El exgerente de la empresa estatal de telecomunicaciones Entel, Eddy Luis Franco, fue aprehendido a mediodía de este miércoles luego de haberse presentado a declarar ante el Ministerio Público por el pago supuestamente irregular de 390.000 dólares a una empresa peruana “fantasma”.
Franco fue trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la calle Sucre, luego de prestar su declaración por más de tres horas en las oficinas de la Fiscalía.
La citación fue dada a conocer el martes por el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien actúa como denunciante e informó que también debería presentarse a declarar el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias.
Montaño afirmó en abril que, en función a informes de auditoría, se estableció que durante la gestión del exministro Arias y del exgerente Franco, se pagó ilegalmente a una "empresa fantasma" en Perú al menos 390.000 dólares.
Agregó que se identificó como responsable de la autorización del pago al entonces analista de Gerencia de Finanzas de Entel, Carola G. V. F.
En el caso de Arias, el Ministro de Obras Públicas indicó que tendrá que declarar sobre las circunstancias en las que no se detectó esta supuesta irregularidad.
“Si no ha hecho absolutamente nada en controlar los recursos económicos del pueblo boliviano, en el caso de Entel, con seguridad va a tener que venir también a declarar qué es lo que ha realizado en cuanto al control”, sostuvo Montaño.
La abogada de Franco, Nadia Morales, confirmó la resolución de aprehensión y dijo que se someterán a la audiencia de medidas cautelares.
“En la resolución establece que existe riesgo de fuga y que no tuviera domicilio, sin embargo, mi cliente fue notificado el día de ayer en la ciudad de Santa Cruz para prestar su declaración y él demostró un sometimiento y respeto a la autoridad habiéndose constituido hoy a otra ciudad, entonces este riesgo que no se considera como un elemento válido porque le Ministerio Público lo notificó en su domicilio”, señaló Morales.
Sobre los delitos por los que se le acusan, la abogada señaló que son “enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, conducta antieconómica y legitimación de ganancias ilícitas”.
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