El exdirector jurídico de la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) de La Paz, Fernando Molina, fue enviado al penal de San Pedro, con detención preventiva, imputado dentro del caso del supuesto consorcio de jueces, abogados y fiscales que dio origen a que el pasado 29 de marzo se procediera la detención del exvocal Fernando Ganam y al allanamiento de la oficina del abogado Milton Mendoza.
La determinación fue asumida ayer en audiencia de medidas cautelares, por la juez segundo anticorrupción, Jacqueline Rada, que señaló que no se pudieron descartar los riesgos procesales de domicilio y fuga.
Al igual que Ganam, Mendoza, su asociado, Ricardo Blanco; el presidente de Cotel, Fabián Guillen; y el exfiscal Carlos Hugo Rivero, el exjefe jurídico fue envido al penal de San Pedro.
De acuerdo a la imputación formulada por el fiscal Anghelo Sarabia, contra Molina, existen indicios que hacen presumir los cargos por el caso del consorcio, además de estar implicado en el favorecimiento de un amparo constitucional por parte del exvocal Ganam, negociado con el jurista Mendoza.
CONTRAPARTE
“Nunca se pagó un solo centavo a Milton Mendoza”, fue la única respuesta que Molina le dio a EL DIARIO al ser consultado sobre los documentos que la Fiscalía presentó como pruebas.
Guillen, en entrevista con nuestro medio, afirmó, a su vez, que no desembolsó dinero alguno y, al contrario, señaló que la contratación de Mendoza se dio en el marco de una cuaterna y fue de manera institucional.
Pero, dentro de la relación de hechos expuestos por Sarabia, se tiene la existencia de un contrato privado de prestación de servicios profesionales del abogado Mendoza, firmado por Molina, además de Guillen.
Molina, en representación de Cotel, habría contratado al abogado Mendoza asignándole el pago de Bs 39.000 para que siga el proceso constitucional de acción de amparo constitucional interpuesto por Jhonny Castelú contra la cooperativa.
Además, se encontró en la oficina de Mendoza, en el escritorio de Blanco, la copia de una resolución de apelación incidental dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Guillen, por la presunta comisión del delito de falsedad y otros, con lo que se demuestra la existencia del consorcio de jueces, fiscales y abogados, en el cual también participó Molina.
A la fecha, La Fiscalía logró la detención preventiva de diez operadores de justicia, entre ellos: jueces, fiscales y abogados particulares, por la presunta comisión del delito de consorcio de jueces, fiscales y abogados, al estar implicados en acciones a favor de Cotel.
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