Vigilancia anuncia procesos contra consejeros de Cosett

Las repercusiones sobre la conciliación del daño económico del caso PHS de la Cooperativa de Servicio de Telecomunicaciones Tarija (Cosett), que fue calificada como “perdonazo”, aún se deja sentir, y es que el Consejo de Vigilancia reaccionó y anunció un proceso penal contra los miembros del Consejo de Administración.

Después de haberse postergado en reiteradas ocasiones el juicio, resulta que éste se logra instalar cuando se cumplió más de los ocho años, y los jueces concedieron la prescripción a 15 imputados, y sólo quedó Carlos Martínez. Éste llegó a una conciliación que estipula dar 25 mil dólares de los 2,5 millones que se cuantificó como daño económico.
Por esa situación, el presidente del Consejo de Vigilancia, Jorge Lema, dijo que después de haber tenido una reunión con miembros de su instancia, se decidió contratar un abogado penalista que investigue e inicie acciones contra los consejeros de administración.
Explicó que de esa manera tendrán una figura clara de qué proceso penal iniciarán a todo el Consejo de Administración, pero excluyó a Javier Barrenechea.
“Esto va tener enormes repercusiones, ya tengo la autorización para contratar al abogado, para que haga el seguimiento de cuáles fueron las causas para que el tribunal haya ido defiriendo cuatro meses una audiencia hasta llegar al periodo de prescripción. ¿Hay algo que huele feo?-indagó-, pero eso lo vamos a determinar desde el punto legal, no por especulación”.
Para el presidente del Consejo de Administración de Cosett, Edgar Gutiérrez, los 25 mil dólares que canceló Carlos Martínez no es toda compensación, sino que también quieren que los demás imputados cancelen el mismo monto.
Pero además es consciente de la prescripción que determinó el tribunal a favor de los demás acusados, por lo que tendría que concederse la apelación a la Cooperativa para que recién haya la posibilidad de exigir los 25 mil a otros acusados. Mientras tanto se conformaron con lo que dio Martínez.
Gutiérrez mencionó que ordenaron iniciar la acción resarcitoria por vía civil contra la persona que se declaró culpable, y también iniciaron una demanda vía arbitraje para recuperar más recursos.
“No es correcto que concluyó todo, hemos apelado la resolución que autoriza la prescripción a favor de los imputados, todavía tenemos varias instancias que nos franquea la ley-dijo-. Tenemos un amparo constitucional y todavía podemos recurrir hacia el Tribunal Constitucional Plurinacional para que esta situación sea revertida”.
Sin embargo, Lema considera que el Consejo de Administración quiere explicar lo inexplicable, que era mejor no cobrar nada, por “dignidad”.
De todas maneras, señaló que pedirán el acta de audiencia de conciliación, además que solicitarán una copia legalizada al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), para verificar quiénes intervinieron y cuánto verdaderamente es el monto a pagar, y si firmaron los 14, 16 o sólo firmó un imputado a nombre de todos.
Por otro lado, Gutiérrez justificó que desde un inicio se trató de un proceso mal planteado, porque no se llevó ni los recaudos necesarios para poner medidas precautorias y tratar de asegurar las medidas preventivas para conservar el patrimonio de la cooperativa.

Galarza y Colquechambi se increpan e insultan

El 2 de junio el Consejo de Administración convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer los alcances de la conciliación del caso PHS de Cosett, y cuando el presidente de esa instancia concedió la palabra a la consejera Patricia Galarza, a quien le acusan de ser el enlace entre la Cooperativa y Martínez, interfirió la ejecutiva del Sindicato de Trabajadores, Rosario Colquechambi, y se armó una discusión.
Colquechambi le dijo que nunca conservaron el patrimonio de la Cooperativa, mientras que Galarza le respondió que cobra “diez mil bolivianos sin hacer nada”, y le repitió reiterativamente esa frase. Amenazando con iniciarle un proceso por difamación. Colquechambi aseguró no tener miedo.
Ambas se acusaron robar a la cooperativa y al final terminaron invitándose a ir al Tribunal Departamental de Justicia.
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