El representante del Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Telefonía Rural (Senater), Luis Pozo, manifestó que el Gobierno, a través de Entel, pretende monopolizar la telefonía rural en el país con el cierre de esta empresa.
"Lamentablemente como trabajadores estamos en un situación de incertidumbre, porque no sabemos si mañana tendremos o no nuestras fuentes de trabajo" señaló Pozo. El Senater es una institución histórica y un patrimonio nacional que funciona hace más de 125 años y el Gobierno sin tomar en cuenta los antecedentes de esta empresa acalla las comunicaciones en el área rural. “Con esta medida más del 40 por ciento de los usuarios de las provincias, habitada por pobladores de escasos recursos, quedarán sin el servicio”, dijo.
Remarcó que en las reuniones que se han tenido con el viceministro del área, se manifiesta que Entel es la principal empresa que cubrirá la telefonía en el país tanto en el área urbana como rural y que Senater ya está al margen de estas comunicaciones.
Agregó que el DS de 1984 establece que al cierre del Senater, el personal de esta empresa será reubicado en Entel, pero hasta el momento no se dio, “más al contrario con el DS 1466 se nos deja en la calle”, dijo el representante de los trabajadores.
Nosotros como trabajadores estamos reclamando la reubicación de los 72 funcionarios que recibieron memorándums de despido y que hasta hoy estábamos cumpliendo funciones en la empresa, “queremos que se respeten nuestros derechos que están contemplados en la Constitución”, sostuvo.
Entretanto, los trabajadores se declararon en emergencia al haber indagado que el Gobierno pretende una relocalización temporal o su transferencia a otras entidades de manera que se pueda evitar los despidos injustificados.
El 31 de enero pasado el Gobierno procedió al cierre administrativo del Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (Senater), una entidad que fue creada hace 80 años, según informó la responsable de administración, Magdalena Beltrán.
El decreto que autoriza el cierre del servicio es el No. 1466 y fue aprobado por el Ejecutivo el 13 de enero pasado. A partir del cierre ningún trabajador percibe sus salarios provocando malestar y preocupación en las familias.
“Hemos recibido la instrucción de entregar los memorandos de despido de más de 70 trabajadores, pero al momento las autoridades del Ministerio de obras Públicas estudian la reubicación laboral del personal, cuya antigüedad es de 25 a 30 años”, sostuvo la funcionaria.
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