Mientras en otros países la Policía y el Ministerio Público tienen unidades especializadas para la investigación de delitos informáticos, el control de pandillas y el seguimiento de casos a través de internet, en Cochabamba seguimos en pañales en estos ámbitos.
Por ejemplo, en los últimos dos años, varios crímenes y atracos en Cochabamba fueron perpetrados por pandilleros. Estos grupos juveniles han crecido en un 8 por ciento según datos de diciembre de 2013 del propio Gobierno, pero hasta ahora no diseñan políticas reales para frenarlos. En Bolivia ni siquiera existe un protocolo de registro y seguimiento de pandillas.
De vez en cuando, algún jefe policial recopila información sobre la cantidad de pandillas y la lista de las mismas, pero los datos se diluyen en el tiempo porque cuando los jefes son cambiados, a los nuevos no les preocupa indagar si los adolescentes o jóvenes que caen presos, por distintos delitos, pertenecen a alguna pandilla o si sus padres están fuera del país. La falta de recursos de la Policía y de políticas antipandillas serias, están permitiendo la expansión de estos grupos que, cada vez más, se dedican a robar, destruir y matar.
ESTADÍSTICAS
En diciembre de 2013, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que en Bolivia existen 762 pandillas y 25.219 pandilleros. En Cochabamba, de acuerdo con ese registro, existen 106 pandillas, integradas por 3.195 personas, de las cuales 2.666 son varones y 529 mujeres.
Pero las cifras reales pueden ser mucho más altas, pues en las listas de la Policía no figuran pandillas que sí están presentes en el ciberespacio.
En Cochabamba, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que es el centro de investigación de delitos de la ciudad, tiene escaso acceso a internet. Una empresa les dota de internet gratis a algunas de sus divisiones, pero por una sola línea (no tiene señal Wi Fi) y el ingreso es tan lento, que los policías prefieren gastar su dinero e ir a un café internet para buscar o enviar información.
Las redes son vitales para la Policía para estar en contacto con otros agentes del país y del mundo, pero si ni siquiera pueden enviar fotos de delincuentes a la sede de Gobierno, menos pueden investigar la expansión de pandillas, la corrupción de menores, seguirle la pista a delincuentes prontuariados o a piratas informáticos.
Como en otros países, la Policía debería tener su página oficial con recomendaciones de seguridad y ayuda al ciudadano en trámites, pero ése todavía es un sueño lejano para la Policía Boliviana.
La División Trata y Tráfico de Seres Humanos, que antes era la oficina estrella porque tenía internet veloz, fotocopias, carros bien mantenidos y combustible las 24 horas, se ha convertido en la “cenicienta” desde que se fue la NAS. La gente exige resultados en todas las investigaciones, pero lo que pocos saben es que las condiciones en las que trabaja un investigador policial son muy precarias.
Otro aspecto preocupante es la inexistencia de policías peritos informáticos para investigar ciberdelitos y obtener evidencia digital judicializada para procesar a los delincuentes. En Bolivia hay un solo perito que realiza un trabajo forense informático, el capitán e ingeniero William Llanos Torrico, que trabaja en La Paz y a menudo recibe e indaga las denuncias de varias ciudades bolivianas. Lamentablemente, la legislación no acompaña el proceso.
En el país no existe aún una Ley de Delitos Informáticos. Algunas faltas aparecen en la Ley de Telecomunicaciones y en el Código Penal solo se tipifica como delitos la manipulación informática y la alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, cuando en otros países, y en la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya han reconocido más de una treintena de delitos informáticos como el pishing, hacking, ciberbullying y otros.
LA FISCALÍA
Hasta el 12 de abril de 2014, las autoridades judiciales no consideraban la organización de fiestas donde se vende alcohol y drogas a los adolescentes como un delito de corrupción de menores. El día del operativo, la fiscal Cinthia Prado comprobó que en las Chuper Partys, un bartender tocaba un timbre y los adolescentes corrían a la barra para recoger sus bebidas alcohólicas. “La Intendencia halló una factura de la compra de latas de Four Loko en el lugar”, describió.
En el operativo fueron arrestadas las meseras, bartenders, administradores, guardias y un joven de 19 años que fue identificado por los menores como el relacionador público que no solo los convidó a la fiesta, sino que les pidió que trajeran a otros amigos de sus colegios. “Por primera vez se ha imputado al organizador de una fiesta, que tiene 19 años, por los delitos de corrupción de menores y atentado a la salud pública”, explicó la fiscal. El juez ordenó la aplicación de medidas sustitutivas mientras se investiga a fondo el tema. La pena es de 1 a 10 años de cárcel por ambos delitos.
En un ambiente el organizador había logrado ingresar a 800 personas entre adolescentes y jóvenes. El riesgo de una tragedia, en caso de incendio era inminente, al margen de los otros delitos. “En estas fiestas se altera el desarrollo normal de un menor de edad porque estos eventos están ligados a las pandillas, el consumo de bebidas peligrosas, fármacos y drogas, embarazos no deseados, violaciones y robos”.
Los menores declararon que fueron contactados vía internet, por WhatsApp, Facebook y otras aplicaciones.
“Antes solo se pensaba en el peligro de la pornografía, pero el internet nos ha superado en lo que se refiere a la cantidad de peligros a los que están expuestas las personas, es necesario contar con unidades especializadas y bien equipadas para detectar la comisión de delitos a través de las redes”, reconoció la autoridad.
La fiscal Claudia Mancilla, que por años trabajó al frente del área de Sustancias Controladas, reveló que con cierta frecuencia, menores de edad y jóvenes son hospitalizados por mezclar medicamentos psicotrópicos como el Diazepan, Flunitrazepam y otros, con el consumo de alcohol u otras drogas.
“En ciertos círculos consumían una pastilla de éxtasis, que costaba entre 20 y 30 dólares, pero luego empezaron a mezclar psicotrópicos con alcohol en busca de nuevas sensaciones y muchos terminan con arritmias cardíacas, riesgos de infartos”. La fiscal dijo que de estos “incidentes” ocurridos en fiestas se enteró por los padres de las víctimas que acudían a verla para saber cómo ayudar a sus hijos. “Los hospitales y clínicas no reportan estos casos. Es urgente explorar los peligros ofertados a través de internet para frenar la expansión de los mismos”, expresó.
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