Piratería mueve $us 40 millones al año en Bolivia

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece en varios de sus artículos los derechos de la población a la cultura, al tiempo que a la propiedad intelectual. Ambos derechos, que aparentemente no entran en contradicción, en la realidad son vulnerados a la vez que ejercidos, en el ámbito del cine.

En un país en el que asisitir una vez con la familia a una sala comercial para ver una película puede costar más de la quinta parte del salario mínimo nacional, la piratería ha invadido y anulado el mercado legal de difusión de filmes. Asimismo, ha creado una opción laboral para miles de desempleados y permitido un mayor acceso al séptimo arte. Mientras esto sucede, creadores y empresarios de cine, especialmente los nacionales, ven cómo sus ingresos han decaído dramáticamente en la última década, sin que el Estado haga cumplir ni la Constitución ni las leyes de Derechos de Autor y de Cine, normativas que, por otro lado, han quedado obsoletas ante el avance de las nuevas tecnologías.

Este exahustivo reportaje de periodismo de investigación revela las rutas de la piratería en Bolivia, sus tecnologizados modos de producción, los ingresos que genera y los delitos que conlleva. A la vez, refleja las demandas de los sectores que viven del cine, la movilidad social a partir de la venta ilegal de películas y las posibilidades de solución para esta problemática. Expone también a la nostalgia por los videoclubs, repasa la tenebrosa arista pornográfica de la piratería, y la alianza que con los comerciantes intentan forjar los creadores.

Este trabajo fue realizado por los periodistas Santiago Espinoza Antezana, Leslie Lafuente López, Andrés Laguna Tapia, Gabriela Flores López, Sergio de la Zerda Veizaga y Andrés Rodríguez Rodríguez. Los cinco primeros fueron ganadores del XI Fondo Concursable de Periodismo de Investigación de la Fundación UNIR Bolivia, con cuyo respaldo material se pudo indagar a fondo la temática.