La Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) aspira recuperar, más de la mitad, de los $us 7 millones del robo detectado al programa Cotas en Cuotas, a través de solicitudes ficticias de electrodomésticos. Habiendo identificado otros bienes y derechos, a través de un memorial, la cooperativa solicitó al fiscal de materia adscrito a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gary Coronado, que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Hubert Gil Antelo -guarda detención preventiva en el penal de Palmasola- y Widen V. P.- pesa una orden de aprehensión en su contra- la retención y traspaso de dineros de propiedad de ambos imputados. Son acusados por la presunta comisión del delito de estafa agravada y otros.
A la vez, la cooperativa solicita que los fondos sean consignados en las cuentas de Cotas, en calidad de depósito, quedando la víctima como custodio del dinero.
Con carácter urgente, la telefónica requiere la retención y remisión de fondos que aducen pertenecen a Gil y que están en poder de terceras personas. Se habla de un monto que ascienden a $us 2,6 millones que habría recibido por la venta de un predio rústico en San Ignacio de Velasco en agosto de 2018.
En el caso de Widen V. P. solicita al Ministerio Público la retención y transferencia de fondos que provendrían de cuotas de capital que posee el imputado en sociedades de responsabilidad limitada que controlan dos franquicias internacionales que operan en La Paz y Santa Cruz.
Asimismo, la cooperativa pide se ordene al registro público de Derechos Reales y al registro público de Comercio -a través de su concesionario Fundempresa- la anotación preventiva de bienes inmuebles y de cuotas de capital que se reconozcan ser de los imputados y cuyos datos personales cursan en el cuaderno de investigación. En tanto, al registro público de la Unidad Operativa de Tránsito la anotación preventiva y secuestro de motorizados.
Al respecto, Cotas asegura que no tiene certeza de cuánto es exactamente lo que puede recuperarse de dinero con estas acciones, pero en base a valores estimables de los bienes y derechos contemplados en este memorial, puede deducirse que alcanzarían aproximadamente los $us 4 millones. No obstante, aclara que el cálculo es aún especulativo.
Asimismo, en el marco del artículo 90 del Código Penal, Cotas conmina a todas aquellas personas naturales o jurídicas que compraron o posean a su nombre, desde enero de 2016 a marzo de 2019, derechos, bienes e inmuebles de propiedad de Hubert Gil, Carmen Karina Suárez, Widen V. y demás responsables en el caso penal denominado ‘Cotas’ ponerse a disposición del Ministerio Público (Caso: FIS SCZ 1902950) y presentar la documentación pertinente (minutas de transferencia, títulos de propiedad, etc.) a efectos de adoptar las medidas cautelares de carácter real tendientes a la reparación del daño producido a la telefónica cruceña.
Caso contrario, según Cotas, serán pasibles a ser procesados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. “La misma convocatoria y advertencia se realiza a quienes hayan prestado su nombre como testaferros de los citados imputados con el fin de cooperar en el ocultamiento ilícito de sus bienes para evadir la acción de la justicia”, señala un comunicado de Cotas.
Defensa de imputados
Con respecto al requerimiento de retención y transferencia de fondos por parte de Cotas, el abogado del imputado Hubert Gil, Yimy Montaño, indicó que la Fiscalía ya había hecho la petición de anotación preventiva de los bienes de su defendido.
“Más bien están fuera de tiempo, no entendemos por qué Cotas ha demorado tanto”, dijo.
El jurista además informó de que está en etapa preparatoria de la apelación para intentar conseguir la libertad de su patrocinado.
Por su parte, Néstor Higa, abogado de Widen V. P., desconocía la petición de Cotas, pero al consultado respondió que la “Fiscalía puede aceptarla, pero nosotros vamos a oponernos”.
Hizo notar que está esperando que se resuelvan las excepciones y que su cliente no se ha presentado a declarar porque teme ser aprehendido como lo han hecho con otras personas que se han presentado voluntariamente ante la Felcc.
Lo que dice el fiscal
A decir del fiscal Coronado, dentro del proceso, una de las atribuciones del Ministerio Público a efectos que se resarza el daño civil por el delito cometido, tiene la facultad de realizar las anotaciones de los bienes inmuebles sujetas a registro de los imputados o de las personas denunciadas.
En ese sentido, aclaró que el Ministerio Público antes, que incluso Cotas lo solicite, se procedió a anotar diferentes bienes inmuebles, vehículos, departamentos, casas, quintas y propiedades de todos los imputados y que, obviamente, en la lista aparece las personas señaladas por Cotas, otros imputados y personas que están siendo sindicadas.
Coronado señaló que a efecto de complementar esa situación que se rige por el principio de objetividad y legalidad, además cumpliendo procedimientos, se conoció que supuestamente Widen V. P. es accionista de dos franquicias y que en ese contexto se requirió a Fundempresa una certificación al respecto. “Vamos a recabar esa documentación y si certifica que tiene participación accionaria, obviamente, se va a proceder también a realizar la anotación correspondientes. Primero recabamos documentación, tenemos la certeza de que es de él o ellos son los propietarios automáticamente se procede a anotar”, puntualizó el fiscal.
Coronado dijo que se puede proceder con la detención de fondos que genere esa situación y que, obviamente, esa es una facultad que tiene el Ministerio Público. “Nosotros informamos al juez de las anotaciones y es él quien valora y acepta esa medida que es cautelar de extractos reales. El Ministerio Público discrecionalmente no puede ir a anotar, pero en este caso estamos hablando de más de $us 7 millones; realmente tenemos la facultad y obviamente el juez, dentro de los cánones y fundamentaciones, debe sacar una resolución y declarar procedentes esas anotaciones”, sentenció.
De acuerdo con la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, dentro del caso Cotas, a la fecha, se ha procedido a la anotación preventiva de más de 35 bienes, entre vehículos e inmuebles, y se amplió la investigación por los presuntos delitos de estafa agravada, falsedad de documento privado, uso de instrumento falsificado, asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, manipulación informática y otros para los implicados en el caso Cotas.
Últimas revelaciones
Cabe recordar que después del fallo judicial que ordena la detención preventiva en el penal de Palmasola del gerente técnico y de desarrollo de producto de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), Hernán Saavedra, se reveló que la empresa Media Market SRL -de quien se dice era el principal proveedor de este programa de beneficios exclusivos para socios de la telefónica- no importó un televisor en el marco del programa Cotas en Cuotas.
En otros documentos secuestrados en el proceso de investigación, aparecen contratos entre Cotas con las proveedoras Daher y Media Market -datan de 2017 y 2018- en los que, entre sus cláusulas, hacen conocer el compromiso de ofrecer y vender los equipos no solamente a los socios sino también a dependientes de empresas formales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario