Se conocieron por Internet. Ella es de Cochabamba, Bolivia. Él de Venezuela. Ella se enamoró. Él, no sabemos, pero le compró el pasaje para que ella viaje y puedan verse. Ella tiene sólo 13 años. Él 56.
El director ejecutivo de la Fundación Redes, José Eduardo Rojas, dice que la niña se salvó por un pelo de caer en una red de trata y tráfico de menores, posiblemente con fines de prostitución.
¿Más casos? En Tiquipaya se acaba de registrar hace poco uno de los primeros casos de un menor que se suicidó por bullyng digital. ¿Qué es eso?, aún preguntan los mayores.
Éstos y otros casos fueron expuestos durante la realización del seminario “Violencia digital”, realizado la semana pasada y organizado por la Consultora Multidisciplinaria Capacitación y Desarrollo (CADE).
Es que los tiempos cambian, y ahora más a prisa que nunca. La era digital está viento en popa, y con el nuevo escenario, los niños y adolescentes son el sector más vulnerable, y, para colmo, los mayores no estamos preparados para afrontar el problema.
Según datos de la misma Fundación Redes, en base a un estudio realizado sobre más de 1.200 estudiantes de La Paz (replicado en Cochabamba con datos muy similares), de cada 10 estudiantes, ninguno utiliza ninguna medida de seguridad para acceder a sus búsquedas de Internet; siete de esos 10 estudiantes se han desviado en sus trabajos de colegio por Internet para acceder a juegos, música o pornografía; también siete de cada 10 han tenido contacto en Internet con algún desconocido; de esos siete (“cáiganse de espaldas”, advierte Rojas), tres llegaron a tener contactos reales con la persona contactada virtualmente, y 10 de los 10 llegaron a ver alguna pelea de compañeros de su colegio grabadas en celular. ¿Y los profesores? “No, los profesores ni siquiera pueden dominar un celular”, concluye Rojas.
¿Y la ley? Nada. Existen artículos en la legislación boliviana, concretamente en la Ley de Telecomunicaciones, y algunos otros en el Código Penal que buscan alcanzar delitos cometidos en el espacio de Internet, pero tienen muy poco alcance. De hecho, ni siquiera aparecen tipificados los delitos informáticos, explica la directora de CADE, Verónica Montoya. Por ello, en el seminario, que debió llamarse “Delitos informáticos”, al final quedó sólo como “violencia digital”, porque legalmente en Bolivia no existen “delitos informáticos”.
Y aún más. Suponiendo que existen denuncias de violación a los derechos humanos en la dimensión digital, no existe una sola oficina en Cochabamba donde puedan hacerse este tipo de denuncias, agrega Montoya. Las víctimas deben apersonarse hasta La Paz, único lugar donde la Policía tiene una División de Delitos Informáticos.
Para colmo, refiere Rojas, esta oficina fue cerrada algún tiempo en 2008 por falta de denuncias, según explicaron a Redes en ese tiempo. Una de las pocas denuncias era el caso de un hombre que había golpeado a su esposa con un celular.
Suponiendo que el país avance en temas de legislación en delitos informáticos, queda otro problema: Internet no acata fronteras físicas. Es otra dimensión, una dimensión virtual. “Pongamos un caso de pornografía infantil por Internet. Casi el 100 por ciento de los casos son redes que trabajan en varios países. ¿Con la legislación de qué país juzgaríamos a los delincuentes?”.
Rojas explica con otro ejemplo. A principios de 2011, después de cuatro años de juicio, el Gobierno peruano ganó una demanda contra una empresa que difundía spam (correo basura) en ese territorio. La empresa, perdedora, hizo una jugada ganadora. Cruzó la frontera hasta llegar a territorio boliviano (donde ya sabemos que no existe una legislación de delitos informáticos) y siguió enviando spam a sus víctimas de Perú utilizando la misma base de datos que entró a la demanda judicial.
Así, resumimos nuestra situación frente a la violencia digital: los mayores no hemos llegado a tomar conciencia de estos peligros, ni siquiera dominamos Internet; estos delitos operan en dimensiones que no son las tradicionales de espacio físico, pues la dimensión ahora es virtual; no existe legislación en Bolivia ni oficina en Cochabamba que reciba estas demandas; estamos a merced de los delincuentes informáticos.
Hablar de derechos humanos en Internet no funciona, concluye Rojas. Internet no se rige por los derechos humanos, sino por las lógicas de mercado.
¿Qué queda? Para empezar, tomar conciencia de nuestra situación, imbuirnos más en el manejo técnico de Internet, buscar mayor comunicación con nuestros hijos, que ellos también entiendan de los riesgos a los que están expuestos. Es un desafío del que todos deben participar.
Delitos informáticos no tienen sanciones
No existe aún en el país una Ley de Delitos Informáticos y las faltas de este rubro aparecen en parte en la Ley de Telecomunicaciones y en parte en el Código Penal, pero no hay sanciones, pues tampoco existe reglamento ni tipificación del delito.
En febrero pasado, el Gobierno consideró impulsar un proyecto de ley, aunque más preocupado por los insultos contra los mandatarios o la “suplantación de identidad” del presidente Evo Morales en Twitter.
La Ley de Telecomunicaciones prevé sanciones a quienes atenten a la seguridad individual de los usuarios, aunque no especifica mayores términos.
El Artículo 5, Párrafo 5 referente a la inviolabilidad establece que las conversaciones privadas son secretas y no pueden ser interceptadas, interferidas, obstruidas o alteradas o publicadas.
Las sanciones para estos delitos están mencionadas en un marco general, en el Artículo 92, sin especificar los delitos cibernéticos.
En noviembre de 2012, el senado de Brasil aprobó un proyecto de ley que tipifica delitos informáticos en invasión de ordenadores, robo de contraseñas y ataques a páginas webs. Perú sanciona estos delitos en su código penal. En México, las leyes de este país fueron modificadas en marzo del año pasado, para sancionar el Hacking y robo de contraseñas, entre otros.
En Argentina se sanciona la distribución de pornografía infantil, violación de correos electrónicos y distribución de virus.
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