Brasil, México y Colombia son los países de América Latina más afectados en el último año por ataques informáticos, que dejaron pérdidas en la región por unos 184.000 millones de dólares, según un estudio que presentó el integrador de seguridad informática Digiware.
El análisis hecho por la compañía recopiló información de sus centros de operación de seguridad entre agosto de 2015 y agosto de 2016 en más de 13.000 dispositivos monitoreados en Latinoamérica con el objetivo de determinar el impacto económico de estos ataques en la región. Los datos indican que en Brasil, en donde más daños causaron tales acciones, la afectación alcanzó los 40.045 millones de dólares, seguido de México con 24.676 millones de dólares. Colombia, por su parte, reportó pérdidas por 5.700 millones de dólares, que significan un aumento del 4 por ciento con respecto al año pasado.
Asimismo, Argentina registró 5.400 millones de dólares en pérdidas y Chile 5.367 millones de dólares.
Perú aumentó un 11.97 por ciento frente al periodo anterior, al pasar de perder 3.600 millones a 4.000 millones de dólares.
"Estas cifras son un llamado a los gobiernos a entender la importancia del impacto del cibercrimen en la región", dijo el director de Negocios y Finanzas Estratégicas de Digiware, Juan Andrés Galindo.
A juicio del ejecutivo, "es fundamental la necesidad de crear mecanismos, espacios de investigación y desarrollo que permitan hacer frente a la evolución de los riesgos cibernéticos". Por su parte, el director de Digisoc, de Digiware, Fabián Zambrano, aseguró que el sector financiero fue el principal blanco de los ataques informáticos con un 70 por ciento , seguido del Gobierno (10 por ciento ) y las comunicaciones (8 por ciento ).
El pasado mes, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos recomendaron a los países de América Latina y el Caribe actuar para “proteger el ciberespacio” de manera “urgente“. Los organismos internacionales constataron que en 32 países de la región, cuatro de cada cinco naciones no poseían estrategias de ciberseguridad o planes de protección de la infraestructura crítica.
Asimismo, en la gran mayoría de los países, las fiscalías carecen de capacidad para perseguir los delitos cibernéticos, entre otras necesidades.
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