En ese tiempo, las entidades públicas deben migrar al software libre y estándares abiertos.
La soberanía tecnológica romperá con la dependencia externa y el espionaje.
La disposición transitoria quinta del Decreto Supremo 1793 del reglamento para el desarrollo de tecnologías de información y comunicación fija un plazo de siete años para que las entidades públicas migren al software libre.
La primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Nélida Sifuentes, señaló que esta medida permitirá, además de consolidar la soberanía tecnológica del país, ahorrar al Estado aproximadamente seis millones de dólares, que actualmente eroga para la adquisición de licencias de funcionamiento del sistema y aplicaciones del software operativo.
La senadora dejó en claro que este tránsito no será inmediato y que sin duda enfrentará algunos problemas para su consolidación, por lo que será necesaria una actuación en conjunto para aplicar los insumos que los bolivianos están diseñando.
“Hoy todo está definido, dirigido y controlado por operadores externos”, dijo Sifuentes al citar el renombrado caso de Edward Snowden, quien destapó el espionaje que aplica Estados Unidos a presidentes y Gobiernos del mundo.
El espionaje estadounidense provocó la protesta de potencias como Alemania y Brasil, y bloques como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y Mercado Común del Sur (Mercosur) exigieron romper la dependencia tecnológica con potencias como Estados Unidos y diseñar un software de acceso seguro y soberano.
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