La decisión de congelar el cobro de servicios de telefonía e internet fue tomada al inicio de la cuarentena, debido a que la población no iba a generar ingresos para pagar las facturas generadas por las telefónicas. La disposición rige en tanto dure el confinamiento por la epidemia del coronavirus, entendiendo que la falta de liquidez permanece inalterable.
Evitando referirse a cifras económicas, el gerente general de Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo), Eduardo Trigo, señaló que la falta de ingresos pone en riesgo la actividad de los operadores debido a que hay proveedores nacionales e internacionales que no han hecho ninguna postergación respecto a los pagos acordados por servicios, lo que pone en riesgo la cobertura prestada a los más de 10 millones de usuarios que hay en Bolivia.
"A diferencia de otros servicios básicos (agua, electricidad o gas, donde el Estado estableció descuentos, postergaciones y no existe competencia), a los operadores de telecomunicaciones (que compiten por calidad, cobertura y precios) no se ha favorecido de la misma manera. Y el gasto adicional de la bonificación del 100% del servicio prestado a los usuarios los cubren las empresas telefónicas, es decir, el Estado no bonificará nada. Esto también conlleva a que no se aporten impuestos y tasas", agregó Trigo, a nombre de las empresas del sector.
Ambas medidas llevan a las empresas a tocarla puerta del Gobierno. Buscan plantear alternativas para que ninguna de las partes (empresas, Gobierno y usuarios) se vea afectadas, según Trigo. En este sentido, desde Catelbo se hallan afinando una contrapropuesta que proyectan presentar en los próximos días al Senado con las observaciones técnicas, legales y económicas.
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El sector de telecomunicaciones está al borde del colapso. El no haber sido considerados por el Gobierno para elaborar el proyecto de Ley Transitoria de Rebaja Excepcional de Servicios de Telecomunicaciones (que proyecta el bonificación del 100% adicional del servicio prestado a los usuarios) no es el único tema que preocupa al sector. La falta de liquidez tocó la puerta y se introdujo silenciosamente en las empresas debido a que la ausencia de pagos de los usuarios llevó a una mora del 85%, por concepto de ingresos.
La decisión de congelar el cobro de servicios de telefonía e internet fue tomada al inicio de la cuarentena, debido a que la población no iba a generar ingresos para pagar las facturas generadas por las telefónicas. La disposición rige en tanto dure el confinamiento por la epidemia del coronavirus, entendiendo que la falta de liquidez permanece inalterable.
Evitando referirse a cifras económicas, el gerente general de Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo), Eduardo Trigo, señaló que la falta de ingresos pone en riesgo la actividad de los operadores debido a que hay proveedores nacionales e internacionales que no han hecho ninguna postergación respecto a los pagos acordados por servicios, lo que pone en riesgo la cobertura prestada a los más de 10 millones de usuarios que hay en Bolivia.
"A diferencia de otros servicios básicos (agua, electricidad o gas, donde el Estado estableció descuentos, postergaciones y no existe competencia), a los operadores de telecomunicaciones (que compiten por calidad, cobertura y precios) no se ha favorecido de la misma manera. Y el gasto adicional de la bonificación del 100% del servicio prestado a los usuarios los cubren las empresas telefónicas, es decir, el Estado no bonificará nada. Esto también conlleva a que no se aporten impuestos y tasas", agregó Trigo, a nombre de las empresas del sector.
Ambas medidas llevan a las empresas a tocarla puerta del Gobierno. Buscan plantear alternativas para que ninguna de las partes (empresas, Gobierno y usuarios) se vea afectadas, según Trigo. En este sentido, desde Catelbo se hallan afinando una contrapropuesta que proyectan presentar en los próximos días al Senado con las observaciones técnicas, legales y económicas.
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Empresas como AXS Bolivia, Nuevatel (Viva) y Telecel (Tigo), se encuentran en emergencia. Requieren que el Gobierno emita un plan de manera urgente, sostenible, que garantice a la población el pago del servicio. Y esperan que se preserven las inversiones para que el servicio no se suspenda
El ejecutivo remarcó que, en caso de haber un colapso, los más afectados serían los usuarios, quienes ya han percibido quejas debido a la saturación de las conexiones (el tráfico se disparó en un 40% desde el inicio de la cuarentena debido al ingreso del teletrabajo, la tele-educación y la demanda de servicios de entretenimiento)
Además, Trigo observó que esta situación es una mala señal para las empresas del exterior y puede desmotivar inversiones futuras, debido a que los procesos que se perciben en el sector son de carácter unilateral. Esperan que el Gobierno muestre su apertura.
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