“En el caso de la denuncia, los delitos no corresponden porque Entel es una sociedad anónima. El licenciado Coca, como exgerente general, no es un exfuncionario público, es un exempleado regulado por la Ley General del Trabajo”, señaló la jurista.
Ascarrunz agregó que si bien el accionista mayoritario de Entel es el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, la empresa no recibe recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) ni es incluido en el Presupuesto General del Estado (PGE), sino que funciona como una empresa con características de privada.
“Por lo tanto, no corresponden los delitos ni corresponde a los fiscales de la división anticorrupción conocer este caso, corresponde a los fiscales de la división de delitos económicos y financieros”, acotó la jurista.
La defensora de Coca agregó que los contratos por los cuales se denuncia a su defendido datan de gestiones anteriores a la designación del exgerente de la telefónica del Estado.
“El contrato de tráfico internacional de internet por el que se lo denuncia data de 2006, mientras que el contrato de los equipos que presuntamente se habrían adquirido por 12 millones de dólares y que no aparecen datan de la gestión de un gerente anterior a la de Óscar Coca, y esos equipos están en un almacén en El Alto hace años, porque Entel no los recibió al no contar con los requerimientos técnicos”, indicó.
Por lo tanto, al no ser una empresa estatal, Entel S.A. no puede ser regulada por la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. A través de sus abogados, Coca aseguró que Entel se rige bajo el Código de Comercio y es una sociedad de acciones en las que el Estado es socio mayoritario de la empresa por defecto del decreto de la nacionalización.
El exgerente de la telefónica argumentó que es una "sociedad anónima", para no ser procesado por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.
Sin embargo, tras 14 años de la gestión de Evo Morales, aseguró que Entel era 100% estatal y que arrebataron a los accionistas italianos que se habían adjudicado durante el proceso de capitalización en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Refugiado en Argentina
Ascarrunz reveló que la exautoridad se encuentra en Argentina, bajo la figura de refugiado, y que salió del país el 12 de noviembre del año pasado, un día después de la renuncia del expresidente Evo Morales.
“Desde que se ha tomado conocimiento de que existe una persecución política y una vulneración total a procedimientos y las normas legales en nuestro país es que a la fecha el licenciado Coca se encuentra en la República Argentina con la condición de refugiado y su estado de salud es reservado. Él no ha escapado, él salió del país el 12 de noviembre y la denuncia en su contra recién data del 20 de diciembre”, manifestó la abogada.
Coca fue acusado por las actuales autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de Entel por causar un daño económico de 1.700 millones de bolivianos y hacer que esa empresa estatal fue utilizada como la “caja chica” del Movimiento Al Socialismo durante la Presidencia de Morales.
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