¿Las nuevas formas de encriptación han dado a los delincuentes una forma segura para operar clandestinamente? O, por el contrario, ¿la tecnología moderna entrega a las autoridades mecanismos poderosos de vigilancia sin precedentes?
Por semanas el FBI y Apple se enfrentaron sobre el tema sin que hubiera un claro ganador. El debate sigue abierto. Hay quienes se preocupan porque las nuevas formas de encriptación puedan crear rincones oscuros que beneficien a criminales y terroristas y las conspiraciones secretas. Otros sostienen lo contrario: que estamos en una edad de oro
para el espionaje gubernamental a los ciudadanos.
En ambos bandos hay posiciones apasionadas. El Gobierno de Estados Unidos abandonó la batalla legal para obligar a Apple a desbloquear un iPhone usado por uno de los autores de la matanza de diciembre en San Bernardino, California, anunciando que encontró cómo hacerlo sin ayuda del gigante informático.
Pero sólo es cuestión de tiempo antes de que surja otra situación similar que ponga a prueba la frontera entre aplicar la ley y la protección de datos privados.
"Esto ha creado uno de los mayores dilemas políticos de la era digital. La encriptación mejora la seguridad de consumidores y empresas pero también hace más difícil a los gobiernos protegerlos a ellos de nuevas amenazas”, señala un informe de la Fundación para las Tecnologías de la Información en EEUU.
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