La joven de 26 años —que pide mantener su nombre en reserva— sabe que comete una ilegalidad, pero asegura que no tiene otra salida porque los paquetes de las proveedoras nacionales son muy caros. Informes locales y extranjeros confirman esto, e inclusive califican a los planes ofertados en Bolivia como los más lentos e ineficaces de la región: una nación en la que sólo diez de cada 100 ciudadanos gozan de este beneficio, según datos del Viceministerio de Telecomunicaciones.
El documento Medición de la Sociedad de la Información 2012, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, señala que el promedio mundial de acceso al ciberespacio es de 33 habitantes por cada 100 y que a finales de 2011, de 1.800 millones de hogares en el planeta, 600 millones navegaban en la web. Aparte, se calcula que hay más de 2.300 millones de internautas en el orbe. Isabel ya es parte de esta población desde febrero. Todo gracias a una antenita.
Aparatos. La piratería del servicio de internet está vigente en La Paz y El Alto, inclusive en zonas fronterizas, actividad ilícita que gana terreno ante la falta de control estatal, una tarea pendiente de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicación y Transporte (ATT). Informe La Razón descubrió tiendas en la calle Murillo de la urbe paceña que ofrecen aparatos electrónicos para sumergirse en este delito. Uno de los vendedores contactados es Fidel.
“Es el negocio del momento. Tenemos que aprovechar ahora que ni las operadoras ni la ATT vigilan”, confiesa el comerciante, mientras muestra un artefacto de unos 40 centímetros de largo por 20 de ancho, del que se desprende una antena marca TPLINK. “Es direccional y funciona si la casa donde va a ser colocado tiene vista en línea recta al negocio o la vivienda de donde se va a ‘jalar’ la señal WiFi”. Si no hay construcciones de por medio, cubre un radio de hasta tres cuadras y viene con un CD que enseña a instalarlo.
Eso no es todo. Fidel extrae del mostrador otra máquina más grande que contiene dos antenas. Es su pieza “estrella”. “Cubre hasta diez cuadras a la redonda. No es unidireccional como la otra, sino omnidireccional, o sea, capta la señal en varias direcciones”. Informe La Razón constató que al menos otros cuatro locales similares comercializan estos aparatos; mientras que en la ciudad alteña, ello ocurre entre la avenida Evadidos del Pacífico y la calle Luis Espinal.
La otra opción a la que recurren personas para acceder a internet gratis e ilícito son técnicos que arman las antenas por hasta Bs 1.500, como sucedió con Isabel, el personaje de la historia con la que inicia este reportaje. Ellos se promocionan mediante la publicidad “boca a boca” de sus clientes y carteles con su número de teléfono de contacto que colocan en sitios clave de La Paz y El Alto: en la investigación se halló uno en un puesto de periódicos cercano al estadio Hernando Siles.
Delito. No existen sanciones específicas contra esta actividad en la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación; vacío jurídico que igualmente salió a la palestra el año pasado por la compra-venta de antenas parabólicas que captan la señal satelital de canales de televisión por cable en las áreas urbana y rural. No obstante, este tipo de piratería es considerado robo, delito que el Código Penal castiga con entre uno y cinco años de cárcel.
El gerente general de la empresa de tecnología Bigsomer, Freddy Mercado, explica que el uso de estas antenas transgrede dos veces la ley: por no brindar facturas ni garantías a los usuarios y por violar el espectro electromagnético de las frecuencias de WiFi. “Los que utilizan una repetidora así están creando una señal adicional que puede generar una especie de saturación, al no regirse bajo un esquema de autorizaciones y permisos” que son otorgados por la ATT.
Estos artefactos captan las señales móviles o inalámbricas de internet (USB, WiFi, WiMax, satélite, 3G, 4G) que emplean vecinos de varias cuadras a la redonda, tanto las que cuentan o no con contraseñas para habilitar la navegación por el ciberespacio. Pero el meollo está en que amplifican aquellas que no tienen buena recepción, que son, sobre todo, las que no tienen clave y pueden ser usadas sin restricción, sin que lo sepan las proveedoras ni personas que pagan el servicio.
Incluso los “piratas” pueden ofrecer la provisión de las señales a otras personas por una tarifa mensual, tras colocar a éstas un nombre y un password, que cambian constantemente para tener control del negocio. Así pueden limitar hasta el tiempo del servicio, algo parecido a lo que sucede en los café-internet. “Cualquiera puede comprar una antena, captar la red y revenderla a vecinos. Tengo un amigo que se encarga de toda la zona norte de La Paz”, revela Fidel.
