La Fiscalía de Distrito no descarta realizar una auditoría jurídica a todos los procesos que la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) La Paz tiene, debido al caso de presunto consorcio de jueces y abogados que ha puesto en duda la legalidad de algunas resoluciones judiciales.
El domingo, Milton Mendoza, calificado por el fiscal Anghelo Sarabia, como el articulador de la corrupción y principal sospechoso de encabezar el consorcio de jueces y abogados, debía ser cautelado por la juez de turno, Jakelyn Tintaya.
Sin embargo, la juez fue recusada por la Fiscalía ya que se encontró documentación que debe ser analizada y para ello, desde el viernes, fue citada como testigo.
Según la denuncia de la víctima, el abogado Jhonny Castelú, la juez Tintaya en un caso sobre falsedad en la compra de guías telefónicas para la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) La Paz, favoreció con una resolución a la empresa a la cual representaba Mendoza.
En este sentido, la resolución pasó a revisión en otra instancia y se presume que tambien se favoreció indebidamente a Cotel.
En este sentido, tomado en cuenta que ya son varios los procesos en los que Mendoza y otros magistrados han coordinado acciones legales, se le consultó a Blanco sobre si sería necesario realizar una auditoria jurídica para determinar la complicidad de otros administradores de justicia.
“Eso tiene que ser determinado por la comisión de fiscales, pero también hay que comprender que hay procesos con derechos adquiridos”, explicó Blanco.
También señaló que existen principios básicos que los jueces deben cumplir al momento de emitir una resolución.
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