Consejeros de Cotes se acusan recíprocamente

Los consejeros de Vigilancia Martha Gómez y Clay Taborga volvieron a desconocer al presidente del Consejo de Administración, Julio Gorena, a quien ahora pidieron una explicación del por qué en 2015 desobedeció el mandato de una asamblea de socios cuando se decidió remitir al Ministerio Público varios casos irregulares detectados en la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre (COTES).

Gómez pidió a los socios estar en alerta “toda vez de que COTES está en riesgo” al cuestionar a Gorena por no haber remitido al Ministerio Público los supuestos actos ilegales detectados en 2000, 2002 y 2004 con relación a algunos proyectos.

Taborga precisó que en la asamblea del 10 de agosto de 2015, los socios le dieron un mandato expreso a Gorena, cuando también era presidente de Administración, para que entregue antecedentes de estos casos al Ministerio Público, pero no cumplió.

“Aquí dice clarito que ya está en el Consejo de Administración proyecto Yipón, proyecto Microondas, procesos jurídicos, procesos laborales casos específicos, proceso laboral caso gerente general José Nava y también está el proceso judicial de los tarjeteros”, detalló mostrando documentos.

Lamentó que la fiscalización que hacen sea considerada como acoso laboral. “Nosotros no vamos a declinar, hemos venido a transparentar y lo vamos a hacer pese a quien le pese, caiga quien caiga, no vamos a torcer la mano”, advirtió.

Por su lado, Gómez volvió a desconocer a Gorena como presidente y anunció que no legalizará ningún actuado suyo. “La ley dice claramente que debemos ser electos y posesionados en asamblea ordinaria”, remarcó al interpretar que el amparo favorable a Gorena no lo reconoce como presidente de Administración.

Por su lado, Gorena se mostró sorprendido que Gómez trate de desconocer el fallo de un juez que declaró improcedente el amparo interpuesto por Leonardo Ávalos y negó la tutela al tercer interesado que en este caso es el Consejo de Vigilancia.

“Este fallo es de cumplimiento inmediato, vinculante y tiene que ser cumplido sin observaciones. Hay un artículo, el 179, que por desobediencia establece una sanción de dos a seis años de cárcel, entonces nosotros estamos tomando toda la documentación porque no puede ser que uno quiera hacer las cosas sin responsabilidad”, advirtió.

Sobre el mandato que dio la asamblea en 2015, Gorena justificó su accionar. “No sé qué tendrá que ver el Ministerio Público con la cooperativa. Es como tener que informar a la Contraloría (de nuestros actos). No somos una entidad pública, somos una entidad privada, somos entidad de servicio y sobre eso tenemos nuestras leyes, estatutos y reglamentos en los que nos basamos”, respondió.