifestó que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Andrés Ibañez también establece entre uno de sus principios que, cada entidad central del Estado y de las entidades autónomas territoriales debe facilitar a la población en general el acceso a toda información pública de forma veraz, oportuna, comprensible y confiable. Sin embargo, muy pocas lo hacen.
Esta normativa también establece que en los Estatutos Autonómicos y en las Cartas Orgánicas se deben crear mecanismos de acceso a información de este tipo, pero el mismo atraso en la elaboración de estos documentos hace que se desconozca si el tema es o no implementado dentro de estas normas.
Komadina estima que Bolivia se está quedando retrasada en la aprobación de normativas operativas y que fortalezcan la democracia en el país, a diferencia de Brasil y otros países de Latinoamérica que ya cuentan con una Ley de Acceso a la Información que permite al ciudadano hacer una fiscalización de la gestión y a la institución transparentar la misma.
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