Paralelamente, se puede “jalar” la señal de una conexión de internet por cable (ADSL, cable módem o fibra óptica). En las tiendas visitadas en La Paz y El Alto se oferta otro router o dispositivo que también lleva el sello TPLINK. Posee tres antenas que pueden “piratear” tanto señales alámbricas como inalámbricas, para comercializarlas a terceros.
Es otro de los aparatos que es presentado por los comerciantes como un aliado para conseguir “dinero fácil”.
Williams Balladares, director sectorial de Telecomunicaciones de la ATT, explica que en este caso, generalmente, la transferencia ilegal de datos del ciberespacio se realiza por un cable módem, tal como se hace con la “piratería” de la televisión por cable, que usa conectores (splitters) para transportar la señal a dos o más destinos, aunque con menor fidelidad. Pero Mercado afirma que este método no resta calidad, ya que el cable soporta hasta 80 o 90 metros de longitud y puede extender el servicio a vecinos cercanos.Aparte, Balladares devela que esta estrategia es asumida en zonas a las que no llega internet por cable y que se ha descubierto en El Alto que hay individuos que contratan uno o dos megabytes (unidades de medida de cantidad de datos informáticos) de las proveedoras legales del servicio, para transferirlos mediante cables y torres a otros lugares lejanos, ya que las redes físicas para la cobertura solamente llegan hasta ciertos puntos, como la avenida Alfonso Ugarte.
Los precios de las antenas “piratas” fluctúan entre Bs 200 y Bs 1.000, según los beneficios que uno quiere lograr. La más demandada es la Ubiquiti Nano Station 2, que puede masificar la provisión de la señal sin problemas. Una “ganga”, comenta Fidel, si se asume que los servicios alámbricos e inalámbricos de los operadores valen desde Bs 100 hasta más de Bs 1.000 mensuales. “Y si al equipo se le adhiere un protector de línea de Bs 200, podría usarse mínimo tres años”.
Eso sí, el comerciante aclara que no hay que ser muy exigente con la velocidad, ya que los 1.536 kbps (kilobit por segundo) que puede otorgar el operador ilegal se tienen que distribuir entre los 30 o más usuarios a los que se puede repartir la señal. “Cada uno llegaría a contar con un máximo de hasta 120 kbps, lo suficiente para chatear y estar conectado, pero no para descargar programas. La descarga de un video que puede tardar hasta una hora, demoraría tres, mínimo”.
Todas las proveedoras que tienen permiso de la ATT pueden ser víctimas de este delito. El Departamento de Prensa de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) informa que gente inescrupulosa se apropia de su señal para revenderla, pero que es difícil probar dónde y cómo lo logran. Y la firma Tigo aclara de que no tenía conocimiento de esta actividad y anuncia el emprendimiento de una investigación para entablar una denuncia al ente regulador.
El director de la ATT, Clifford Paravicini, calcula que sólo 2% de los internautas bolivianos —hay 1,7 millones de personas que tienen una conexión a la internet en el país— incurre en la “piratería”, principalmente en barrios alejados de La Paz y El Alto, para pagar menos y porque las operadoras no están cubriendo la plenitud del territorio de las urbes. “Falta la expansión de la fibra ADSL y no lo hacen porque consideran que son áreas no rentables (…), y la ATT no las puede obligar”.
Fronteras. Comenta que el año pasado las proveedoras denunciaron dos irregularidades de este tipo ocurridas en Santa Cruz, y que luego de la fiscalización se sancionó a dos vendedores de este sistema “pirata”. Aparte se recibió dos casos que involucran a La Paz y que continúan en la fase de averiguación. La autoridad subraya de que su entidad no puede entrar libremente a las viviendas para decomisar los aparatos electrónicos que captan ilícitamente este servicio.
“Si me dice que hay una antena que está transmitiendo señal ilegal frente a mi oficina, no puedo ingresar a ese edificio e incautarla porque no es mi competencia, sino del fiscal que tiene que dar la orden de allanamiento e incautación”. Agrega que no se puede actuar ni en hechos flagrantes, que el proceso sancionatorio es “terriblemente lento” y que en las fronteras hay otro delito en ciernes: la provisión ilegal del servicio de internet que inmiscuye a compañías extranjeras.
Informe La Razón visitó la localidad de Desaguadero, que une a Bolivia y Perú, y constató ello. Una torre de Entel resalta en las afueras del pueblo. El cuidador Jorge Chura comunica que la estructura fue instalada en febrero. El Departamento de Prensa de la estatal refiere que hay dos antenas operando en el lugar, que no cubren los espacios alejados. Pero hay otras pequeñas que sobresalen en techos y ventanas de casas: son repetidoras “piratas”.
Los locales que ofrecen acceso al ciberespacio son como lunares en el De- saguadero boliviano. Informe La Razón halló a una señora de pollera que vigilaba la instalación del servicio en el tercer piso de su casa. “¿Cuál es su proveedor?, se le preguntó. “Es peruano, he esperado por más de seis meses a que llegue Entel, Tigo o Viva, y nada, por eso me he animado (…) y el técnico está arriba, en el techo, poniendo una antena”, responde.
El “técnico” probaba cada una de las diez computadoras que había armado. Un equipo de sonido emitía clásicos de los años 80. “El proveedor es Entel, pero hemos hecho un convenio con la telefónica Movistar (de Perú), si quiere le damos factura. Además, la ATT nos dio un permiso que costó $us 10 mil”, contesta, algo nervioso, el hombre que se identificó como Fernando. Pero la timidez se disipa al notar de que tenía un potencial cliente.
Control. “Lo primero que tenemos que hacer es ir a (su casa y) ver si tengo factibilidad, y le damos la antenita WiFi. Colocarla, más el tubo y la configuración le sale Bs 550 bolivianos y va cancelando la mensualidad pre o pospago”. Tras entregar una hoja fotocopiada, explica que tenía dos planes: empresarial (para varios equipos, desde Bs 300 hasta Bs 2.500) y residencial (para un ordenador, desde Bs 150 hasta Bs 1.250). “Los costos de los ‘ilegales’ varían en Bs 50 de los nuestros”.
“¿A qué se refiere con ilegales?”, se le consulta. “Hay personas que están pirateando con antenitas como las de nosotros, pero tenemos la licencia. Si en algún momento viene la ATT, a ellas les van a cortar (el servicio). Además, ofrecemos garantías y soporte técnico”. Fernando añade que cancelaba Bs 5.000 al mes por el ancho de banda (cantidad de datos que se pueden transmitir en un determinado tiempo), por lo que tenía que recobrar inmediatamente la inversión.
Paravicini no descarta de que existan convenios internacionales como el descrito por este ciudadano que alega que aprendió su oficio de cuando trabajó para Entel en el salar de Uyuni, empero, sentencia que está prohibido usar la señal de proveedoras de países vecinos y anuncia una verificación de la denuncia. “El mecanismo es sencillo, en el caso del Desaguadero se manda al regulador peruano (OSIPTEL) una demanda y éste tiene que sancionar a sus operadoras”.
Otras poblaciones fronterizas con Brasil (Puerto Suárez) y con Argentina (Yacuiba, Pocitos y Bermejo) están en la mira por estas irregularidades. La autoridad subraya que es vital que Entel preste buen servicio de internet en estas zonas, y que se invitará a otras proveedoras privadas para que compren ancho de banda de colegas de otras naciones para traerlo a lado boliviano y venderlo legalmente; además, así evitarán esta competencia transnacional que no está permitida.
Mientras tanto, el negocio de Fernando apunta a expandirse a Guaqui, Tiwanaku y Copacabana. Cuenta que conocía a otros que como él trabajaban en otras regiones. “Anímese a contratarnos, porque después la competencia va a ser mayor”. Paravicini se compromete a impulsar una mejor fiscalización de los funcionarios de la ATT en las áreas limítrofes, donde telefónicas extranjeras igual hacen de las suyas para ofrecer chips y líneas móviles.
Estos problemas, arguye el director de la carrera de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, Javier Sanabria, se presentan porque el servicio de internet ha progresado mucho, pero desordenadamente, sin responder a un plan nacional. El especialista Hugo Miranda opina que en los últimos siete años hay un boom en el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación, en las que se incluye el ciberespacio, debido, en parte, a la emigración de bolivianos que precisan comunicarse “virtualmente” con sus familiares.
El activista Mario Durán Chuquimia considera que el alto costo, la lentitud, los cortes del servicio en el rubro y que las empresas nacionales vendan productos inexistentes o de baja calidad son causas para que la gente se ingenie para navegar por el ciberespacio, aunque sea de forma ilícita. Así como pasó con Isabel, que hoy disfruta de las bondades de la web gracias a una antenita que le valió Bs 1.500. A ella no le importa ser “pirata”, sino ser parte de la red virtual.
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